Ricardo Pérez Manrique: “preocupa el debilitamiento de la credibilidad en la democracia”

 

Ricardo Pérez Manrique fue electo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo enero 2022 – diciembre 2023. Integra la Corte Interamericana desde 2018, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en 2016. Fue parte del máximo órgano de justicia de Uruguay entre 2012 – 2017. Egresó de la Facultad de Derecho (UDELAR) en el año 1973. Ingresó a la magistratura en 1989, fue juez de Familia y ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia

¿Cuál es el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)?

La Corte (IDH) fue creada por la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 y empezó a funcionar en 1979; está definida como un órgano judicial autónomo, cuya función es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte (IDH), recibe a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncias por eventuales violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados, enjuicia a los Estados y en caso de encontrar acreditadas violaciones, la Corte (IDH) determina que el Estado debe adoptar medidas de reparación a efectos de subsanar la violación verificada a uno o varios derechos fundamentales.

La Corte (IDH) está vinculada a la OEA, porque es la que suministra parte de su presupuesto, pero tiene autonomía.

¿La Corte Interamericana es un organismo dependiente de la OEA? 

La Corte (IDH) es un tribunal autónomo, que funciona dentro de la estructura orgánica de la Convención Americana, integra también la Comisión que es de 1959, integra la estructura de la OEA que funciona en Washington. La Corte (IDH) está vinculada a la OEA, porque es la que suministra parte de su presupuesto, pero tiene autonomía, los dos relacionamientos fundamentales que tiene con la OEA son por una parte presupuestal y por otra parte la OEA designa jueces y juezas desde su Asamblea General; en ese marco la Corte (IDH) rinde de forma anual un informe al Consejo Permanente de la OEA, sobre sus actuaciones.

Lo que vemos hoy es un aumento de la pobreza; hay sectores que no han podido acompasar la educación a distancia a través de internet, hay pueblos y países con dificultades de acceso, la brecha digital ha profundizado el deterioro de la situación de miles de personas.

¿Cómo afectó a los derechos humanos en nuestro continente, la Pandemia que sufrió el mundo?

En abril de 2020, la Corte (IDH) emitió su primera declaración de su historia, advirtiendo que el COVID 19 debía ser enfrentado en el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia representativa y el estado de derecho, y advertía sobre una serie de riesgos que corrían los derechos humanos frente a las emergencias que se iban a dar en ese contexto; además del derecho a la vida y a la integridad personal, la Corte (IDH) manifestaba su preocupación por temas tales como la afectación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el marco de la Pandemia, y la garantías para la libertad de expresión y del acceso a la información respecto a la Pandemia.

Lo que vemos hoy es un aumento de la pobreza; hay sectores que no han podido acompasar la educación a distancia a través de internet, hay pueblos y países con dificultades de acceso, la brecha digital ha profundizado el deterioro de la situación miles de personas; si a eso agregamos que la migración se ha incrementado no solo hacia el norte, hacia EEUU, miles y miles de migrantes que buscan desesperadamente una vida mejor, agreguemos los más de 6 millones que han salido de Venezuela en los últimos  años, las migraciones internas dentro de los propios países, encontramos una situación muy preocupante. Este es un continente de enormes desigualdades, y además, hay un gran problema vinculado a la informalidad de los ingresos. Debido a las medidas restrictivas, muchos debieron quedarse en sus casas producto de la Pandemia, finalmente esas personas cayeron debajo de la línea de pobreza, al no poder conseguir su sustento diario.

¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos que más se denuncian?

Cada vez que un Estado fracasa en la protección de los derechos humanos o directamente los viola, el caso llega a la Corte Interamericana, porque el sistema de justicia del país, no ha podido adoptar las medidas necesarias para que la violación del derecho cese y no continúe. Lo más generalizado son las garantías judiciales y el acceso a la justicia, reitero, cuando llega al sistema interamericano es porque la justicia nacional no ha podido hacer que los derechos sean respetados. La Corte (IDH) tiene muchos casos de los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, hace 2 años, dictó una sentencia muy importante, un caso en Argentina vinculado a las tierras, llamado “Monte El Impenetrable” (bosque nativo), están en disputa 600.000 hectáreas. Hasta allí ha llegado lo que se llama los colonos blancos, que han instalado ganado en territorio, afectando la supervivencia de los pueblos indígenas. Seguimos recibiendo casos de torturas que se denuncian, también casos de protección de periodistas, como fue la de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima que fue secuestrada, torturada y violada a raíz de que estaba haciendo periodismo de investigación sobre el vínculo entre los paramilitares y el Estado colombiano. (La Corte encontró responsable a Colombia del secuestro y la tortura a la periodista Jineth Bedoya Lima).

