El MSP respondió a Amnistía que la negociación para la compra de vacunas era confidencial

 

-Amnistía publicó su Informe Anual con análisis de lo que ocurrió en 149 países en 2020 y a la vez, publica un informe ampliado sobre Uruguay ¿Primeras conclusiones?

-El informe mapea el estado de situación de los derechos humanos en 149 países, a partir de las investigaciones que hace nuestra organización, que incluye recabar información de fuentes oficiales. La Pandemia nos marcó a “fuego”, el efecto fue global, representa una paradoja porque nadie quedó afuera, pero no afectó a todos por igual. Está crisis sanitaria deja al descubierto desigualdades que anteceden a la Pandemia. La contención de la misma, muestra debilidades que son económicas, políticas y sociales, para atender una situación de estas características. Las desigualdades se dan en un nivel geopolítico entre los países. Lo vemos en la negociación para la compra de las vacunas, pero también en la capacidad de los sistemas sanitarios de vacunar a su población. Los países ricos han acaparado la compra de las vacunas, muchas veces incluso surtiéndose con volúmenes mayores a los que necesitan, dejando a otros sin posibilidades de vacunar o con un rezago importante a la hora de lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño. Si miramos país por país, dentro de cada estructura social se reflejan desigualdades. El “Quédate en Casa” o la reducción de la movilidad para contener los impactos de la Pandemia, no es posible para todas las personas. No todas las personas tienen vivienda o condiciones socioeconómicas para quedarse en su casa. También tomemos en cuenta que el hogar no siempre es un lugar seguro, la violencia de género afecta a Uruguay, a la región y al mundo entero. Hay hogares donde niños, niñas, adolescentes y las mujeres, sufren violencia en forma sistemática. Entonces, el resguardo sanitario puede estar en el hogar, pero hay otras afectaciones físicas y sicológicas que también se plasman. Amnistía llama a los estados a garantizar los derechos humanos para todas las personas. Hay una iniciativa que está en la Organización Mundial del Comercio (OMS), de liberar las patentes vinculadas a las vacunas por COVID 19, para que tenga un efecto positivo en otras vacunas. Hay un manto de oscuridad en torno a la negociación para la compra de vacunas. Sucedió también en Uruguay. Amnistía hizo un pedido de acceso a la información pública al MSP y a Presidencia, para conocer las características de las negociaciones con los diferentes laboratorios, y la respuesta fue que esa documentación era confidencial. Esto no le pasa solo a Uruguay, sino a la mayoría de los países. En marzo, la propia Amnistía a nivel regional, publicó que esta situación aparecía como una constante en nuestros países. Esto no solo afecta el derecho a la información, sino a la posibilidad de tomar decisiones como ciudadanos respecto a nuestra salud.

(En relación al Pasado Reciente) los avances han sido muy menores, se ha encontrado solo el 3% de personas detenidas – desaparecidas, y solo 13 sentencias penales de más de 300 procesos. Las nuevas autoridades han señalado su compromiso de avanzar, en 2020 los avances han sido prácticamente nulos. Es una deuda histórica del país.

-En el capítulo ampliado sobre Uruguay, Amnistía hace referencia a “nudos estructurales” ¿Cuáles son esos “nudos estructurales”?

-Uruguay es un país reconocido en materia de derechos humanos, participando en los  mecanismos del sistema universal de Naciones Unidas, en el Consejo de DDHH, etc. Esto es muy positivo, que Uruguay se someta a rendición por “pares” y que intente mejorar su perfil. Esto no significa que todo esté saldado, de hecho alguno de los elementos que nuestra organización señala, informe tras informe, es la impunidad respecto a los crímenes ocurridos en el pasado reciente. Este es un “nudo estructural” que tiene el país, es una deuda persistente. Los avances han sido muy menores, se ha encontrado solo el 3% de personas detenidas – desaparecidas, y solo 13 sentencias penales en más de 300 procesos judiciales. Las nuevas autoridades han señalado su compromiso de avanzar, en 2020 los avances han sido prácticamente nulos. Es una deuda histórica del país. Los avances han sido marginales en relación a la magnitud de lo sucedido.

Nuestro Sistema Penitenciario tiene fallas estructurales, y con la LUC se aumentan las penas y se restringen las medidas alternativas a la privación de la libertad. Lo que hace es socavar un sistema que ya venía con mucha fragilidad.

-En el Informe anual Amnistía reitera su preocupación por la situación de la población carcelaria

-Tanto Amnistía, como otras organizaciones de DDHH y el Comisionado Parlamentario (Juan Miguel Petit), en varias ediciones de nuestro informe, denunciamos la situación crítica del Sistema Penitenciario. También es uno de los “nudos estructurales” que tiene Uruguay. El país sigue aumentando su población carcelaria, que se compone por varones jóvenes, y hay que entender lo que eso implica con una mirada de largo plazo. Uruguay es uno de los países con más alta tasa de prisionización de la región. Brasil, es el primer país con cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Uruguay ocupa el segundo lugar. Este es un dato muy preocupante. La aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) afecta al proceso penal, oportunamente Amnistía lo advirtió en el debate parlamentario, que podía significar una regresión en materia de derechos humanos. Nuestro Sistema Penitenciario tiene fallas estructurales, y con la LUC se aumentan las penas y se restringen las medidas alternativas a la privación de la libertad. Lo que hace es socavar un sistema que ya venía con mucha fragilidad y con claros indicios que no cumple el rol que debe cumplir. Una persona que comete un delito tiene la obligación de reparar por su accionar y el sistema debe brindar garantías para que esta persona pueda reinsertarse, esto no está sucediendo y las medidas que se toman van en detrimento que esto pueda ocurrir.

