Investigación por desvío de coimas involucra a más empresas uruguayas

El matutino argentino Página 12 informó el miércoles pasado que «el magistrado llamó a Hugo Martínez Viademonte, ex secretario de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia, a testimoniar el próximo 8 de Octubre en su juzgado. También libró distintos oficios para conocer los nombres de los titulares de cuentas bancarias radicadas en Suiza, Uruguay y Nueva York».

El matutino agrega que «en la sede neoyorquina del Citibank, Urso pretende conocer quién es el operador de la cuenta 36977649. Por eso, en su oficio preguntó a las autoridades estadounidenses si la cuenta estaba a nombre de la empresa Daforel, o de la financiera Multicambio. En sus preguntas, el magistrado quiere saber si esa cuenta no era manejada por los titulares de la financiera de la calle Sarmiento al 400. Por eso incluyó en el posible listado de operadores de dicha cuenta a Pedro Stier, René y Sergio Matalón, José y Débora Schayo. En el año 96, Aníbal Ibarra había denunciado que la cuenta del Citi estaba a nombre de Daforel y/o de Piano International Corporation.

En su testimonio, Ibarra había afirmado que «en dicha cuenta se depositaba solamente dinero negro, o azul como se lo conoce en la jerga financiera».

La declaración de Ibarra precisaba también que «las constancias sobre esa cuenta –que también alternativamente puede estar a nombre de Piano International Corporation– eran celosamente guardadas en una caja de seguridad del entonces Banco Federal, de Sarmiento y Reconquista. Claro está que esa caja de seguridad no estaba a nombre de Multicambio sino de dos empleadas».

La insistencia de Urso se explica porque la Justicia norteamericana durante varios años rechazó los exhortos que despachaba desde Comodoro Py. Algo que parece haber cambiado cuando remitió a la Argentina seis cajas con documentación sobre la cuenta que Daforel tenía en el MTB Bank de Nueva York».

 

Noticias urgentes para la Justicia

 

Hace dos semanas, la fiscal de 2º Turno de Maldonado, María Gabriela Fossati, inició de oficio una investigación a partir de informaciones publicadas por LA REPUBLICA que, recogiendo lo revelado por la diputada argentina Elisa Carrió, informó de la existencia en Punta del Este de una empresa vinculada al lavado de dinero de los cárteles de Cali, Medellín y Juárez.

Se trata de South Pacific Trade SA, vinculada al empresario colombiano Oscar Cuevas, acusado por la Justicia de ese país de haber lavado centenares de millones de dólares de los cárteles de la droga. Esta empresa tiene sede en Gorlero y la 21, y la Justicia uruguaya trata ahora de precisar información en la DGI y el BPS.

A su vez, la Comisión de Diputados argentina que investiga el lavado de dinero, corroboró que existe otra empresa vinculada de nombre similar, South Pacific Trading SA con sede en Montevideo.

Fuentes de la mencionada comisión dijeron a LA REPUBLICA que «ambas empresas son controladas por Pacific SA, que ha sido identificada como la off shore de Exprinter Casa Bancaria». Según lo establecido por la comisión presidida por Carrió, Pacific tiene sede en Juan Benito Blanco 3254 apartamento 1701, sus directores registrados ante la DGI son Julio Paolillo y Alma Bolani desde el 9 de agosto de 1984. Esta empresa traspasó 20 millones de dólares a sus cuentas en el Federal Bank, propiedad de Raúl Moneta.

Exprinter es propiedad de Alfredo Folle quien también aparece como director de Piano International Corporation SA, con sede en Circunvalación Durango 1380, apartamento 4. Las cajas enviadas por el Senado de los EEUU a la comisión argentina demuestra que a través de la American Exchange, Piano International le transfirió 12 millones de dólares a Daforel SA.

La investigación del juez Urso y la de la Justicia uruguaya derivaría ahora hacia las vinculaciones de Exprinter con South Pacific Trade y Daforel.

 

Mercado Abierto y sus testaferros uruguayos

 

La relación de la financiera Mercado Abierto con empresas uruguayas se descubrió a partir de la investigación iniciada por el ex director nacional de Policía, inspector (r) Roberto Rivero, sobre la operativa del Cártel de Juárez en Uruguay.

Las presunciones contenidas en un oficio policial enviado al Juzgado de 4º Turno de Maldonado a cargo de la magistrada Fanny Canessa, fueron corroboradas puntualmente por el periodista Andrés Oppenheimer en su libro «Ojos Vendados», por la investigación realizada por el senador estadounidense Carl Levin y la comisión investigadora de Diputados argentina, presidida por Elisa Carrió.

Esa investigación demostró que uno de los operadores de Mercado Abierto en Uruguay era Ramón Díaz, quien a través de Lafez SA operaría una Bolsa de Valores a Futuro en Uruguay. Sin embargo el permiso operativo de Lafez fue negado por el Banco Central a fines del año pasado, después que se desatara el escándalo y se demostraran los vínculos de Mercado Abierto con el lavado de dinero del narcotráfico.

Ramón Díaz, ex fundador de Búsqueda, ex presidente del Banco Central del Uruguay, era el presidente Lafez SA. El vicepresidente de esa empresa era Luis Gallardo, sindicado como operador financiero del Cártel de Juárez en la región. Según informaron a LA REPUBLICA fuentes de Lafez SA, «Gallardo falleció después de abril» del año pasado, pero la causa se desconoce.

Según dijo Abel Reynoso, ex jefe regional de la DEA, a la revista Noticias en la edición del 31 de julio de 1999, entre los nombres uruguayos considerados piezas claves en el lavado de dinero y que eran objeto de investigación por la agencia antidrogas figuran «el uruguayo Carlos Fedrigotti que presidió el Citibank en su país y fue el encargado de negociar la deuda externa como acreedor de ese país durante el gobierno de Lacalle. El negociador por el Estado fue Ramón Díaz, un abogado que había sido asesor de Fedrigotti en el Citi. Hoy Fedrigotti es el presidente del Citi en la Argentina y de la Cámara de Comercio Norteamericana en el país».

Fuentes cercanas a Carrió señalaron a LA REPUBLICA que «las cajas de Mercado Abierto que llegaron a la Comisión revelan los nombres de conocidos empresarios uruguayos como presuntos testaferros de esa financiera en Uruguay. Esas personas habrían comprado decenas de propiedades en Punta del Este, Montevideo y tal vez en Miami, empleando dinero del narcotráfico».

Por lo pronto LA REPUBLICA corroboró la existencia de tres empresas radicadas en nuestro país, Larenir, Anebi y Saltur, propiedad de empresarios argentinos vinculados al Cártel de Juárez y de las que aún no se sabe qué propiedades tienen en Uruguay.

Saltur es presidida por Jaime Martínez Ayon, en tanto Larenir la integran Mirta Beatriz Llera y Nicolás Di Tullio, ambas empresas fueron construidas y tienen su dirección fiscal en el estudio del escribano Javier Morassi.

A su vez Anebi, también integrada por Llera y Di Tullio, tiene sede en Maldonado s/n esquina Sarandí, de la ciudad de Maldonado, pero no se tiene información sobre cuál fue el estudio participante. *