Se publicó el libro “Los Juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur”

Lessa es italiana, doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y ha colaborado en su trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Fue perita frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Familia Julien Grisonas Vs. Argentina”. Su trabajo examina especialmente la búsqueda de la verdad, justicia y reparación por crímenes del pasado reciente en el Cono Sur.

 

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Se conoció recientemente en nuestro país y se encuentra en las librerías, el último libro de Francesca Lessa “Los Juicios del Cóndor”- La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur” ¿Cuál es el eje de esta investigación?

 

La investigación que desarrollé en este libro, empezó hacia fines del 2012, cuando me enteré por una amiga uruguaya y sobreviviente de Orletti (centro de detención clandestino Argentina), de que iba a empezar en marzo de 2013 un juicio en Buenos Aires, para investigar por primera vez todos los delitos cometidos en el marco del “Plan Cóndor”, quizás no todos los delitos, pero sí un número muy importante, porque en ese juicio incluyeron los casos de cientos de víctimas del “Plan Cóndor”. Hablamos de un número muy importante de casos, que podían tomarse como una muestra ilustrativa de los patrones de la coordinación represiva y de cómo dicha coordinación entre las dictaduras de América del Sur, estuvo funcionando a mediados de los años ´70, para perseguir a los exiliados y a las exiliadas en la región. El enfoque en ese juicio fue pionero en Argentina y a nivel regional. Anteriormente, hubo otros juicios que miraban a algunos grupos específicos de víctimas, pero nunca se había abordado, podemos decir, cómo se abordó con el “Plan Cóndor”, con un número tan grande de víctimas, que permitía examinar los andamiajes y la dinámica represiva en la región.  Entonces, desde ese comienzo, el libro fue creciendo y amplié la mirada hacia dos ejes principales que están reflejados en las dos partes del libro. La primera parte sobre la “represión transnacional”, es decir, para ir entendiendo cómo estuvo funcionando esta coordinación entre las dictaduras militares en la década de los años ´70. El “Plan Cóndor” fue el momento de máxima cooperación represiva, pero no surgió de la nada, hubo una historia anterior. Entonces, eso es lo que relato en la primera parte del libro, sobre la “represión trasnacional”. Y luego la segunda parte, sobre la “justicia transicional” y “transnacional”, que es un espejo de la primera parte, en el sentido de que ahí se relatan los diferentes juicios que acontecieron en particular del año 2000 en adelante en el Cono Sur y que intentaron sacar a la luz los delitos de “Plan Cóndor” y de la coordinación represiva.

El nombre “Plan Cóndor” se puede rastrear a partir de la reunión en noviembre de 1975, cuando en Santiago (Chile) se reunieron los representantes militares y de inteligencia militar de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de Brasil.

Impacta conocer que el “Plan Cóndor” se puso en funcionamiento en el año 1969 y no en el inicio de las dictaduras en Uruguay y en Chile o en Argentina ¿Cuándo comenzó?

El nombre “Plan Cóndor” se puede rastrear a partir  de la reunión en noviembre de 1975, cuando en Santiago (Chile) se reunieron los representantes militares y de inteligencia militar de  Argentina, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de Brasil, para diseñar formalmente esta coordinación, y las diferentes instituciones y mecanismos que le permitieran funcionar, y es ahí donde justamente representantes del SID (Servicio de Inteligencia y de Defensa) de Uruguay, fueron quienes propusieron que este nuevo sistema se llamará Cóndor, en honor del país anfitrión que era Chile  y donde el Cóndor es un símbolo nacional. Entonces, el nombre sí tiene un origen definido a mediados de los años ´70, pero las prácticas de la coordinación represiva, es decir, el intercambio de información, el monitoreo de los exiliados, la realización de operativos conjuntos entre agentes de diferentes países, el traslado clandestino de personas detenidas, todas esas prácticas sí tienen un origen anterior y los primeros casos que pude rastrear en la investigación son del año ´69, cuando ocurrieron los primeros casos de exiliados brasileños que vivían en Uruguay y que son detenidos en Uruguay. Estos exiliados fueron encerrados, interrogados y torturados en cárceles uruguayas y luego son devueltos a Brasil. En estos primeros casos, podemos ver cómo estas prácticas de la coordinación represiva ya están teniendo lugar, seis años antes de la reunión fundacional del Plan Cóndor

Mientras tenemos el acta fundacional del “Plan Cóndor”, firmada por los representantes de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de Paraguay, que tiene la fecha del 28 noviembre de 1975, no tenemos otro documento formal que nos permita decir con certeza cuándo terminó de funcionar el “Plan Cóndor”.

