Crisis carcelaria: en 2024 murieron 57 privados de libertad, 13 de ellos por suicidio

El Tribunal de Apelaciones Civil de 1er Turno ha dictado una sentencia que obliga al Ministerio del Interior a pagar US$ 20.000 al padre de un recluso que se suicidó en su celda en el año 2020. Esta decisión se enmarca en un contexto de alarmantes suicidios en cárceles, donde en 2024 se registraron 13 casos, reflejando un problema persistente para las autoridades.

El joven, de 25 años, había estado bajo custodia y se encontraba cerca de recuperar la libertad. A pesar del monto solicitado, que superaba los US$ 40.000, el Tribunal consideró que la relación entre el padre y el hijo no era suficientemente buena para justificar tal compensación. “No acreditarse un vínculo afectivo” fue la conclusión a la que llegó el Tribunal al evaluar el caso.

Contexto del recluso

El recluso había sido condenado múltiples veces, pasando la mayor parte de su vida adulta en la cárcel. Su primera condena fue por delitos de violencia doméstica, seguida por condenas por porte de arma y otros delitos relacionados con la violencia. En el momento de su muerte, estaba cumpliendo una condena que iba a terminar en menos de un año.

El suicidio ocurrió en circunstancias que aún no se han esclarecido completamente. Tras este evento, el padre presentó una demanda contra el Ministerio del Interior buscando compensación por daños, alegando que su hijo había sido “abandonado totalmente por las autoridades carcelarias”. Esta afirmación genera interrogantes sobre la atención en prisiones y los efectos de las condiciones de encarcelamiento en la salud mental de los reclusos.

Argumentos en la demanda

La defensa del padre expuso que la pérdida del hijo había “destruido” su vida, enfatizando que el joven estaba en un proceso de recuperación para reintegrarse a la sociedad. En este contexto, se señala la importancia de entender la situación del hijo no solo desde el ámbito legal, sino también desde una perspectiva humana.

Por su parte, el Ministerio del Interior rechazó las acusaciones, argumentando que la relación entre padre e hijo no era tan positiva como se señalaba. Afirmaron que el padre había visitado al hijo solo una vez durante su condena y que, en otra ocasión, había denunciado la conducta del joven a las autoridades.

Evaluación del Tribunal y decisión

El Tribunal, aunque considerado que había razones para sostener en parte la demanda, fijó el monto en US$ 20.000. Este detalle llevó a quienes seguían el caso a cuestionar las condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios y la connotación de los lazos familiares en situaciones de cárcel.

Los argumentos presentados sobre la naturaleza de la relación padre-hijo fueron cruciales para la decisión final del Tribunal. La historia de violencia y conflictos familiares emergió como un factor relevante, sugiriendo que tales antecedentes pueden influir en las decisiones judiciales acerca de daños morales.

Problemas persistentes en el sistema penitenciario

El caso se suma a una serie de reportes que subrayan la problemática de los suicidios en cárceles. Según el libro blanco del sistema penitenciario de la socióloga Ana Vigna, la tasa de suicidios entre los reclusos era 4.5 veces mayor que entre la población general en 2023.

A pesar de que en 2024 el número se mantuvo, la tasa de suicidios se redujo gracias al aumento en la población carcelaria. Sin embargo, las muertes violentas dentro del sistema penal están en aumento, generando un debate acerca de la efectividad de las políticas penitenciarias y su capacidad para salvaguardar a los internos.

Vigna también enfatiza que los “altos niveles de mortalidad bajo custodia” reflejan la incapacidad del Estado para garantizar condiciones dignas en las prisiones. Esto ha llevado a un análisis más profundo sobre el estado del sistema penitenciario y las medidas de rehabilitación implementadas para los reclusos.