Roballo explica avances sobre reglamentación de la ley del cannabis en Uruguay
En diálogo con LARED21.TV, el Prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo afirmó que fueron un factor clave los cambios procesados en los organismos responsables de hacer cumplir con la implementación de la Ley de Regulación de la Marihuana “Luego agregó “hicimos lo que teníamos que hacer y hoy podemos decir que la ley está implementada y desplegada en todas sus posibilidades”.
Respecto al anuncio del incremento de tarifas a partir de enero próximo desde el Poder Ejecutivo, las propias empresas públicas señalaron la posibilidad de bajar el precio ¿Qué pasó entonces?
«Las empresas públicas contribuyen a las arcas del Estado porque eso decidimos los uruguayos cuando en la década de los ´90 votamos para que siguieran siendo públicas.»
Se trabajó en ese sentido, incluso el propio Presidente (Vázquez) lo indicó. Luego, cuando se va a tomar una decisión no se cita a una empresa en forma individual para ver como hacemos, lo que se hace es tomar todo el escenario y se analiza en forma orgánica, porque se trata de un sistema. Es decir, no podemos analizar la situación de UTE sin pensar en las demás empresas. Las empresas públicas en su concepción -y pensemos la decisión que tomamos la mayoría de los uruguayos en la década de los ´90, que fue que sigan siendo públicas, que sigan siendo solidarias y que aporten al “bien común”– implica que el análisis no es individual, aunque tiene una cuota individual porque como se habrá visto en UTE, se va a ajustar por debajo de la mitad de la inflación y en ANTEL se ajustará por inflación como ocurre cada año. No estamos ante un escenario excepcional, cada año se ajustan. En UTE no acompañó la inflación y en el caso de ANTEL se acompaño la inflación, pero en los hogares se tendrá el doble de velocidad de Internet, que es lo que la gente pide y quiere, y en los teléfonos móviles, por el mismo dinero, tendremos doble cantidad de datos. No hay un tratamiento de “tabla rasa”. Hacemos un tratamiento inteligente y de fondo. Las empresas públicas contribuyen al Estado, pero eso es lo que decidimos los uruguayos (referéndum del año 92), cuando fuimos a votar y dijimos que queríamos que siguieran siendo públicas. Las empresas, además de cumplir con su cometido esencial, contribuyen a las “arcas públicas”.
Si tenemos un Sistema de Cuidados que comienza a dar frutos, “gurisas y gurises” que en el pasado por tener familia no podía terminar sus estudios y hoy el Estado uruguayo le da cobertura de atención a sus hijos mientras ellos terminan los estudios. Ahí va el dinero de los uruguayos.
También se dice “el dinero de los uruguayos va para pagar las ineficiencias y las equivocaciones que se comenten desde la administración y se pone el ejemplo de ANCAP aunque no es el único” ¿El gobierno que responde?
Efectivamente el ejemplo de ANCAP es extraordinario, porque estamos hablando de un monto importante. ANCAP hizo muchas inversiones, se endeudó a la empresa para que estuviera a tono en el siglo XXI y se hizo de una manera no adecuada porque luego no dio los resultados esperados, se tomaron decisiones equivocadas y nos costó a los uruguayos porque queremos que siga siendo pública. Ahora a ANCAP ya no hubo que capitalizarla, ajusta por inflación y por el barril del dólar y además generó ahorros por 25 millones de dólares. Esto significa que se pudo hacer mejor y hay que reconocerlo, pero también que se corrigió y que se tiene que avanzar, pero no solo en ANCAP sino en los recursos que manejamos los funcionarios públicos todos los días. Ese es un paradigma de acción que no nos pone a salvo de cometer errores. Los errores hay que reconocerlos y rectificarlos.
Esta tercera administración del FA tuvo la responsabilidad de reglamentar la ley de regulación del cannabis. ¿Cómo ha sido el proceso y que debilidades subsisten?
«El pasado 5 de octubre es una fecha “simbólica” porque se entregó la primera licencia para la investigación científica y el uso medicinal del extracto de cannabis.»
