Gobierno insiste en el proyecto Neptuno: OSE estaría obligada a pagar US$950 millones en 20 años

El representante del Frente Amplio en el Directorio de OSE, Edgardo Ortuño, denunció que la empresa pública que provee agua a la población nacional va a quedar “desfinanciada” con el proyecto Neptuno, o Arazatí, una planta privada de potabilización de agua ha generado un debate en la población nacional y, por supuesto, la protesta del FA y los movimientos sociales.

Según sus detractores, el proyecto Neptuno representa la privatización de un derecho humano, como lo es el acceso al agua potable, y podría derivar en incrementos en los costos de producción. Ortuño ha alertado que este “comprometerá seriamente” el futuro de OSE ya que la “imposibilitará” de realizar obras necesarias en los departamentos del interior del país y del área metropolitana.

El gobierno firme en su idea de la planta privada de agua: Nos costaría US$950 millones

A pesar de los cuestionamientos, el presidente Luis Lacalle Pou y su administración insisten en que Arazatí será bueno para el país, especialmente en medio de la crisis hídrica que aqueja a la zona metropolitana de Montevideo y Canelones.

El pliego de licitación dice que podría costar no menos de US$253 millones, que podría aumentar dependiendo de ciertas circunstancias. El modelo de negocio propuesta supone que la empresa privada construya, financie y mantenga la planta mientras que OSE se verá obligada a pagar US$52.7 millones por año. Al final de los 20 años de contrato, habrá pagado US$950 millones.

Ortuño asegura que la gestión pública es la forma “más conveniente” para la gestión de esta potencial planta, ya que baja los costos operativos para OSE en unos US$25 millones por año. Al final de los 20 años, el Estado uruguayo se ahorraría US$480 millones aproximadamente.

Con estos números, asegura el frenteamplista, sería imposible mantener las tarifas sin que se vean afectadas por fuertes aumentos para los consumidores. Si se quedan así las facturas para los clientes, partiendo de que la inversión anual rondaría los US$70 millones, habría un déficit de unos US$1.700 al final de la licitación.

“Las opciones para cubrir el déficit generado por la instrumentación de ambos proyectos de iniciativa privada son aumento de tarifa, aportes del gobierno central o endeudamiento, que es el camino elegido en el presupuesto aprobado”, señaló el jerarca.