Caso Berta Cáceres: Gobierno de Honduras estuvo involucrado en asesinato de la ecologista

Funcionarios estatales y ejecutivos de la empresa energética DESA fueron responsables de asesinar a la ecologista Berta Cáceres, de acuerdo con la investigación realizada por un grupo de expertos internacionales.

«La evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento», se explica en un documento de 92 páginas hecho público este martes.

Cáceres había recibido en 2015 el Premio Medioambiental Goldman

El 3 de marzo de 2016, la ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en su casa de habitación en la localidad de La Esperanza, Honduras. El único testigo del hecho fue su colega ecologista de origen mexicano Gustavo Castro, quien resulto herido tras el ataque pues también los responsables arremetieron contra él. El homicidio resonó en todo el mundo, y distintas organizaciones pro defensa del medio ambiente demostraron su reproche al hecho.

El problema llamado Berta

La confabulación para matar a Cáceres se empezó a gestar en noviembre de 2015. Ella buscaba paralizar la construcción de la represa Agua Zarca, en el cauce del río Gualcarque, del que dependen varias comunidades aborígenes de la etnia lenca. Así lo denuncia el informe titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres.

Dicha investigación fue realizado en conjunto por abogados de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda, y concluye que hubo una compleja conspiración para obstruir la Justicia y proteger a los responsables del asesinato, tanto los gestores materiales como los intelectuales.

«Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (…) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Castro», reza el documento.

El informe asegura que en la actualidad hay ocho detenidos como autores materiales, pero no hay avances en identificar a los que ordenaron el asesinato.

«[El asesinato] fue ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa», concluye la investigación.