Tuvimos debilidades al principio y creo que fue porque no ponderamos de forma adecuada que entrábamos en la etapa de implementación de la ley y que la estrategia de “justificación” ya no alcanzaba y entonces tuvimos que hacer cambios en los órganos que tenían que implementar la ley. Hoy a fines de 2017 podemos decir que tenemos todas las posibilidades que la ley establece, desplegadas e implementadas, es decir el uso no medicinal o recreativo en sus tres posibilidades: autocultivo, los clubes de membresía y la venta en farmacias, están funcionando con dificultades pero está funcionando. Incluso ante la amenaza del Sistema Financiero Internacional, no se cayó el sistema, se mantiene y va a crecer porque vamos a generar más herramientas y porque cada vez más las farmacias están interesadas y el mecanismo del expendio en farmacias es el que abarca a la mayoría de los usuarios y su preferencia de cómo acceder al cannabis. El registro de usuarios para comprar en farmacias se triplicó, mientras que los otros dos registros mantuvieron su nivel de cantidad de personas. Esa es una señal muy clara de la preferencia de la gente. El cañamo para uso industrial ya cuenta con 9 licencias y 1.200 hectáreas que están destinadas a producir cañamo para fibra y alimentación principalmente. El 5 de octubre pasado, se otorgó la primera licencia para investigación científica y uso medicinal de “extracto de cannabis” y ya hay otra pero esta fue la primera. Así desplegamos todos los aspectos de la ley. No es que nos podamos descansar, sobre estas dos últimas modalidades tenemos mucha expectativa porque pueden significar herramientas de desarrollo para el país, de diversificación productiva y de valor agregado, de industrialización y de herramientas para que la gente viva mejor porque la investigación científica y el uso medicinal generan expectativa. Trabajamos mucho, no ocurrió una catástrofe, tuvimos muchas dificultades externas e internas, estamos ante un proyecto novedoso que así como está planteado no existe en ninguna parte del mundo. Todas las dificultades las fuimos resolviendo, porque la norma está vigente y ustedes conocen al Dr. Tabaré Vázquez. Hay una indicación clarísima que tenemos que cumplir con el programa del Frente Amplio y tenemos que cumplir con las normas vigentes y lo tenemos que hacer bien.
Los años por venir 2018 y 2019 son siempre más complejos porque son años electorales. ¿Como es para el gobierno?
«La construcción del Ferrocarril Central no es solo para UPM sino para el desarrollo productivo del país.»
No voy a negar que todas las acciones se empiezan a “impregnar” de lo electoral, sería tonto no admitirlo, lo que tiene que hacer el gobierno es contaminarse lo menos posible. La definición es gobernamos hasta el último día. El 2018 no es un año electoral, me consta que estará todo impregnado por lo electoral. De hecho, para la oposición, la campaña electoral nunca culminó desde 2014 en adelante, siguen en campaña y lo van a incrementar, ese es un dato de la realidad. A su vez, al gobierno se lo empieza a “acusar” de que sus acciones tienen un contenido más electoral que material, pero nosotros tenemos que mostrar lo que se hace, porque nosotros tenemos la obligación de mostrarlo y la ciudadanía tiene el derecho a conocer y saber si estamos cumpliendo con el programa de gobierno. Ahí hay un juego de intentar interpretar el juego de uno y del otro. El mensaje del Presidente (Vázquez) es muy claro a trabajar con el programa que tenemos y por el cumplimiento de los objetivos planteados y no distraernos en lo electoral y a la vez mostrarle a la ciudadanía para que opine y nos diga si está de acuerdo o no.
«En 2018 habrá nuevo Ronda de Consejo de Salarios y será otro desafío (para el gobierno). Uruguay es de los últimos reductos en el mundo de “diálogo social” tripartito.»
Respecto a lo que queda, acabamos de hacer un cambio sustancial en el Código del Proceso Penal y eso implica mucho. Nosotros tenemos que acompañar este proceso y terminar de plasmarlo. Hicimos anuncios en materia de infraestructura, tenemos que terminar de implementarlo, no alcanza con llamar a licitación pública internacional para la construcción del Ferrocarril central, luego tenemos que llevarlo a cabo, eso exige energía y trabajo. El Sistema de Cuidados no ha tenido visualización pero le cambia la vida a muchas personas, principalmente a las mujeres que son las que hacen este trabajo “no remunerado” y ahora tendrán la oportunidad de estar auxiliadas por el Estado y poder incorporarse al mercado de trabajo, un contingente de estas mujeres incluso están más capacitadas que los hombres. En salud estamos trabajando para mejorar el sistema y abaratarlo. Tenemos el desafío de capacitar para trabajos que tendrán un nivel de sofisticación mayor, pensemos que hoy para subirse a un tractor hay que saber informática para poder entender el sistema que tienen. UPM es un desafío “brutal” para el Uruguay, pensemos el efecto derrame para la zona norte del país. Los departamentos del norte, son los que tienen las tasas más altas de informalismo y problemas poblacionales peores que las del resto del país, tenemos problemas con las fuentes “genuinas” de trabajo. Allí tendremos un emprendimiento que generará más y mejores capacitaciones, porque es un emprendimiento que genera mucho, habrá puestos directos, indirectos de trabajo y además las actividades “inducidas”. La construcción del tren no será solo para UPM, aunque la empresa tendrá un uso fundamental y por eso pagará un canon. La vía férrea será para el desarrollo productivo del país.
El año que viene habrá nueva ronda de Consejo de salarios, este será otro desafío. Al país ya vino dos veces el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Uruguay es de los últimos reductos en el mundo donde hay “dialogo social” tripartito, de trabajo decente y de garantías para las partes.
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