Aproximaciones a la violencia contra las mujeres

La violencia contra la mujer ha sido definida en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer aprobada por la ONU en 1993 como: “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

Estos actos de violencia pueden ser perpetrados por personas conocidas y cercanas, como también por desconocidos; en el contexto de una sociedad patriarcal que ha naturalizado en el imaginario colectivo a la mujer como objeto disponible o propiedad masculina.

Ahora bien, son múltiples y diversas las formas y manifestaciones que cobra la violencia contra la mujer, pero entre ellas es posible destacar la violencia de tipo física, verbal, psicológica y patrimonial principalmente ejercida por la pareja, la expareja o en el contexto de relaciones de noviazgo. De acuerdo a ONU Mujeres en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y para el año 2012 en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas el autor era el compañero sentimental o un miembro de su familia.

En el caso de la Unión Europea el 43% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida; situación que no difiere en gran proporción en América Latina y El Caribe donde según la encuesta LAPOP-PNUD 2012 casi un tercio de las mujeres han sido victimizadas en sus propios hogares.
Por su parte la violencia sexual aparece como una de las formas de violencia más recurrente, alcanzando de acuerdo a ONU Mujeres unos 120 millones de niñas de todo el mundo -algo más de 1 de cada 10-, quienes han sufrido el coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Así mismo, en algunos países hasta una tercera parte de las adolescentes afirma que su primera relación sexual fue forzada; y en la Unión Europea del 45% al 55% de las mujeres han sufrido acoso sexual desde los 15 años.

Este hecho si bien ha sido invisibilizado la realidad es que las mujeres desde muy temprana edad se enfrentan al acoso sexual, el cual puede cobrar distintas formas que van desde el acoso por parte de compañeros, maestros y supervisores en el ámbito escolar y laboral, el cyberacoso -que incluye haber recibido correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, sexualmente explícitos y ofensivos, o bien intentos inapropiados y ofensivos en las redes sociales-; así como, la invasión del espacio personal, tocamientos y exhibición en los espacios públicos por parte de desconocidos.

Este hecho queda en evidencia en un estudio realizado en el año 2012 en Nueva Delhi donde el 92% de las mujeres comunicó haber sufrido algún tipo de violencia sexual en espacios públicos a lo largo de su vida, y el 88% afirmó haber sufrido algún tipo de acoso sexual verbal -incluidos comentarios no deseados de carácter sexual, silbidos, miradas o gestos obscenos-.

Otra de las manifestaciones de la violencia sexual es la prostitución forzada, el tráfico y la trata. De acuerdo a ONU Mujeres 4,5 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzada a nivel mundial, de las cuales al menos el 98% son mujeres y niñas.

La violencia mediática y simbólica también afecta y limita las posibilidades de desarrollo de las mujeres, así como, los avances en materia de igualdad de género al perpetuar estereotipos y prejuicios sobre las mujeres. En los medios se continua reproduciendo la imagen de la mujer en roles tradicionales, se promueven patrones de belleza irreales e inalcanzables, y se utiliza constantemente el cuerpo y la imagen de la mujer como objetos sexuales, expuestas para el deseo y el consumo masculino.

Aunado a ello, en nuestras sociedades conviven formas de violencia contra la mujer fundamentadas en criterios culturales y religiosos entre las cuales es posible considerar los crímenes motivados por el honor, la dote o la viudez de las mujeres, el matrimonio infantil, el repudio, las violaciones correctivas y la mutilación genital femenina; pero también la violencia experimentada por las mujeres en el contexto de los conflictos armados donde son desplazadas, víctimas de violaciones masivas y convertidas en botín de guerra.

No obstante, la forma de violencia contra la mujer presente en la gran mayoría de los países del mundo habrá de ser la violencia institucional, caracterizada por la desatención, negligencia o no protección de la víctima por parte del Estado ante la ocurrencia de hechos de violencia.

Pese a que la Declaración final de la Conferencia Viena+20 celebrada en 2013 establece que “no se deberá tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el femicidio y otros asesinatos relacionados con el género. Los Estados deben asignar el máximo de los recursos disponibles y deberán tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otro tipo apropiadas para prevenir, castigar, dar respuesta a y erradicar tal violencia”, la realidad es que hasta el momento solo dos terceras partes de los países a nivel mundial han prohibido la violencia contra las mujeres; solo 52 países han penalizado explícitamente la violación al interior del matrimonio, y al menos 2.600 millones de mujeres y niñas viven en países en los que la violación perpetrada en el ámbito conyugal no está explícitamente penalizada.

A veinte años de la adopción de la Convención Belén Do Pará, de 27 países de América Latina y El Caribe que la han ratificado y de 5 que se han adherido, solo 9 reconocen en sus legislaciones la violencia contra la mujer como figura legal específica: Argentina, Bolivia, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala Venezuela y República Dominicana. Finalmente, según ONU Mujeres y el PNUD solo en 13 de los 32 países estudiados en la región, se han creado fiscalías, tribunales, cortes y/o juzgados especializados; de estos 13 solo 4 cuentan con personas operadoras de justicia con formación especializada y sensibilizada en perspectiva de género para identificar oportunamente cuándo se trata de un delito de violencia contra las mujeres y cuándo no.