Hay una serie de sentencias vinculadas a la libertad de expresión que saldrán en el correr de estos meses. Lamentablemente, hay una gran variedad de violaciones a los derechos humanos. La Corte (IDH) acaba de dictar una sentencia muy importante respecto de una niña chilena parapléjica, en determinado momento se le niega la prestación de la internación domiciliaria, fue el caso “Vera Rojas vs. Chile” (La Corte Interamericana condenó al Estado chileno debido a la interrupción unilateral del tratamiento de la niña por parte de un prestador privado).

También la Corte (IDH) ha dictado medidas provisionales respecto a la situación de políticos y periodistas nicaragüenses, solicitando la libertad de esas personas; lamentablemente esas libertades no se respetan en Nicaragua.

No sé si los casos están invisibilizados, lo que sí sucede es que en la medida que aumenta la posibilidad de detectar el problema, también se incrementa el problema.

Respecto a la violencia de género ¿se puede decir que aún permanece invisibilizada?

La Corte ha desarrollado un conjunto de políticas vinculadas a la protección contra la violencia basada en género, hay sentencias recientes donde se ha destacado lo que llamamos la interseccionalidad, o sea, la concurrencia sobre determinadas personas de una cantidad de vulnerabilidades por ser mujer, por ser joven y por ser afrodescendientes. Estamos ante un caso muy relevante, que es el caso Manuela (El Salvador). Una mujer que tiene un parto en su casa (sufre una emergencia obstétrica y  pierde el embarazo), a raíz de eso es denunciada por homicidio y condenada a 30 años de prisión. Fu encarcelada y a los dos años muere, producto de que tenía un cáncer que nunca fue atendido (El estado salvadoreño fue condenado por no garantizar los derechos reproductivos de las mujeres). No sé si los casos están invisibilizados, lo que sí sucede es que en la medida que aumenta la posibilidad de detectar el problema, también se incrementa el problema. Además aumentó la intensidad de la violencia que se ejerce contra la mujeres por ser mujeres.

La Corte (IDH) en un proceso llamado “supervisión de cumplimiento de sentencia” le dice a Uruguay que todavía sigue sin cumplir la obligación de investigar estos casos (Caso Gelman), de encontrar a los responsables, juzgarlos y por otra parte dar una respuesta a los familiares.

Respecto al Caso “Gelman vs. Uruguay”, la Corte (IDH) se ha pronunciado respecto al incumplimiento del estado uruguayo porque no está cumpliendo con su cometido de investigar lo que sucedió, buscar a los responsables y castigarlos ¿Su visión al respecto?

Primero que por ser juez uruguayo, no intervengo como juez de la Corte en este caso. Lo que sí puedo señalar, que como en todos los casos de desapariciones forzadas, la Corte (IDH) dispone la obligación de investigar y determinar los responsables de las violaciones a los derechos humanos, y por otro lado, la obligación de dar una respuesta a los familiares, o sea, encontrar los restos o la persona y hacer cesar la situación de desaparición forzada. Uruguay dictó la Ley de Caducidad, esa ley es analizada en la sentencia del Caso Gelman y la Corte (IDH) dice que “no puede ser un obstáculo” para seguir investigando, luego está la aprobación de una nueva ley interpretativa de la ley de caducidad, que fue declarada por la Suprema Corte de Justicia de Uruguay como inconstitucional, respecto a que estos eran delitos de lesa humanidad que no prescribían. La Corte (IDH) en un proceso llamado “supervisión de cumplimiento de sentencia”, le dice a Uruguay que todavía sigue sin cumplir la obligación de investigar estos casos y de encontrar a los responsables, juzgarlos y por otra parte dar una respuesta a los familiares, lo que la Corte (IDH) a consagrado como “el derecho a saber la verdad” sobre lo ocurrido. Lamentablemente en los casos que tratamos en la Corte (IDH), ya que hay muchos casos parecidos a estos, en general hay una gran dificultad de parte de los Estados de cumplir las sentencias de la Corte (IDH).

¿Qué posición tiene la Corte y cuáles son sus recomendaciones respecto a los delitos de lesa humanidad y la prisión domiciliaria para sus responsables?

 

La Corte (IDH) tiene una jurisprudencia firme respecto que en estos casos no son válidas las leyes de amnistía, o de perdón, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que no recuerdo en este momento, no recuerdo sí este caso concreto ha sido considerado por la Corte, eventualmente podría ser analizado por ejemplo en etapa de supervisión de cumplimiento de alguna sentencia en la cual se dan estas circunstancias. Una persona condenada por delitos de lesa humanidad pretende acceder con un recurso a la libertad anticipada. En este momento no recuerdo que el tema se haya planteado en estos términos.

