Aumentará el IRPF desde ingresos superiores a 33.400 pesos y el IASS a jubilaciones mayores a 50.100. Habrá una rebaja de 2% del IVA
El equipo económico de gobierno anunció un aumento del IRPF para quienes tienen sueldos superiores a los 33.400 pesos y del IASS para jubilaciones mayores a 50.100 pesos. También informó sobre cambios en el Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE), una rebaja de 2 puntos en el IVA a las compras con tarjeta de crédito y débito, la limitación del ingreso a la administración central y la reforma de la Caja Militar.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, informó este lunes, en conferencia de prensa, una serie de propuestas económicas que serán aplicadas a partir de la próxima Rendición de Cuentas que debe ingresar al Parlamento antes del 30 de junio.
En el marco de una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, el equipo económico de gobierno se refirió a un enlentecimiento del crecimiento y dijo que habrá una importante corrección de la previsión a la baja.
El pronóstico de crecimiento para 2015 había sido de 2,5%, pero en realidad el crecimiento fue de 1%.
Ante ello, Astori detalló el nuevo cuadro de proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI): para 2016 es de 0,5%, de 1% para 2017, de 2% en 2018 y en 2019 se estima 3%, todo lo cual totaliza 7,7% para el período de gobierno, lo que se ubica en la mitad de lo previsto cuando se realizó el Presupuesto nacional, la diferencia “es grande”.
Ello afecta en los ingresos público porque si la actividad está por debajo de lo previsto y de las necesidades del país en materia económica, “entonces los ingresos se deterioran”.
“Es importante que si no tenemos en cuanta la menor recaudación lo que sumado a los gastos comprometidos da una situación fiscal preocupante, estaríamos cometiendo un error que esta realidad hay que enfrentarla ahora”, indicó Astori.
Dijo que para corregir la situación, hay que trabajar con los dos grandes componentes de la política fiscal: “Los gastos y los ingresos”.
Uruguay posee “fortalezas” de naturaleza financiera, tiene un buen nivel de reservas internacionales aunque son menores las de libre disponibilidad, y tiene proporciones históricamente muy buenas de deuda neta respecto al producto, cuenta con grado inversor en todas las calificadoras de crédito en escalones superiores, y el país sigue demostrando la confianza de los inversores.
Pero las fortalezas, sino se toman medidas correctivas, terminan por “diluirse”. Uruguay puede decir que tiene asegurado el pago de todas sus obligaciones de un año y que tiene un comportamiento confortable y cómodo para enfrentar obligaciones de dos años. “Pero no podemos quedarnos en eso. Aprovechemos las fortalezas para corregir”.
“No creemos que Uruguay esté para shocks abruptos en materia fiscal, sí en materia de gastos e ingresos, por lo cual hemos planteado una propuesta equilibrada y moderada para mejorar la situación fiscal en un punto del Producto Bruto Interno, cercano a los 500 millones de dólares. En el marco de la confirmación de una meta de desequilibrio fiscal de 2,5 punto del PBI para el final del período”, expresó el secretario de Estado.
Por el lado del gasto público, las medidas apuntan a contener el aumento, preservando el gasto social y la inversión pública, porque el gasto social es vital y es un avance del programa por el que votó la ciudadanía, y la inversión pública cumple un papel fundamental en el camino genuino de crecimiento.
Las medidas tienen como objetivo “proteger los logros alanzados, evitar los costos sociales y generar condiciones para continuar avanzando”.
Propuestas en materia de gasto público
En materia de gasto público, Astori dividió la propuesta en tres capítulos: El gobierno central, las empresas públicas y la previsión social.
“Queremos mejorar la calidad del gasto y esto asume importancia cuando se percibe el escaso margen de maniobra cuantitativo del gasto”.
El 70% del gasto es endógeno y viene predeterminado por normas y disposiciones que hay que cumplir. La administración central es el 22% del gasto público y es donde el Ejecutivo puede actuar en forma más directa, de ese porcentaje el 54% son retribuciones personales.
Aseguró que de los 24.953.000 de pesos que están previstos de aumento del gasto para 2016 y 2017, casi la mitad de ellos, es decir 11.826.000 de pesos ya están determinados, es un gasto que hay que realizar de cualquier manera porque hay pasividades, seguros de desempleo y de enfermedad a pagar y el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Luego, en la Ley de Presupuesto se previeron 7.794 millones más para 2016 y 5.333 millones de pesos de incremento para 2017.
El total de incremento del gasto, endógeno o exógeno, previsto para los años 2016 y 2017, llegó a los 24.953.000.
