El SMU expulsó a médica militar por su actuación durante la dictadura

Según las denuncias formuladas por cuatro ex presas políticas y ratificadas por cinco testigos, ante las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay, la doctora Rosa Marsicano era quien daba el consentimiento para que las presas siguieran siendo interrogadas y torturadas fuera del Penal de Punta de Rieles. «Firmaba los certificados médicos para trasladar a las reclusas al centro de tortura de Punta Gorda», afirmó Irma Leites, una de las denunciantes, ex presa política.

Según el fallo del Consejo Arbitral, presidido por el doctor Eduardo Navarrete, Marsicano en ningún momento tomó alguna medida terapéutica que tendiese a solucionar los padecimientos de las detenidas, varias de las cuales presentaban problemas psiquiátricos. Asimismo se le relaciona directamente con el fallecimiento de Norma Cedrés y Mabel Araújo, quienes se suicidaron, la primera en el calabozo (ahorcada) y la segunda al quedar en libertad.

En los considerandos del tribunal médico, se señaló que Marsicano ocupó «un cargo jerárquico en el Servicio de Sanidad del Penal de Punta de Rieles… y que en el desempeño de dicha función incurrió en omisión de asistencia en reiteradas oportunidades con riesgo para la integridad física y psíquica de las detenidas, por cuyo estado de salud debía velar».

Leites consideró además que la actual directora técnica del Hospital Central de las Fuerzas Armadas «podría estar en conocimiento de los bebés que nacieron en cautiverio», ya que junto al doctor Nelson Marabotto –quien también fue expulsado del Sindicato Médico– eran profesionales de confianza de Inteligencia Militar. El jefe de Inteligencia en el Penal de Punta de Rieles era en ese entonces Jorge Silveira, quien es señalado por varias organizaciones civiles de cometer violaciones contra los Derechos Humanos.

Durante el transcurso del análisis que realizó el SMU de las denuncias recibidas, la doctora Marsicano a través de una nota «agradeció» la invitación del Consejo Arbitral para brindar su testimonio y presentar los descargos que estimara pertinentes y respondió que no tiene «vinculación con los hechos imputados» ni con el Sindicato Médico, «desde hace muchos años»

El Sindicato Médico del Uruguay envió ayer su resolución a través de un mensajero, el que fue virtualmente expulsado del domicilio de la imputada sin lograr su cometido de entregar la notificación.

«Este podría ser el comienzo para investigar otros casos», dijo Leites a LA REPUBLICA quien reveló que la denuncia demoró mucho tiempo en concretarse, porque «Marsicano fue localizada recién cuando salió a luz su nombre durante la epidemia de Salmonellosis que afectó al Hospital Militar», en mayo de 1999.

En esa oportunidad, Marsicano apareció en los medios de comunicación negando lo que sucedía en el nosocomio, sin informar en tiempo y forma a la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Poco tiempo después se confirmaban las denuncias periodísticas sobre la existencia de más de 100 casos de Salmonellosis en el Hospital castrense.

«Incompatible con la ética médica»

El SMU desestimó las explicaciones de la profesional, en torno a que ya no tenía vinculación con el gremio médico desde hace varios años. «Marsicano no está desvinculada, sino que se encuentra morosa en el pago de la cuota social, teniendo su afiliación suspendida, por lo que su no comparecencia ante el Consejo carece de toda justificación, vulnerando el respeto y la consideración que todo socio debe tener ante las autoridades de su Sindicato», señalaron las fuentes consultadas.

El fallo del Consejo Arbitral entendió que la doctora Marsicano «ha vulnerado principios y normas éticas que guían el ejercicio de la profesión médica», y detalla varias declaraciones internacionales que refieren sobre el punto.

La gremial médica analizó, tras el retorno a la democracia, la actuación de los galenos que durante la dictadura colaboraron con la represión y es la única institución de la sociedad uruguaya que sancionó a los afiliados que encontró responsables.

Este es el tercer caso de un médico expulsado por el SMU, por colaborar con el gobierno autoritario que usurpó el poder durante doce años.

En el último período, además de la destitución de Marsicano y Marabotto, el año pasado a partir de una denuncia publicada en LA REPUBLICA se anuló un premio otorgado al médico Salomón Cizín, por su actuación durante el período militar. El SMU también lo expulsó de sus cuadros gremiales.