Gobierno envía a la Justicia a integrantes de banda que desalojaba a familias de sus hogares

En su momento las autoridades policiales recibieron denuncias de personas que habían sido desalojadas de modo violento de sus hogares por parte de un grupo del crimen organizado, que operaba en Casavalle.

A raíz de ello, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, ordenó en mayo la creación de la comisión coordinadora en materia de seguridad.

La voluntad del presidente Vázquez fue la de enfrentar “frontalmente y en forma ininterrumpida al crimen organizado, para garantizar los derechos de la ciudadanía, combatir acciones delictivas y reconstruir convivencia”.

Fue así que el Ejecutivo realizó en junio pasado un relevamiento de los habitantes de Unidad Misiones conocida como “Palomares” de Casavalle.

De las tareas participaron funcionarios de: la Dirección de Educación Policial, Dirección Nacional de Bomberos, del Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social e Intendencia de Montevideo.

Delincuentes devuelven las llaves

En tal sentido, este jueves 16 de agosto el prosecretario de Presidencia dijo que el trabajo interinstitucional realizado en Casavalle derivó en “resultados satisfactorios, con la demolición de casas ubicadas en la Unidad Misiones».

Allí también se realizó el tendido de energía eléctrica en varias manzanas y se remodeló la plaza pública.

“Evidentemente, el Estado y la institucionalidad reaccionaron con el objetivo de proteger a las víctimas de estas acciones, poner frente a la Justicia a quienes cometieron estos delitos, que por ser organizado requiere un trabajo sofisticado, y también dar una señal clara de la presencia del Estado en el territorio”, aseguró Roballo en declaraciones públicas.

Remarcó este miércoles 15 algunos integrantes de la banda delictiva fueron formalizados, “llevadas ante la Justicia para entregar las llaves de los hogares”.

Agregó que ello “fue un hito muy importante de efectividad que se realizó sin generar más violencia”.