Institución de DD.HH asegura que derogar Ley Trans sería un retroceso y tendría impacto devastador

Este lunes 22 de julio la INDDHH emitió un informe sobre el pre referéndum contra la Ley Integral para Personas Trans, N° 19.684, que se llevará a cabo el próximo 4 de agosto.

En tal sentido, la Institución entiende que los avances logrados en Uruguay para vivir con dignidad, “deben ser protegidos por la Ley y por la sociedad”.

Asimismo expresa que “los derechos humanos reconocidos a las minorías (sean raciales, religiosas, por opinión política, identidad de género, estado de salud, o posición económica, entre otras) no pueden ser anulados por la decisión de una mayoría, que siempre será circunstancial y cambiante”.

Por tal motivo, considera que la derogación de dicha Ley tendría un “impacto devastador sobre la protección de los derechos humanos y de las minorías en nuestro país”, y significaría un “retroceso en el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas”.

Comunicado

He aquí el texto del informe de la INDDHH.

“Sobre pre referéndum de la Ley Integral para Personas Trans. 22 de Julio, 2019

Informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) sobre la iniciativa de pre referéndum para derogar la Ley Integral para Personas Trans, N° 19.684.

El próximo 4 de agosto la ciudadanía podrá votar si decide habilitar una consulta popular para dejar sin efecto la Ley que reconoce derechos de las personas trans en Uruguay.

El voto del domingo 4 de agosto no es obligatorio. Solo quienes quieren interponer un recurso de referéndum en contra de la Ley necesitan acudir a votar ese día.

De alcanzarse la mayoría necesaria constitucionalmente en la jornada del 4 de agosto, se abre una instancia que puede tener un impacto muy importante en materia de derechos humanos en nuestro país. Por esta razón la INDDHH hace público un informe para que los ciudadanos cuenten con mayores elementos para tomar su decisión.

La Ley Integral para Personas Trans, vigente desde octubre de 2018, reconoce y protege los derechos humanos de las personas trans, sector de la población que ha sufrido durante décadas la discriminación, violación y la postergación de tales derechos.

Como consecuencia de esa discriminación, hoy en Uruguay las mujeres trans tienen una esperanza de vida de menos de 40 años. La mayoría de las personas trans sufre discriminación en el ámbito familiar, escolar y laboral. El 67% se han visto empujadas al trabajo sexual en algún momento de sus vidas, quedando expuestas a violencias y enfermedades.

Entre los derechos reconocidos a las personas trans por esta Ley se cuentan:

1. a) el derecho a la personalidad jurídica, para que logren que los datos en sus documentos (como nombre y sexo) coincidan con su identidad de género.
2. b) el derecho al trabajo, para que no se los discrimine en la búsqueda de empleo y se vean empujados a la marginalidad u obligados a vincularse al trabajo sexual.
3. c) el derecho a la educación, para que los jóvenes trans cuenten con las mismas oportunidades con que cuentan otros uruguayos.
4. d) el derecho a la salud, para que puedan abordar dignamente sus situaciones en esta área y adecuar sus cuerpos con su identidad.
5. e) el derecho a la vivienda, para que no sean postergados cuando buscan alquilar o comprar un lugar digno para vivir.
6. f) el derecho a la reparación, para las que fueron perseguidas por la dictadura por el simple hecho de ser trans.

Es de hacer notar que, contrariamente a lo que se ha dicho, los menores de edad son especialmente protegidos en esta ley. La ley requiere la autorización obligatoria de padres o representantes legales para realizar intervenciones quirúrgicas irreversibles.

La INDDHH entiende que los avances logrados en Uruguay para vivir con dignidad, deben ser protegidos por la Ley y por la sociedad.

Los derechos humanos reconocidos a las minorías (sean estas raciales, religiosas, por opinión política, identidad de género, estado de salud, o posición económica, entre otras) no pueden ser anulados por la decisión de una mayoría, que siempre será circunstancial y cambiante.

La INDDHH considera que la derogación de la Ley Integral para Personas Trans tendría un impacto devastador sobre la protección de los derechos humanos y de las minorías en nuestro país, significaría un retroceso en el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas y es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por la República”.