Asedio a la reputación

Lula, cada vez con más posibilidades de volver a ser presidente de Brasil al asumir la coordinación del Gobierno de Dilma Rousseff, está acusado de tener un apartamento que nunca fue suyo. Se ha convertido en el político más investigado por sus enemigos de la Judicatura y de la Policía Federal. A pesar de ello, nunca han encontrado nada que deshonrara al expresidente, quien además se ha presentando siempre para declarar sin ningún problema.

El ex mandatario, después de ser el presidente más exitoso que Brasil jamás ha tenido, dentro y fuera del país, volvió a vivir en en el mismo piso de antes, en Sao Bernardo do Campo, un barrio situado en la periferia de Sao Paulo que está habitado por empleados de la industria automotriz de la ciudad, donde él había hecho su carrera profesional de tornero mecánico y de líder sindical metalúrgico. Mientras que Cardoso, después de salir de la Presidencia, tiene, entre otros bienes, un piso en la Avenue Foch, en el barrio más rico de París.

El pasado lunes, una comisión parlamentaria dio luz verde a abrir un juicio político contra Rousseff. De los 38 diputados que votaron a favor del impeachment contra la presidenta brasileña, 35 están implicados en procesos de corrupción, mientras que nada se ha probado en su contra.

Asimismo, tratan de implicar a Evo Morales en unas supuestas acciones de favorecimento de una empresa privada a partir de una relación afectiva que tuvo en el pasado. Y buscan acusar también sin fundamento a Cristina en un supuesto caso de blanqueo de dinero.

Se trata de casos de persecución política, promovidos por la alianza entre los sectores del Poder Judicial y de los medios, unidos en combate contra la imagen pública de los líderes populares.

Esto demuestra que la derecha no puede competir contra estos dirigentes en la carrera democrática hacia las elecciones. De esta forma, intenta buscar la judicialización de la política, pretendiendo sacar de la vida política a estos jefes que cuentan con un amplio apoyo de la sociedad.

Utilizan la descalificación personal. Los gobiernos del PT habrían tenido éxito porque habrían financiado sus elecciones y reelecciones mediante procesos de corrupción. No han encontrado ningún dato, pero insisten en esas acusaciones. Tratan de desautorizar todo el proceso de inmensa democratización social que el país ha vivido durante esos años.

Intentan desacreditar las gigantescas trasformaciones que ha vivido Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Alegan a los comportamientos personales indebidos del presidente y a un documento universitario que comprueba que el currículum académico del vicepresidente es falso.

También, intentan criminalizar a Cristina, como si esto pudiera descalificar el rescate de Argentina que Néstor Kirchner y ella hicieron en la peor crisis de su historia.

Lo que tratan de hacer es ensuciar la imagen pública de los líderes populares, con reiteradas denuncias sin fundamento alguno, pero que, por la insistencia, crean sospechas respecto al comportamiento de estos dirigentes. Al mismo tiempo, intentan desviar los temas económicos, políticos y sociales hacia la corrupción, con la acción correspondiente del Poder Judicial.

El inmenso proceso de democratización social que ha vivido América Latina durante este siglo está en peligro si no se avanza en la democratización de la formación de la opinión pública y de la Judicatura.