Senado vota proyecto para financiar el Casmu: accedería a US$54 millones
Este miércoles, el Senado uruguayo dará luz verde a una urgencia económica para el Casmu, en los tiempos difíciles previos a su reestructuración.
El Senado de la República se reunirá este miércoles para tratar, entre otras iniciativas legislativas, un proyecto de ley crucial destinado a proporcionar una garantía financiera a la Cooperativa de Asistencia Médica de Uruguay (Casmu).
La propuesta, que podría otorgar hasta 2.184 millones de pesos uruguayos —equivalentes a aproximadamente 54 millones de dólares—, está siendo considerada en el plenario luego de haber sido aprobada en la Comisión del Senado por unanimidad.
La situación económica y financiera del Casmu ha suscitado preocupaciones significativas, lo que instó al gobierno a implementar medidas de control sobre la mutualista durante un período de un año, manteniendo, sin embargo, a sus autoridades en el cargo.
Qué propone el proyecto de ley para financiar al Casmu
El proyecto de ley establece el acceso a un Fondo de Garantía creado por la Ley N° 18.439, promulgada en diciembre de 2008, y detalla las condiciones bajo las cuales se concede esta asistencia financiera.
Según el texto, la garantía se otorga de forma excepcional y única al Casmu, sin que ello implique cambios en la legislación de referencia. Tal excepcionalidad señala una medida de carácter urgente, diseñada para mitigar los problemas de liquidez de la institución de salud.
Aun cuando el acceso a dicho fondo se concede, la ley estipula que el Casmu deberá presentar un plan de reestructuración de sus deudas existentes. Esto implica que, pese a recibir la garantía, la mutualista no podrá eludir sus responsabilidades financieras y deberá colaborar con el Estado en la formulación de soluciones a largo plazo.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es la disposición que permite eximir temporalmente al Casmu de presentar garantías adicionales, siempre que se dé cumplimiento a las condiciones que se consideren necesarias.
La ley también otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 120 días para revisar y pronunciarse sobre los planes de reestructuración que presente la mutualista. Si no se emite un pronunciamiento en este período, los planes se considerarán aprobados, lo que podría acelerar la implementación de estrategias que aseguren la viabilidad financiera del Casmu.
El proyecto también incluye la creación de una Comisión de Seguimiento para garantizar la implementación efectiva del plan de reestructuración. Esta comisión estará compuesta por representantes del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, así como representantes de Casmu y de sus usuarios.
La presidencia de esta comisión recaerá en un representante del Ministerio de Salud, reflejando así la importancia gubernamental en la supervisión del proceso.
Este abordaje ha generado diversas opiniones entre actores del sector salud, quienes ven la intervención del Estado como una necesaria medida para salvaguardar la salud de la población.
Sin embargo, también se plantean interrogantes sobre la eficacia de las garantías y sobre cómo se gestionarán las reformas a implementar en el Casmu ante la difícil situación por la que atraviesa.
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