Uruguay cayó 26 puestos en libertad de prensa en un año, según Reporteros sin Fronteras

Uruguay retrocedió estrepitosamente en el ranking de libertad de prensa realizado por la organización Reporteros Sin Fronteros (RSF) publicado el martes, en el cual nuestro país aparece ahora en el puesto 44 del mundo, descendiendo 26 ubicaciones desde el 18 en que estaba en la última medición.

Mientras que en 2021 el Uruguay tenía una puntuación de 83,62 (sobre 100), en 2022 alcanzó los 72,03.

El director de RSF para América Latina, Emmanuel Colombé, esta bajada de lugares “tiene que ver más con el cambio metodológico que con la situación real de la libertad de prensa en Uruguay”.

“Esa baja tiene que ser relativizada Uruguay sigue siendo una excepción en América Latina en lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico”, expresó a El Observador Colombié.

“Uruguay tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país”, reza la ficha sobre Uruguay en el portal de RSF, pero señala que la información sigue “concentrada en tres grandes grupos”: Villar/De Feo (Canal 10), Romay (Canal 4) y Cardoso/Scheck (Canal 12).

“En los últimos años, y a pesar de un contexto favorable, varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales”. -RSF

Contexto y marco legal

Después de los tres gobiernos consecutivos de izquierda, llegó el conservador Luis Lacalle Pou en marzo de 2020. Se han registrado en los últimos años “varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la presidencia de la República”.

Respecto al marco legal, RSF dice que “la despenalización de los delitos de prensa, la regulación de la radiodifusión comunitaria y el acceso a la información pública crean un entorno de trabajo favorable para los periodistas uruguayos. La ley sobre los servicios de comunicación audiovisual, aprobada en diciembre de 2014, favorece el pluralismo de los medios. Esta ley también estableció la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, organismo independiente del poder ejecutivo”.

“En los últimos años, y a pesar de un contexto favorable, varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales”, concluye el informe.