Orsi radicó denuncia contra areneras por contaminación del Río Santa Lucía

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó una denuncia en la Torre Ejecutiva esta semana en relación a la desviación del curso del río Santa Lucía en tres puntos por parte de areneras que trabajan aguas arriba de la localidad de San Ramón. Según Orsi, este río es uno de los más importantes del país, ya que proporciona agua a dos millones de personas en la zona metropolitana. Orsi ha estado monitoreando la situación desde octubre del año pasado y está trabajando en multas para las empresas responsables.

En un video publicado por la Comuna Canaria, se muestra que un terraplén ha sido construido cortando el curso del río para que circulen camiones y arena sea movida por maquinaria, lo que está generando cortes en el curso del río. Orsi describió esta situación como “grave, inadmisible y escandalosa” y añadió que está degradando el río de una manera alarmante.

El intendente pidió que el Ministerio de Ambiente refuerce los controles en la zona y apresure las discusiones parlamentarias sobre los proyectos de ley relacionados con los delitos ambientales. Orsi también señaló que es un momento crítico en cuanto a la protección ambiental debido a la ausencia de un ministro de Ambiente, luego de la renuncia de Adrián Peña y próxima asunción de Robert Bouvier.

El Río Santa Lucía es uno de los ríos más importantes de Uruguay, ya que provee agua a más de dos millones de personas en la zona metropolitana. Cualquier modificación o intervención a su cauce, por más pequeña que sea, puede tener un impacto negativo en la calidad y cantidad de agua disponible para la población.

¿Los delitos ambientales se penan en el Uruguay?

Actualmente, el Código Penal uruguayo no contempla la tipificación de los delitos ambientales, como sí existen en otros países de vanguardia ambientalista como Costa Rica o Nueva Zelanda. En decenas de países de todo el mundo están tipificados en diferentes grados y formas en muchos países a nivel mundial. En la mayoría de los casos, estos delitos son regulados por leyes ambientales nacionales y pueden ser sancionados con multas, prisión o incluso cierre de la empresa.

Sin embargo, la tipificación y la severidad de las sanciones varían entre países y pueden ser influenciadas por factores como la economía, la cultura y la política ambiental. En general, la tendencia mundial es hacia una mayor protección ambiental y una mayor regulación de los delitos ambientales.