Algo podrido huele en… Punta del Este

El escándalo parece salido de una novela de Conan Doyle, plagada de sospechas, donde rápidamente Sherlock, lanza su “elemental Watson”, quedando al descubierto rápidamente, el autor del latrocinio y sus numerosos cómplices. No puede entenderse de otra manera esta inexplicable trama, perpetrada incluso con impunidad imprudente en pleno año electoral. He aquí la exorbitante trama:

1) Ancap decide rematar la mitad de un padrón ubicado a 10 metros de Gorlero, declarado patrimonio histórico nacional y por ende inhibido de construcción alguna. Pone un precio base irrisorio intentando que algún interesado lo compré para explotar las cocheras allí ubicadas.

2) Se presenta a la subasta un conocido empresario de la construcción, notorio financista del partido en el gobierno, Daniel Zulamián.

3) Este lo adquiere en el precio base, sin oposición alguna, porque, como se suponía, nadie se presentó en el remate a adquirir un bien declarado patrimonio nacional que no podía ser modificado y que además afectaba a más de mil familias, compradores de los apartamentos lindantes, adquiridos con la seguridad de que jamás les sería afectada su servidumbre visual, de asolamiento y auditiva y densitaria, dado que era el único terreno disponible en la península y que además estaba protegido por la declaración de MHN, y podían ser actores con legitimación activa para iniciar centenares de juicios por daños y perjuicios si se cercenaban sus derechos adquiridos.

4) En la subasta el rematador y la propia Ancap, declararon en el inicio del acto, la condición de patrimonio histórico del bien a rematarse. La declaración fue filmada y se puede observar la presencia del representante de Zulamián escuchando atentamente la advertencia del subastador, información que además era de público conocimiento. Por otra parte tanto la Asociación de Rematadores, como el propio subastador y el propio Presidente de Ancap, ratificaron con pruebas documentales que se había cumplido con el requisito de advertencia previa sobre la calidad de MHN del predio a subastar, con la consiguiente prohibición de construcción en el mismo.

5) Nadie entendía porque un empresario inteligente y exitoso como Daniel Zulamián adquiría un bien que no le iba a reeditar ganancia alguna. Así lo expresaron los diversos medios de comunicación que dieron cuenta de la noticia. Pero ahí mismo, comenzaron las suspicacias y las sospechas. “Zulamián no pudo haber adquirido ese bien, si no estaba convencido de que alguien con un poder inmenso le hubiera asegurado que removería los múltiples obstáculos que le impedían construir una  gigantesca torre de 21 pisos en el corazón de Gorlero”, se decía en los pasillos del entramado puntaesteño.

6) Pero esa hipótesis era de imposible realización. Ni el presidente de la República, ni el Intendente de Maldonado, ambos partidarios de la iniciativa, podían hacerle esa promesa a su colaborador financiero, promesa de imposible cumplimiento. Primero tenían que convencer a la Comisión de Patrimonio Histórico que emitiera un dictamen desafectando el bien subastado. Ya antes del remate el presidente de la Comisión de Patrimonio, el Arquitecto William Rey, había declarado urbi et orbi y precisamente antes del remate, que en ese predio jamás permitirían la edificación de construcción alguna. Pero aunque el comprador con todas las declaraciones públicas en contra y antes de la subasta consiguiera el milagro de obtener de parte de la Comisión de Patrimonio, una retractación pública, hecho que no ocurrió, (sí ocurrió tiempo después de la subasta) tenía que obtener además una resolución del Ministro de Cultura, Pablo da Silveira, desafectando ese predio de su gravamen de patrimonio histórico. Y tendría que lograrlo después de haberlo adquirido Zulamián en la subasta, sembrando contra el propio Ministro, que además manifestó sus intenciones de competir en las elecciones de este año, la peor de las sospechas, porque estaría multiplicando un 400% el valor del predio subastado, favoreciendo a un particular en detrimento del ente Ancap que pertenece al pueblo uruguayo y que podía haber vendido ese bien en una suma cuatro veces superior a la obtenida. Tarea imposible para Zulamián. Pero aunque hubiere obtenido ese segundo y suicida milagro, y no le importaran los recursos judiciales, administrativos y mediáticos que se le opondrían a su proyecto, aún así, no iba a poder construir la torre de 21 pisos que deseaba, porque el Plan de Ordenamiento Territorial prohibió la construcción de toda Torre en la península desde hace 46 años, norma que fue cumplida durante medio siglo sin excepción alguna. Esa prohibición se mantuvo hasta este momento en que Zulamián y/o sus misteriosos protectores, obtienen el tercer milagro. La prohibición eliminada tras casi medio siglo de existencia, por el Intendente Antía, el Ministro da Silveira y los 21 ediles de la coalición oficialista, con la oposición unánime de los ediles del Frente Amplio, tenía su fundamento en que ya no era urbanísticamente adecuado seguir densificando la zona y nunca en la historia de la península se había permitido edificar una torre en el corazón de la manzana, (las excepciones fueron en las esquinas) y mucho menos en un frente tan extremadamente reducido de 7,40 centímetros para una torre de 21 pisos y para colmo pegado y empequeñeciendo a la Estación Ancap, que sigue siendo monumento histórico. Además Zulamián tenía que convencer a la Junta Departamental para que ésta violara ese Plan de Ordenamiento Territorial, tenía que lograr que se violara también el decreto de la Junta Departamental del 2015, aprobado por la unanimidad de todos los ediles que solo podría darse una excepción de 9 pisos siempre y cuando no se tratara de un predio declarado patrimonio histórico y siempre y cuando “no exista conflicto en el entorno”. El conflicto está instalado y es imposible ocultarlo. Otra tarea imposible.

