En el último año, gobierno de Lacalle busca frenar violencia en Marconi

 

En 2021, el entonces ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, había anunciado que el ministerio iba a instalar su sede principal en una de las zonas más carenciadas de Montevideo, Casavalle. Por abril de ese año, el jerarca había anunciado que ya se había conseguido un predio, en la esquina de Aparicio Saravia y Jacinto Trápani, y que se iban a mudar en un lapso de tres meses.

El MIDES había firmado un comodato por el predio hasta febrero de 2025, con posibilidad de renovación, pero, aunque todo estaba dado, todo quedó en la nada misma. En mayo del mismo año, apenas un mes después de ese anuncio, ya Bartol había sido apartado del cargo y llegaba Martín Lema, quien suspendió la idea y remarcó que la cartera iba a seguir en el centro de Montevideo.

El asunto es que el comodato ya estaba firmado. ¿Qué iba a pasar con ese gasto? “Sí, se le va a dar uso, y no se descarta absolutamente nada, ni siquiera se descarta una instalación ahí, pero me parece que esta etapa no es el momento oportuno”, explicaba Lema a la prensa.

Y es que la violencia en Casavalle no es algo nuevo, y no ha frenado ni mermado desde entonces. Por el contrario, sigue en crecimiento como consecuencia de la galopante pobreza que aqueja a esa área del norte capitalino.

Bandas de narcomenudeo y otros delitos violentos se disputan el territorio, y los vecinos solamente pueden circular cuando estos grupos acuerdan treguas o la tensa calma empapa el ambiente. En los momentos más álgidos, caminar ya de por sí es un acto riesgoso, incluso para aquellos que viven allí desde siempre.

Gobierno a contrarreloj para frenar violencia en Marconi

Ahora, a poco de terminar el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Ministerio del Interior “estrena” un plan para tratar de frenar la escalada de violencia en Marconi y alrededores.

En los barrios afectados, los residentes expresan su reticencia a denunciar debido al temor que prevalece. La magnitud de este miedo se debe al riesgo que implica hablar con las autoridades, ya que podría poner en peligro sus vidas.

Aunque existen opciones como denuncias anónimas y testigos protegidos, muchas personas en estos barrios no encuentran claro el proceso, especialmente aquellas que han sido testigos de cómo diversas bandas fueron desmanteladas por la policía, solo para ver que, meses después, los hijos o nietos asumían el control del negocio criminal.

Ante esta problemática, el Ministerio del Interior tiene previsto implementar, a partir de marzo, un plan en la zona para la prevención de homicidios y conflictos criminales mediante la mediación. Este proyecto será financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias enfocadas en la prevención del delito, explica que profesionales de organizaciones no gubernamentales (ONGs) trabajarán junto a los vecinos como “interruptores o mediadores”, buscando llegar a las personas involucradas en actividades violentas. Sanjurjo destaca que este equipo combina lo técnico y lo profesional, contando con individuos capaces de acceder al público objetivo. Los detalles específicos del plan se desarrollarán más adelante.

Según Sanjurjo, estos barrios son considerados los más peligrosos y críticos, al menos según los registros disponibles. A pesar de la inversión policial en patrullaje, investigación y unidades de homicidios, la situación persiste. Los patrulleros son visibles durante el día, y algunos vecinos señalan una presencia más activa en ciertas noches.

El jerarca destaca que estas zonas son extremadamente complejas y enfatiza que la inseguridad no es una consecuencia, sino un síntoma. Esto se debe, en parte, al bajo nivel educativo y al limitado acceso a servicios públicos en estos barrios, que conforman un micromundo caracterizado por profundas desigualdades en Montevideo.

El ministro Nicolás Martinelli dice haber realizado visitas nocturnas a estas zonas, siendo la más reciente el miércoles pasado en Marconi. Se informa que esta fue su trigésima visita desde que asumió el cargo. En algunas ocasiones, lo hace en compañía de autoridades policiales de alto rango, mientras que en otras prefiere un diálogo directo con los policías que trabajan en el territorio, con el objetivo de conocer de primera mano las problemáticas del lugar.

Las estadísticas indican que, en el año 2022, los homicidios se concentraron mayormente en Cerro, Marconi y Casavalle, y al año siguiente se nota una fuerte concentración mayormente en Marconi, mientras que en los otros lugares se notó una leve disminución, con un foco particular de crecimiento en Carrasco Norte.  Sobre las rapiñas hay dos puntos calientes, uno se concentra en Marconi y el otro en Malvín Norte.

El programa que intenta aplicar en gobierno, con apoyo del BID, es «interrumpir las dinámicas de retroalimentación», dice el ministerio. La idea es frenar los enfrentamientos y el ida y vuelta de asesinatos entre bandas criminales.

En resumen, el conjunto de líderes comunitarios con formación en la zona, junto con el equipo de la ONG, se esforzará por canalizar los conflictos de manera no violenta. Su objetivo es ofrecer alternativas a las personas involucradas, alejándose de la intervención policial represiva. Estas alternativas incluirán la conexión con programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), así como con programas diseñados para abordar problemas de adicciones.

El ministerio considera crucial este último punto. Diego Sanjurjo expresa: «Existen casos en los que las personas terminan involucradas en la venta de drogas debido a su adicción y a la falta de otras opciones». Por esta razón, comprende que atender a individuos con estas características implica trabajar tanto a corto como a largo plazo. Después de completar un proceso de desintoxicación, se busca facilitar su participación en actividades como la educación, brindándoles la oportunidad de comenzar a estudiar, por ejemplo.