Una “marca” que tiene nuestra región, son algunos abusos que comete la policía en su desempeño. En el caso de Uruguay, también durante el debate parlamentario de la LUC, expresamos nuestra preocupación respecto a la legislación policial y específicamente en cómo puede afectar el derecho a la libertad de reunión y de expresión.

-Amnistía ¿tiene una visión crítica del accionar policial?

-Una “marca” que tiene nuestra región, son algunos abusos que comete la policía en su desempeño. En el caso de Uruguay, también durante el debate parlamentario de la LUC, expresamos nuestra preocupación respecto a la legislación policial y específicamente  en cómo puede afectar el derecho a la libertad de reunión y de expresión. En la LUC se le da potestad a la policía de disolver manifestaciones y reuniones que considere que son “piquetes”. La ambigüedad terminológica, la falta de precisión, ¿qué entendemos por “piquete”?, ¿qué tiene que estar sucediendo para que se considere que se trata de un “piquete”? Y que la policía debe actuar en consecuencia. Los términos son “resbaladizos”, lo mismo sucede con el concepto de “aglomeración” que está en la reglamentación del artículo 38 (de la Constitución) que regula la libertad de reunión en un contexto de crisis sanitaria. La pregunta que cabe es ¿qué se entiende por “aglomeración”?, ¿qué cantidad de personas se entiende como “aglomeración”? Esas imprecisiones son pasos hacia atrás en los estándares internacionales que el país reconoce. Nadie desconoce la relevancia que tiene la policía en resguardar el orden público, esto no está en discusión. Como funcionarios públicos, la actuación de la policía se hace en un marco regulado, las normas tienen que ser muy claras para dar garantías a todas las partes. Estas imprecisiones terminológicas, pueden dar lugar a arbitrariedades en el accionar policial.

 

-¿Se ha constatado que se configuró en algunas de las situaciones denunciadas abuso policial?

-Nosotros no tenemos instalado un observatorio. Hay organizaciones de la sociedad civil que sí trabajan en ese sentido. Lo que sí tenemos, son elementos que hacen pensar que estas situaciones podrían estar sucediendo, por tanto, hay que observarlo y actuar en consecuencia. Es importante articular desde la sociedad civil y junto a los actores públicos, que son quienes tienen responsabilidad de investigar sobre estos asuntos que hoy están sobre la mesa.

-Desde el Informe anual, ustedes plantean la necesidad urgente de dar los recursos que se necesitan, para terminar de implementar la Ley contra la Violencia de Género

-La violencia de género también es un “nudo estructural”. La Pandemia nos mostró de manera explícita, otra dimensión de derechos que están siendo afectados. La violencia de género antecede a la Pandemia, pero en este contexto, las situaciones aparecen todas juntas y a la vista, entonces hace necesaria la puesta en marcha de acciones y medidas que puedan articular no solo la dimensión sanitaria, que es muy importante, sino también la dimensión económica, social, el trabajo, la seguridad social, etc. La violencia de género es un problema en el país. La ley es un avance muy importante, pero ha quedado demostrado las dificultades que existen para su implementación. En la discusión del Presupuesto, estuvo en debate la eliminación de los juzgados multimateria. Finalmente, se logró que no se quitaran, pero a la hora de la asignación presupuestal, la Suprema Corte de Justicia indicó que no había recursos. Otra vez estamos en punto cero. Está la ley pero no los recursos. Durante los primeros meses de la Pandemia, el sistema de respuesta de la Intendencia junto al Instituto de las Mujeres  (Inmujeres) aumentó en un 80% la cantidad de llamadas que recibió.

 

-¿Hay preocupación en Amnistía por cómo está funcionando  la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?

-Es una ley importante, que Amnistía celebró cuando se aprobó, pero una característica distintiva de Uruguay es que por un lado ha avanzado muchísimo en materia de derechos humanos, pero tiene importantes rezagos en la implementación. Hay distancia entre la norma y su implementación. La ley de interrupción voluntaria del embarazo ha mostrado su efectividad, pero hoy día tenemos elementos de preocupación. La reglamentación prevé la puesta en marcha de un equipo multidisciplinario distribuido en todo el territorio nacional y esto a veces no se cumple, como por ejemplo en las zonas rurales, o en departamentos donde la mayoría de sus médicos son objetores de conciencia. El año pasado se constató la muerte de una adolescente (14 años) en medio de un proceso legal de interrupción del embarazo. Esta muerte está siendo investigada. 

La organización reconoce los avances en materia de derechos humanos en Uruguay, pero también decimos que tener una ley no significa garantizar el derecho de las personas.

-¿Qué recomendaciones hace la organización?

-La organización reconoce los avances en materia de derechos humanos, pero también decimos que tener una ley, no significa garantizar el derecho de las personas. Profundizar en esto es muy importante, la vigilancia, el monitoreo, la implementación de políticas públicas, el empoderamiento ciudadano. Esta es una primera consideración. Y una segunda consideración, es que en la próxima implementación de paquetes normativos, no se retroceda. En lo que Uruguay ha avanzado, profundizar y en los nuevos pasos que se den, no ir hacia atrás. En esto estamos poniendo nuestro énfasis.