¿Quienes cometen delitos de lesa humanidad deben acceder a este beneficio que es la prisión domiciliaria?

Una cosa son las recomendaciones y otra es la obligación jurídica de los Estados. Qué recuerde este problema no se ha planteado en la Corte (IDH) todavía. Cuando se plantee habrá que analizarlo. 

Los sondeos de opinión pública en nuestro continente indican que hay una baja de la credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático ¿La percepción desde la Corte (IDH)?

Hay que considerar formas de ampliar la participación en el sistema democrático, para que la mayor cantidad de voces puedan ser atendidas. Este es un problema para todas las democracias, los datos de la región son bastante preocupantes. Personalmente es un tema que me inquieta y me preocupa muchísimo. Los datos más confiables son los de Latinobarómetro y allí aparece un fenómeno bastante particular, que es por una parte el debilitamiento de la credibilidad del sistema democrático, y por otra parte, una reestructura en cuanto a las instituciones que son más confiables. Aparecen en general que los partidos políticos bajan en la consideración de confiabilidad de parte de la gente, como también ocurre con los sindicatos y otras instituciones representativas. Hay instituciones como las iglesias, los ejércitos y la policía, que van ganando mejor posicionamiento respecto a la confiabilidad de las personas. El último análisis de Latinobarómetro, hace referencia a todas las discusiones y todos los cuestionamientos que se han dado de 20 años para acá, respecto a cómo está funcionando el sistema de representatividad. Al respecto es muy gráfica la Constitución argentina que dice “el pueblo no delibera, ni gobierna sino a través de sus representantes”, es decir, el pueblo agota sus posibilidades de participación a través de la selección de las personas que lo van a gobernar en un determinado periodo de gobierno. Este sistema,  a través de un incremento a veces totalmente irregular, quiero decir que no ha seguido determinadas pautas y con muchas dificultades para articularse, toda la participación a través de las redes sociales, la posibilidad de opinar en el día a día, hacen que de buenas a primeras y antes que se agote un periodo de gobierno, aparezcan nuevas demandas que pueden no haber sido consideradas nunca y que generan tensiones a la interna de la sociedad y de alguna forma, tal vez esa sea una forma de entender la protesta social con la dimensión que se ha dado en varios países de la región. Entiendo que hay que considerar formas de ampliar la participación en el sistema democrático, para que la mayor cantidad de voces puedan ser atendidas. Este es un problema para todas las democracias, los datos de la región son bastante preocupantes. Desde el punto de vista de un Tribunal Internacional, tenemos un país que se retiró del sistema como Venezuela, recordemos las tensiones en Nicaragua, estamos en una situación preocupante, hay una demanda que los temas sean debatidos y adoptar medidas para que la gobernanza sea efectiva y poder gestionar una sociedad que cada vez se vuelve más compleja, y más después de los efectos de la Pandemia, esto aumenta su complejidad. Reivindico un documento excepcional que fue aprobado por la Comunidad de Naciones que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) con metas tales como hambre 0 y eliminación total de la violencia, de la generación de sociedades justas e inclusivas, que los gobiernos rindan cuentas y que tengan como base el estado de derecho y la democracia.  Una persona muy polémica pero que ha asumido compromisos muy importantes como Bill Gates  dijo algo que concuerdo “el COVID 19 pudo haber retrasado llegar a las metas 2030, pero de ninguna manera podemos admitir que esas metas no siguen siendo un objetivo para el desarrollo de la humanidad”. En esa línea hay que trabajar, ahí hay una hoja de ruta por donde avanzar y creo que uno de los grandes desafíos de la humanidad, es la protección del medio ambiente, el cambio climático, temas que se vuelven esenciales porque estamos agotando el planeta para nosotros mismos y para las futuras generaciones. Se reclama una democracia fuerte, reclama una respuesta fuerte de parte del Estado y de todas las sociedades a los efectos de poder  lograr un desarrollo sostenible.

1. Sentencia de la Corte IDH de fecha 6 de febrero de 2020 en el caso “Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”. Disponible en //www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_400_esp.pdf
2. Sentencia de la Corte IDH de fecha 26 de agosto de 2021 en el caso “Bedoya Lima y otra vs. Colombia”. Disponible en: //www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_73_2021.pdf
3. Sentencia de la Corte IDH de fecha 1° de octubre de 2021 en el caso “Vera Rojas y otros vs. Chile”. Disponible en: //www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/037.asp
4. Caso “Manuela vs. El Salvador” presentado el 21 de marzo de 2012. Disponible en:
//reproductiverights.org/es/case/manuela-v-el-salvador-inter-american-court-of-human-rights/