Californa declara a herbicida de Monsanto como «potencialmente cancerígeno»

El Gobierno del estado de California decidió poner al popular (y polémico) herbicida Glifosato, ingrediente principal de su producto RoundUp, producto de la multinacional Monsanto, en la lista de sustancias que pueden causar enfermedades oncológicas, según publicó la agencia de noticias Reuters.

El Glifosato es un herbicida no selectivo que actúa sobre diversas plantas consideradas como maleza. Es popular entre agricultores por su alta efectividad: elimina todas las plantas indeseadas y deja intactas aquellas que son plantaciones comerciables.

Monsanto, que fue por décadas la dueña de la patente del producto, desarrolló cultivos genéticamente modificados (soja, maíz, etc) que son resistentes a esta sustancia, lo cual permite aplicarlo sin riesgo de dañar los plantíos. Se calcula que entre el 80 y el 90 por ciento de las plantaciones de soja, maíz y algodón de Estados Unidos son organismos genéticamente modificados (GMO, en inglés). 

Asimismo, el glifosato se utiliza extendidamente en la jardinería paisajística, campos de golf, viñedos e invernaderos.

Nada nuevo

Las primeras denuncias contra el Glifosato surgieron a principio de la década de los 2010’s. Según estudios hechos por observaciones in vitro y en animales, en marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que esta sustancia es potencialmente cancerígena, poniéndola en la categoría A2 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Poco después, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, así como expertos de la Comisión de Consolidación de la Paz, llegaron a una conclusión opuesta, y reportaron que el Glifosato no representa riesgo para la salud, aunque algunos de los compuestos del herbicida sí pueden tener un efecto cancerígeno.

En California, la Oficina de Evaluación de Riesgos de Salud Ambiental (OEHHA) del estado ha tomado la decisión de incluir al Glifosato en la lista de potenciales cancerígeno. Dicha reglamentación rige desde este 7 de julio de 2017, una medida que empezó a evaluarse dos años atrás y recién fue aprobada por el estado.