Por ello, la primera medida es que de esos 24.9 millones de pesos a penas un poco más de 10% que está previsto para 2017, se ejecute en 2018. “No es un recorte sino diferir los gastos para 2018. El 90% se cumplirá tal cual lo establecido”.
“No se difiere, se cumple tal cual está previsto en el Presupuesto, las grandes prioridades, tales como: El convenio salarial con los docenes de ANEP, el Sistema Nacional de Cuidados, la seguridad pública y el acuerdo extraordinario con las intendencias (100 millones de pesos) por los desastres ambientales. En total se trata de 2.595 millones de pesos de los 24.9 millones que no se difieren en el tiempo”, expresó Astori.
Por otro lado, hay un total de 2.964 millones de pesos que están programados para ejecutarlos en 2017 pero se proyecta hacerlo en 2018.
“No hay recortes, sino diferir para que desde el punto de vista fiscal se pueda lograr un equilibrio de un 1 punto del Producto Bruto Interno lo que es muy importante”, indicó.
Las excepciones de gastos adicionales que vienen del pasado son, por un lado el acuerdo para cambiar el régimen de trabajo de la Corte Electoral, la instrumentación del nuevo Código aduanero, a lo que hay que agregar dos temas que habrá que dilucidar con el Poder Judicial que son: el diferendo salarial, y el comienzo de la aplicación del Código del Procedimiento Penal.
Por otro lado, se refirió a otras medidas de reordenamiento del gasto en el gobierno central. En efecto, hizo a un volumen de recursos destinados a retribuciones personales que no se ejecutaron en varios ministerios, por lo cual se propone reducir ese margen en un 5% para todos los que no han ejecutado el margen de asignaciones de recursos a retribuciones personales.
Limitar el ingreso a la administración central
Se plantea limitar los ingresos a la administración central. A través de una norma que requerirá de medidas cuantitativas y un análisis cualitativo, que significa que por cada tres funcionarios que egresen de la administración central ingresarán dos.
“Se llevará al mínimo los ajustes de los gastos de funcionamiento e inversión y, salvo en excepciones, no se aplicarán ajustes por inflación a gastos de funcionamiento e inversión”, aseguró.
Astori anunció una adecuación y rigurosidad en las normas de ordenamiento financiero en el sector público y su aplicación a un contexto de consolidación fiscal, esto tiene que ver con la “calidad del gasto sobre lo que hay que trabajar mucho”.
También planteó mejorar la coordinación con los organismos del artículo 220 de la Constitución, “asegurando su adhesión a los nuevos criterios en materia de funcionario, reordenamiento financiero y calidad del gasto”.
Dijo que se quiere tener resultados de este tipo de parte de las empresas públicas y se lo hará con los estímulos aplicados desde el año pasado. “La situación de las empresas públicas después que se han puesto las medidas restrictivas fueron positivas”.
Agregó que las empresas públicas tienen que aplicar las normas de dos funcionarios de ingresos por cada tres de egreso.
Con el nuevo directorio de ANCAP “se está trabajando en los costos de distribución porque está en juego 50 millones de dólares, lo cual para un esquema de consolidación fiscal es fundamental”.
“Hablamos de las bonificaciones que reciben las estaciones de servicio y de los márgenes de utilidad de las marcas distribuidoras”, explicó Astori.
Medidas relativas a la seguridad social
Dijo que el gobierno notó un “incremento importante” en las prestaciones del BPS en los últimos meses. Por ello, se propone constituir un grupo de trabajo en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el BPS, los ministerios de Trabajo y Economía para detectar “dónde se produce un desequilibrio, si es que lo hay, y poder adecuar las prestaciones básicamente en seguro de enfermedad donde se notó un cierto exceso”.
Sobre la Caja Militar el equipo económico dijo que su reforma tiene un impacto fiscal alto para el país. Uruguay dispone una asistencia anual a la Caja Militar de 400 millones de dólares, lo cual “excede las posibilidades del país y de la actual etapa”.
Se propone una reforma de la Caja Militar para 2016 y disminuir la asistencia financiera del Estado. Se realizará a través de una Ley.
Ingresos
Con las restricciones en materia de gasto y el margen acotado en su intervención, no es posible prescindir del instrumento de los ingresos.
Indicó que el sistema tributario que se instauró en 2007 fue ajustando a la luz de tres objetivos y de equilibrios tales como: “equidad, eficiencia y estímulos a la inversión”.
