Unicef prueba que no aumentaron los delitos cometidos por menores

En nuestro país, desde el año 2004 unos 1000 adolescentes por año son derivados al Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay (INAU) desde el Poder Judicial. El 80% de los menores de 18 años son sentenciados a privación de libertad. En promedio, el 6% del total de los delitos son cometidos por personas menores de 18 años. A su vez, desde el año 2004 se ha mantenido la tasa de delitos cometidos por menores de 18 años en todo el país.

Así lo informa Unicef Uruguay, que dio a conocer ahora un documento que había sido entregado al Gobierno, con el fin de realizar (y así reza el título del informe) «Aportes al debate sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la ley». El documento muestra que, en el año 2009, la cantidad de «presuntas infracciones» cometidas por menores de edad «rondaba las 24.490″. Explica que «las intervenciones policiales por presuntos delitos cometidos por adolescentes se han mantenido estables en los últimos años».

Unicef toma en cuenta los datos de los presuntos delitos cometidos por menores de entre 11 y 17 años (a pesar que de los niños de 11 y 12 no se consideran penalmente responsables), contra la propiedad, la persona, y las infracciones sexuales. Según los datos, en el año 2005 hubo 13.171 intervenciones policiales; en 2006. 13.751; en 2007, 13.137; en 2008, 13.400, y por último, en 2009, se registraron 13.088.

El organismo internacional compara los datos del Ministerio del Interior con los del Poder Judicial. En tal sentido «los datos del Poder Judicial muestran cierta inestabilidad desde el año 2004″. «Aquel año se iniciaron 2.720 asuntos a adolescentes, 3200 en el año 2005, 2.198 en 2006, un total de 2.122 en 2007, y 2742 en 2008. En el año 2009 se iniciaron 2.948″, consigna Unicef.

Por otro lado, se advierte que «los asuntos iniciados a adolescentes continúan siendo una porción muy poco significativa en el total de los asuntos penales». En el año 2004 el porcentaje de delitos cometidos por menores de 18 años en comparación a la totalidad de delitos fue del 6,9%, cifra que se mantuvo en 2005, descendió en 2006 (4,6%) y 2007 (4,6%), y aumentó en 2008 (5,3%) y 2009 (5,9%) el año pasado.

Unicef resaltó en su informe que «al igual que en la región, no son pocas las dificultades en el país para dimensionar en su justa medida el fenómeno de la delincuencia juvenil». Agrega que los datos aportados por el Ministerio del Interior, INAU y la Suprema Corte de Justicia «permiten poner en duda la idea extendida del crecimiento en violencia y cantidad de delitos cometidos por adolescentes».

 

La seguridad como tema

El informe de Unicef reconoce que el tema de la seguridad en América Latina «aparece colocado, desde hace algunos años, en los primeros lugares de las encuestas de opinión, en muchos casos por encima de temas tan cruciales como la salud, la educación y el desempleo».

Considera que «en los medios de comunicación» se ha «establecido» este tema, y que se ha «extendido» a «sectores de la opinión pública un vínculo automático entre la inseguridad y los delitos cometidos por adolescentes».

Unicef demuestra con datos cuantitativos que -a pesar de la percepción en la opinión pública reflejada por los reclamos de ciudadanos en medios de comunicación- el índice de delitos cometidos por menores de edad se ha mantenido desde el año 2004. Advierte además que no existe en Uruguay «una especialización del sistema de administración de justicia». Denuncia que los juzgados de infancia «sólo existen en Montevideo» y plantea la necesidad de fortalecer la defensoría pública que atiende al 90% de los casos.

El Código de la Niñez prevé que los menores de hasta 18 años de edad, y desde los 13 años, tienen responsabilidad penal en caso de cometer delitos.

 

Instrumentos ineficaces

Para Unicef, en los países de América Latina «los instrumentos normativos punitivos parecen haber adquirido el carácter de resolver por sé complejas cuestiones sociales». LA REPUBLICA informó ayer que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó un informe donde afirma que la baja de edad de imputabilidad es «ineficaz» para resolver los problemas de inseguridad.

Agrega el informe de Unicef que «es importante recordar que las leyes de responsabilidad penal juvenil vigentes en la mayoría de los países de la región no fueron diseñadas para resolver el problema de la ‘delincuencia juvenil’, tal como lo concibe la opinión pública». Añade que «las leyes penales juveniles fueron pensadas para administrar en forma democrática y racional -a través de un debido proceso y del establecimiento de un sistema diferenciado de sanciones-, cuestiones de naturaleza compleja que involucran, no a un gobierno, sino a los tres poderes del Estado».

 

Contra el registro de antecedentes

Unicef recuerda en su informe que en Uruguay está en vigencia la firma del convenio internacional del año 1990 de adhesión a l Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Ley 17.283 (Código de la Niñez y la adolescencia).

También emite una opinión en cuanto al mantenimiento del registro de los antecedentes penales luego de cumplidos los 18 años de edad, propuesto meses atrás. Unicef recuerda que las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de menores se establecen en su artículo 21. «Tal artículo dice que los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrían ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas».

Por otra parte -resalta el estudio, citando el marco legal-, «los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes con los que esté implicado el mismo delincuente».