¿El “Plan Cóndor” hasta cuándo siguió en nuestro continente? 

Mientras tenemos el acta fundacional del “Plan Cóndor”, firmada por los representantes de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de Paraguay, que tiene la fecha del 28 noviembre de 1975, no tenemos otro documento formal que nos permita decir con certeza cuándo terminó de funcionar el “Plan Cóndor”. En la revisión de los documentos encontrados en archivos, de las entrevistas realizadas,  las sentencias penales y también la información de los casos de víctimas que estuve rastreando en el marco de mi investigación, en el libro lo que digo es que la etapa “Plan Cóndor”, que es la fase, podemos decir, más dura de la coordinación represiva en términos del número de víctimas y también de las instituciones que se crean para hacer funcionar esta coordinación, estos hechos acontecen entre fines del año ´75 hasta finales del año ´78, es decir, un periodo de tres años, donde vemos que hay un número muy elevado de casos de víctimas de la coordinación represiva en toda la región y casos que se desarrollan de una manera muy parecida en términos de los organismos represivos. Tanto partidos políticos, como grupos armados, son perseguidos por el “Plan Cóndor” en esos tres años. Desde finales de 1978, se puede ver cómo los números de casos de víctimas se van reduciendo, por un lado, porque la represión tanto a nivel nacional como regional había sido muy exitosa en silenciar a la oposición. También se ve como el retorno de algunos antagonismos y conflictos tradicionales, en particular el conflicto en el canal de Beagle entre Argentina y Chile, implica una ruptura de uno de los ejes fundamentales del “Plan Cóndor”, que eran Argentina y Chile. En Chile fue el coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), quién propuso esta idea de formar el “Plan Cóndor”, e invitó a sus pares de inteligencia militar para que viajaran a Santiago para diseñar el Cóndor. Por el otro lado, Argentina era el país donde miles de exiliados se habían refugiado, y se habían escapado de los diferentes golpes militares en la región. Entonces, este eje fundamental de Argentina – Chile se rompe porque los dos países estuvieron a punto de llevar adelante una guerra tradicional por el canal de Beagle en ese momento. Entonces, vemos que para finales de 1978, ya lo que funcionaba como Plan Cóndor no está actuando de la misma manera, ya no se realizan más reuniones entre los países, el número de las víctimas se reduce y vemos también que hay un regreso a la coordinación cómo se desarrollaba a comienzo de la década de los ´70. Es decir, operativos muy puntuales contra algunos militantes y que se realizan de manera bilateral particularmente entre Argentina – Brasil y Argentina – Paraguay y Argentina – Perú, porque en ese momento Argentina estaba rastreando a los militantes montoneros que participaban en la contraofensiva y que estaban intentando regresar al país del exilio, pero son casos muy específicos de un grupo de víctimas que acontecen en 1979 – 1980 y ya para el año ´81 solamente quedan unos poquitos casos. El “Plan Cóndor” como tal, deja de actuar a fines del 1978, pero lo que queda hasta comienzos de los ´80, son las prácticas que sí se venían desarrollando de manera más informal y más ad hoc, solamente para algunos operativos puntuales específicamente apuntando a los militantes Montoneros (organización guerrillera argentina).

En el libro, tomaste el caso de Anatole y Victoria Julien Grisonas como un caso emblemático en tu investigación ¿Por qué?

 

