Trabajadores del taxi rechazan reapertura del registro de conductores por aplicaciones

El paro y la movilización del SUATT se realizaron en el marco de la reunión de la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental en la que se analizó la decisión de la Intendencia de Montevideo de reabrir el registro de conductores que trabajan con aplicaciones.

La Intendencia aseguró en su momento que Uber “cubre la demanda insatisfecha” de los taxis, y complementa el servicio de transporte de pasajeros en la capital.

Por su parte, tanto los trabajadores como propietarios de taxímetros rechazan la permanencia de Uber, y denuncian que perdieron “más de 1.000 puestos de trabajo”.

Resolución del SUATT

Días pasados el sindicato del taxi emitió una declaración en la cual manifiesta que no solo está en contra del “aumento de Uber, sino que deben ser echados y prohibidos, y se les debe cobrar (a las multinacionales, no a los choferes) lo evadido, las multas y moras por el tiempo que trabajaron en la clandestinidad”.

“La uberización de la economía, nombre que se le da a la ultra flexibilización de los servicios y las relaciones laborales, es un fenómeno mundial y el abanderado en este país es el intendente y su administración municipal”, cuestiona el sindicato.

Los trabajadores del taxi manifiestan también que tanto la Intendencia como Uber “hacen una gran pareja, en meses han logrado eliminar 1.000 puestos de trabajo del taxímetro y empujar a la pobreza a los que conservan el empleo”.

“Han creado los primeros 4.800 puestos de trabajo desprovistos de cualquier clase de derecho laboral”, cuestiona el gremio.

Expresan que la Intendencia “podría poner tope a la cantidad de autos por aplicaciones, pero prefiere dejar abierta la posibilidad de seguir dividiendo en mas partes la miseria”.

El SUATT también indica que el gobierno departamental podría “fijar una tarifa, pero prefiere que los usuarios paguen hasta un 500% más los días de lluvia y los horarios picos, y los días normales permitir a las multinacionales realizar dumping abiertamente”.

“La Intendencia delega la regulación del servicio público que le corresponde, a las corporaciones y su mano invisible”, denuncia el gremio.

Indica que la reapertura del registro “no tiene justificación”.