Las grandes petroleras están demandando a los países para bloquear acciones climáticas

Los inversionistas en combustibles fósiles están adoptando una táctica legal nueva e intrépida en respuesta a los esfuerzos de los gobiernos del mundo para limitar el calentamiento global: acudirán a tribunales internacionales privados para denunciar que las políticas climáticas les están haciendo perder dinero de forma ilegal y, por tanto, merecen ser compensados.

Ahora los gobiernos se esfuerzan por descubrir cómo no ser demandados por miles de millones al promulgar políticas climáticas.

Las llamadas “acciones legales de resolución de disputas entre inversores y Estados” podrían tener efectos negativos sobre la capacidad de los países de accionar en este frente: se puede citar un antecedente de 2017, cuando el ministro frances de Medio Ambiente, Nicolás Hulot, redactó una ley para terminar con la extrancción de combustibles fósiles para 2040. En respuesta, la empresa canadiense de petróleo y gas, Vermilion, amenazó con llevar al país a un litigio en un tribunal privado.

Al final, la petrolera ganó y la legislación quedó en el olvido permitiendo explotaciones petroleras incluso más allá de 2040.

El dinero antes que el clima

Estas acciones legales son un gran negocio para las petroleras, un ingreso adicional a sus operaciones de extracción de hidrocarburos. Un reciente informe sobre acciones de resolución de disputas entre inversionistas y estados (ISDS, por sus siglas en inglés) encontró que cuando tales casos se decidieron por sus méritos, los inversionistas en combustibles fósiles salieron victoriosos el 72% de las veces, ganando, en promedio, US$600 millones en compensación.

Según un artículo publicado en Science el mes pasado, pronto podrían llegar más reclamos del tipo ISDS. Esto se debe al Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT), un acuerdo energético internacional de 30 años que ha sido ratificado por 50 países, principalmente en Europa. Este tratado exige un “trato justo y equitativo” a las empresas y que se paguen “compensaciones rápidas, adecuadas y efectivas” en caso de que los gobiernos se hagan caso de sus activos o que regulaciones les afecten sus ingresos.

Y es que el potencial de estas acciones es consabido por todas las grandes industrias del mundo, que meten mucha presión y cabildeo durante las negociaciones, por ejemplo, de tratados de libre comercio: así fue el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre Canadá, Estados Unidos y México, en el cual los Estados no pueden demandar a las empresas, pero las empresas sí pueden demandar a los Estados. Se incluyeron además cláusulas de “trato justo y equitativo”.

Igualmente, se establecieron normativas de este tipo en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC / CAFTA-RD) en el cual se salvaguardaron los intereses de las grandes compañías que, incluso, pueden acceder a los tribunales privados de resolución de conflictos pasando por encima de las legislaciones de los países.