7) Tan es así que el propio Zulamián se dio cuenta que lo habían engañado, que era imposible superar tantos obstáculos para construir un edificio de 21 pisos en el corazón  de Gorlero, en el interior de la propia manzana, en un predio declarado patrimonio histórico, y por lo tanto pidió a Ancap la devolución de la seña de U$S 800.000 alegando desconocimiento de estas trabas. El ente se negó rotundamente probando que efectivamente el reclamante estaba en conocimiento fehaciente de la imposibilidad de construcción en ese predio.

8) Pero la novela continúa. Y algo pasó. El que le aseguró a Zulamián que podía construir esa torre de 21 pisos violando la totalidad de la legalidad vigente, le exhibió sus trucos, su potencial y omnímodo poder para torcer sin consecuencias la institucionalidad que nos rige a todos los ciudadanos y lo convenció, que se quedara tranquilo, que los milagros se iban a concretar.

9) Fue así como Zulamián convertido en un redivivo Hércules limpiando sin cansancio los establos de Augías, destruyó uno por uno todos los obstáculos legales, convirtiendo su irrisoria inversión de U$S 2.300.000 en el milagro económico de vender en plena península una torre de 21 pisos con decenas de miles de metros cuadrados construidos sin ninguna competencia, ya que desde hace 46 años no se puede construir ninguna torre en la península. Lo beneficiaron afectando la densidad peninsular, destruyendo el espacio monumental e icónico de Punta del Este, y lesionando los derechos adquiridos de millares de propietarios adyacentes, que no hubieran adquirido esas propiedades, de no existir la certeza de que el único predio existente y vacío en la Península, gozaba de la declaración intocable de patrimonio nacional.

10) Elemental Watson diría nuestro Sherlock, nadie invierte esa suma si no cree en la promesa de que pese a todas las normas vigentes y pese a la declaración de patrimonio histórico, esos obstáculos serán destruídos, sí o sí, por las buenas o por las malas, así haya que contar con la retractación de la Comisión de Patrimonio, con el suicidio político del Ministro de Cultura, con la aprobación entusiasta del Intendente Antía, que nada tiene para perder ya que no puede ser reelecto y contar además con la unanimidad de los ediles de la coalición gubernamental que no les importa, al parecer, que sus 21 apellidos queden inscriptos como cómplices del mayor escándalo inmobiliario de la península puntaesteña.

11) Uno por uno los obstáculos fueron removidos. El presidente de la Comisión de Patrimonio, Arquitecto William Rey, que había asegurado que jamás autorizarían a construir nada en ese predio, se retractó y si bien no autorizó la construcción de ninguna Torre de 21 pisos, desafectó de su condición de patrimonio histórico el predio ya rematado, favoreciendo a quien adquirió a precio vil, con una ganancia de un 400% de su inversión inicial. El argumento que brindó es que era el mal menor porque si no lo hacía, Zulamián iniciaría juicios por desconocimiento de la norma. Era un argumento falso porque existían todas las pruebas de que la subasta había advertido esa condición inamovible. El que compró sabía lo que estaba comprando y sus expresas limitaciones.

12) Removido ese obstáculo, faltaba aun convencer al Ministro da Silveira a que aceptara favorecer a un particular en detrimento del erario público, afectando su campaña electoral en ciernes. Alguién lo convenció a él y a todos los protagonistas de este dislate jurídico con argumentos de peso, de mucho peso… Y el decreto de desafectación fue firmado por el propio Ministro, quien declaró que habían cambiado las reglas del juego, sin revelar quién las había cambiado y con qué derecho.

13) Pero aun faltaba que los ediles de la coalición gobernante violaran el Plan de Ordenamiento Territorial y su propio decreto de hacía 9 años que solo autorizaba 9 pisos y solo en el caso de que no fuera monumento histórico y de que no existiera  “conflicto con el entorno”.
Sin pudor alguno, los 21 ediles de la coalición oficialista violaron el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y el decreto de la propia Junta del año 2015 . Además expresamente violaron los artículos 24 y 25 de la ley 18.308 que los obligaba a poner lo aprobado, de manifiesto por un período no menor a los 30 días a efectos de la consulta y recepción de las observaciones, las que debían ser ampliamente difundidas. También incumplieron la obligación de someter su decisión a la consideración del órgano competente para adoptar su aprobación previa, a efectos de abrir el período de audiencia pública y solicitud de informes.
Ni puesta de manifiesto por 30 días, ni audiencias públicas, ni solicitud de informes, ni nada de nada.

La más absoluta y completa impunidad campea en un país que goza internacionalmente  de una cultura respetuosa de las normas legales para todo tipo de inversiones.
La ley del más fuerte está a punto de volver a imponerse. La arbitraria arbitrariedad no cesa en esta historia de perplejidades seriales.
Alguna vez un presidente aseguró que no gobernaría para los amigos…
Algo podrido huele en…el Este.