El caso de Anatole y Victoria Julián, es un caso emblemático de cómo funcionó por un lado el “Plan Cóndor”, y por otro, de cómo después los sobrevivientes, los familiares, los activistas, los periodistas, los jueces y los fiscales, estuvieron luchando por lograr verdad y justicia. Este caso de los hermanos Julián, me pareció muy importante para poder ilustrar todas estas dinámicas. Podemos recordar que los dos hermanos, estaban viviendo en Buenos Aires con sus padres, en el año 1976 los padres eran militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que habían escapado de Uruguay un par de años antes, por la persecución política debido a la dictadura en su país natal (Uruguay), y se habían instalado en Buenos Aires, donde a pesar de estar en otro país, seguían militando y mirando hacia Uruguay. A pesar de la distancia, se habían juntado con muchos otros exiliados uruguayos que vivían en la Capital Federal (Buenos Aires), y habían fundado en julio de 1975 el Partido por la Victoria del Pueblo, que nucleaba especialmente a exiliados uruguayos en Buenos Aires, que querían resistir a la dictadura en su país natal. Justamente por ese objetivo del PVP de oponerse a la dictadura uruguaya, es lo que convierte a los militantes del PVP en uno de los blancos principales del “Plan Cóndor”, porque justamente como estos militantes se encontraban fuera de Uruguay, la dictadura uruguaya necesitaba utilizar los andamiajes del “Plan Cóndor” para llegar a ellos, para silenciarlos, para eliminar su movilización y su resistencia. En este contexto, se dan varios operativos durante casi todo el año ´76 contra militantes del PVP. La familia Julien y la casa donde residían, es atacada en un operativo militar en septiembre de 1976, en el que participan agente argentinos y uruguayos en Buenos Aires. En ese contexto, Mario Julien (padre de Anatole y Victoria), fue asesinado durante el operativo en la casa, y Victoria con sus dos hijos, son llevados al centro clandestino de automotores Orletti en Floresta -Buenos Aires. Ahí se pierde el rastro de Victoria (Grisonas), que aún hoy continúa desaparecida. Los hermanitos (Anatole y Victoria), después de pasar unos diez días en Orletti, son llevados en un vuelo de Argentina a Uruguay, y en Uruguay son detenidos en otro centro clandestino, el centro que funcionaba en el edificio del SID, que es donde hoy en día funciona la Institución Nacional de Derechos humanos (INDDHH), y ahí, en este segundo centro clandestino, son cuidados por María Claudia García de Gelman, la mamá de Macarena Gelman, una joven argentina embarazada que también había sido trasladada desde Buenos Aires a Montevideo, donde dio a luz y le robaron su beba Macarena, que fue encontrada en el año 2000, y sabemos que María Claudia fue posteriormente asesinada en Montevideo. Entonces, ahí en ese segundo centro, los dos hermanos permanecen alrededor de un par de meses con María Claudia y Macarena después de que nació a comienzos de noviembre, y de ahí hay una tercera etapa de este periplo, que empezó en Argentina, pasó por Uruguay y finalmente termina en Chile, dónde Anatole y Victoria, que para ese entonces tenía cuatro años y 19 meses, fueron abandonados el 22 de diciembre de 1976 en la plaza O’Higghins de la ciudad portuaria de Valparaíso en Chile. Finalmente, Analote y Victoria, son adoptados por una familia chilena Larrabeiti – Yáñez, que no tenían vinculación con la dictadura, era una familia que los adoptó en buena fe y sé que Anatole y Victoria los quieren muchísimo. Unos tres años después, la abuela paterna María Angélica, pudo reencontrarse con ellos. Entonces, este caso es muy impactante, no solo por tratarse de niños pequeños que por la persecución política sufrida por sus padres viven una serie de violaciones gravísimas de derechos humanos, sino además porque ilustra geográficamente lo qué fue el “Plan Cóndor” y lo que este Plan permitía hacer. Es decir, realizar operativos conjuntos de agentes uruguayos y argentinos en Buenos Aires, secuestran personas incluyendo a niños, que fueron traídos de Argentina a Uruguay y después de Uruguay a Chile, donde no se sabe muy bien qué pasó, no está muy claro ese último tramo que sucedió, por qué fueron llevados a Chile. Lo que el caso ilustra, es como los andamiajes del “Plan Cóndor” permitían realizar crímenes de lesa humanidad sin ninguna frontera.

Hay centenares de causas en Uruguay en la etapa de presumario, así que hay que reconocer los avances históricos de algunas sentencias y de otras que se siguen dando, al mismo tiempo señalar de que la gran mayoría de las causas penales siguen en etapa de presumario, con demoras indebidas, que se transforman en una violación de los derechos humanos de los familiares de las victimas.

¿En 2022 cuánto se ha avanzado en verdad y justicia? 