“Nos parece mucho más justa la tributación directa (el Impuesto a la Renta), que la indirecta (Impuesto al Valor Agregado) que no repara en capacidades contributivas”. dijo el jerarca, y agregó que en esta línea hay que tomar medidas en el campo de los ingresos.
2 puntos de disminución del IVA
Propuso una nueva disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una medida similar que fue puesta en vigencia en 2007 cuando se redujo la tasa básica y mínima.
Se aplicará una nueva rebaja de 2 puntos del IVA para compras con tarjetas de débito y crédito (medios electrónicos de pago), porque en el pasado se comprobó que la rebaja era absorbida por intermediarios. La rebaja se suma a los 2 puntos que ya se aplicaron y se pondrá en marcha a partir del 1° de enero de 2017.
Cambios en IRPF e IASS
Anunció ajustes a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la categoría del trabajo y la renta del capital que refiere a ingresos provenientes de colocaciones financieras.
Respecto al aumento en el IRPF en la categoría del trabajo, donde el mínimo no imponible es de 23.380 pesos que no paga impuesto. Destacó que desde el año pasado se dejó de cobrar a quienes ganan menos de 27.000 pesos por problemas de administración tributaria porque era más costoso las deducciones que seguir pretendiendo recaudar con los ciudadanos de esa franja. “Menos de 27 mil pesos en el país no se paga impuesto a la renta”.
“La franja de 23.380 a 33.400 (paga 10%) se mantiene el porcentaje”, dijo Astori.
Mientras que para la franja de 33.400 pesos a 50.100 pesos, que hoy está gravado con un 15% se propone un aumento a 18%.
La franja que va del de 50.100 a 167.000 hoy paga un 20% pasa al 23%; la franja que va de 167.000 a 250.500 pasa de 22% al 26%; la franja de 250.501 a 384.100 aumenta de 25% a 29%, mientras que para más de 384.101 pesos se incrementa de 30% a 34%.
También se modificará el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS). La franja de menos de 26.700 pesos no paga y no pagará impuesto.
La franja de 50.100 a 167.000 pesos pasara de pagar 20% a tributar 23% y los de 167.000 pesos que hoy pagan 25%, pagarán a 29%.
Astori dijo que el 70% de la población del Uruguay no paga Impuesto a la Renta y por tanto no tendrá aumentos del mismo. El 80% del efecto del incremento al IRPF recae sobre la última franja.
En cuanto a la categoría del IRPF referida a las colocaciones financieras, se propone establecer tres alícuotas para todas las colocaciones: “0 no paga impuesto (son las colocaciones del Estado, los títulos públicos, colocaciones de deuda), se sube la tasa del 3 al 7% para los intereses de depósitos en moneda nacional y Unidades Indexadas (UI) de más de un año de plazo en instituciones de intermediación financiera de plaza, se sube del 3 al 7% los intereses de obligaciones y otros títulos de deuda emitidos por empresas residentes con plazo mayor a tres año, y se grava con la alícuota de 7% a las rentas de certificados de participación de fideicomiso financiero con plazo mayor a 3 años”.
También se elevará de 5 a 7% la alícuota aplicable a los intereses correspondientes a los depósitos en instituciones de intermediación financiera que tienen un plazo menor a un año por intereses en moneda nacional o expresados en UI.
Cambios en el IRAE
En cuanto a la modificación al Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE) se eliminará la posibilidad de fijar sueldos fictos patronales porque provocan aportes que luego se deducen del IRPF y “esto constituye un incentivo a que haya patrones que se fijan impuestos fictos más altos que el real y deduce un impuesto más alto del IRPF que le corresponde pagar”.
Ello será aplicable a empresas con facturación anual mayor a cuatro millones de Unidades Indexadas.
Se propone también permitir deducir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores acumuladas durante los últimos cinco períodos hasta alcanzar el 50% del resultado fiscal positivo, en lugar del 100% como se permite en la actualidad.
Sobre el volumen de utilidades que no se distribuyen, la renta del capital productivo paga 25% de impuesto y un 7% adicional si distribuye utilidades. Una forma de eludir esas obligaciones es no distribuirlas.
“Por ello se considerarán como distribuidas, las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos, siempre que no hayan sido reinvertidas. No queremos que se eluda una parte del IRAE por no redistribuir, por lo cual tendrán que pagar el adicional de 7%, salvo que hayan sido reinvertidas”, dijo.
Se gravará con 7% por IRPF categoría 1 (renta financiera) la distribución de utilidades actualmente exonerada de sociedades con contabilidad suficiente, porque son empresas prestadoras de servicios profesionales y personales.
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