STF podría declarar inconstitucional la detención de Lula

En las calles y en los tribunales los defensores legales y los seguidores de Lula da Silva darán la lucha para la liberación del exmandatario.

Por un lado los movimientos populares de Brasil que el sábado se instalaron en las afueras de la Policía Federal de Curitiba, donde se encuentra encarcelado Lula, prometen permanecer en el campamento hasta que Lula sea liberado. Mientras que por el otro lado los abogados van a insistir con recursos en la justicia.

Patrick Mariano, abogado y magister en Derecho, Estado y Constitución por la Universidad de Brasília (UnB) explicó a Brasil de Fato que “el camino jurídico ahora es luchar por la libertad del presidente Lula por medio de habeas corpus. La defensa ya los ingresó en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el Supremo Tribunal Federal (STF). Esos habeas corpus sólo tendrán éxito si la solidaridad y la movilización fueran contundentes».

En ese sentido recordó que «Lula es un líder reconocido mundialmente» y afirmó «tengo la certeza de que la solidaridad internacional y en Brasil van a sacarlo de la cárcel. Digo esto porque el derecho y la Constitución fueron ultrajados para que este encarcelamiento suceda. Solamente la movilización y la solidaridad pueden reestablecer la justicia para el presidente Lula”.

El abogado Ney Strozake, del Frente Brasil de Juristas por la Democracia, recordó que hay dos Acciones Declaratorias Constituyentes (ADC), que el Supremo Tribunal Federal (STF) podría discutir el próximo miércoles para declarar inconstitucional la detención de condenados en segunda instancia, tal como es el caso del expresidente Lula da Silva.

El ministro del STF Marco Aurelio Mello debe llevar a la Corte una ADC ingresada por el Partido Ecológico Nacional (PEN) para suspender la ejecución de la pena de condenados en segunda instancia, respetando así el derecho a amplia defensa y las posibilidades de recursos en todas las instancias, como prevé la Constitución brasileña.

A su vez existe otra acción similar presentada por el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) que también debe ser debatida por el Supremo.

Según reporta Brasil de Fato ambas ADC debieron haber sido juzgadas antes del recurso de habeas corpus que el STF rechazó la semana pasada y habilitó la encarcelación de Lula.

Las dos acciones están a la disposición de la presidencia del STF, Cármen Lúcia, desde diciembre de 2017. Dicho medio señala que el ministro Marco Aurelio solicitó varias veces el tratamiento de las acciones para uniformizar el entendimiento del Tribunal sobre el tema, pero que no obtuvo respuesta.

El tratamiento de dichos recursos podría hacer a un lado una sentencia del STF que contradice el texto constitucional que sostiene que todo sentenciado tiene derecho a seguir en libertad hasta que la sentencia sea firme.

Si la corte suprema modifica la norma que admite apresar a personas condenadas en segunda instancia pero que aún disponen de recursos judiciales, Lula podría ser liberado.

Para Valeska Zanin, abogada de la defensa del expresidente, es evidente la persecución política contra Lula debido a la forma autoritaria en que fueron conducidos el proceso y la sentencia.

“En el caso del apartamento triplex presentamos las pruebas de inocencia. Además de eso, los 73 testigos dijeron que él es inocente. Pero nada de eso fue considerado en la sentencia y Lula fue condenado”, dijo Valeska Zanin.