 El panorama que tenemos en la región es bastante variado, porque cada país ha logrado avances diferentes, dependiendo de la coyuntura política y social que se han dado después de las transiciones democráticas, que empezaron en Argentina en el año ´83, en Uruguay y Brasil en el año ´85, en Paraguay en el año ´89 y finalmente en Chile en el año ´90. Entonces, cada país ha tenido un recorrido distinto. Lo que se avanzó, por lo menos en Argentina, Chile y Uruguay, es que sin duda, gracias al esfuerzo de muchos sobrevivientes, de familiares, de activistas, de abogados de derechos humanos, y también algunos políticos, recordemos al presidente argentino Raúl Alfonsín que decretó la creación de la CONADEP a los pocos días de convertirse en el presidente democráticamente elegido. Después de siete años de dictadura, fue también el que habilitó el juicio a los nueve comandantes de las primeras tres Juntas Militares. Fueron hechos históricos que acontecieron en un contexto político muy complejo, porque Argentina a mediados de los ´80, salía de una dictadura militar muy dura. Entonces, hubo varios actores, tanto de la sociedad civil, como del Poder Judicial y de la política, que han luchado por romper la tradición de impunidad que definía tradicionalmente la región y no solamente a América del Sur, sino que también a nivel internacional, las leyes de Amnistía y la impunidad solían ser las respuestas que se daban después del período de dictadura militar. Se avanzó con la CONADEP (Comisión Nacional contra la Desaparición de Personas) y el juicio a las Juntas Militares en Argentina, con la comisión Retting (Comisión Nacional por la verdad y la Reconciliación) de Chile, la detención de Pinochet en Londres en el ´98 y el comienzo de investigaciones judiciales en Chile por parte del juez Juan Guzmán Tapia. Finalmente se logró con muchas dificultades, con mucho trabajo para superar obstáculos por parte de la sociedad civil, y se pudo romper esa tradición de impunidad que se había vuelto a instalar en la región, en particular en la década de los noventa. Entonces hoy en día, el panorama que tenemos es de una región, donde Argentina y Chile son países que han logrado el mayor número de juicios penales por los delitos de la dictadura, en Argentina hay casi 1.100 personas que han sido condenadas por los delitos de la dictadura militar, y si no me equivoco, más de 3000 que están todavía siendo investigados por estos crímenes. En Chile también acontecieron más de 500 juicios penales y civiles, relativos a los delitos de la dictadura. Entonces, tenemos a pesar de estas dificultades iniciales que mencionaba de las leyes de impunidad, que fueron sancionadas en esos países, hoy en día realmente hay un proceso judicial consolidado, obviamente imperfecto, porque siguen permaneciendo obstáculos, pero se han dictado un número diría impresionante de sentencias que no hemos visto en otros países de la región y tampoco en otros países del mundo. Lo acontecido y lo logrado en Argentina y en Chile, es sumamente importante. En el caso de Uruguay, hay una situación un poco más compleja, donde se han logrado sentencias históricas, hay que recordar la condena al dictador Bordaberry del año 2010, la condena del dictador Gregorio Álvarez en 2009  y también la condena del ex canciller Juan Carlos Blanco, y de varios de los líderes del grupo operativo, que actuaban en Argentina en la persecución de los exiliados uruguayos, como Gavazzo, Arab, Vázquez, etcétera. Podemos decir que en el caso de Uruguay, los avances han tenido muchas  idas y venidas. No hubo una política de Estado de llevar adelante la persecución penal. Entonces, todas las causas que se han presentado, han sido presentadas por las víctimas y sus familiares y los abogados de derechos humanos. El Poder Judicial ha sido sumamente lento en responder a los pedidos de verdad y justicia. Hay que recordar las sentencias del caso Gelman de 2011 y del caso Maidanik y otros del año pasado 2021, dos sentencias de la Corte Interamericana contra Uruguay y en ambas la Corte condena al país por la lentitud y la denegación de justicia que resulta de esa lentitud con la que se han encarado las causas judiciales. Hay algunas causas, por ejemplo, la denuncia que hicieron Lilian Celiberti y Universidad Rodríguez en febrero de 1984, que todavía sigue en etapa de presumario, pasaron si la matemática no me falla 38 años, y la justicia no ha avanzado, y eso es solamente un ejemplo. Hay centenares de causas en Uruguay en la etapa de presumario, así que hay que reconocer los avances históricos de algunas sentencias y de otras que se siguen dando, al mismo tiempo señalar de que la gran mayoría de las causas penales siguen en etapa de presumario, con demoras indebidas, que se transforman en una violación de los derechos humanos de los familiares de las victimas.