Junta de Drogas pretende que adictos en recuperación trabajen en el Estado

El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, expresó que cualquier abordaje de la problemática de la doga y la reducción de la demanda debe abordar tres ejes fundamentales de acción: «la prevención, el tratamiento y la inserción».

En tal sentido, la Junta Nacional de Drogas trabaja, en función de esos tres aspectos, para lograr el desarrollo de políticas de inserción en articulación con otros actores.

Calzada ejemplificó que existen acuerdos con Enseñanza Secundaria para intentar que a los jóvenes que están consumiendo drogas «nos se los sancione con la expulsión y el apartamiento del sistema, porque si no se hace más daño que el bien que se genera».

Adelantó que desde la Junta de Drogas se está trabajando en el desarrollo de un protocolo de modelo de proyecto de inserción laboral en apoyo con las empresas públicas. «El objetivo es facilitar la inserción laboral de personas que estén en atención y tratamiento y que han superado la etapa de internación; más allá de la formación, la idea es concretar un proceso conjunto de formación y trabajo».

Por otro lado dijo que el problema de países como Uruguay, que pasaron por crisis económicas, es que deben apoyarse en la inclusión social. «Entonces todas las políticas que apunten a la inserción son las que importan. El principio es que a menos exclusión y vulnerabilidad será menor la posibilidad de que nos encontremos con problemas».

El jerarca dijo que en este tipo de problemáticas no importan los sectores sociales, aunque los de mayores ingresos han podido desarrollar «mejores recursos cognitivos y emocionales que le permiten afrontar las dificultades vinculadas a la adicción».

En función de estas situaciones, todas las políticas de Estado que se vienen desarrollando tendientes a la inclusión «contribuyen a minimizar el uso de la droga».

«No obstante, en virtud de que el país tiene un 14 % de pobreza y sectores excluidos, cuando estas situaciones se dan las atacamos desde el tratamiento de los sectores problemáticos para llevar las políticas al 100 % de los usuarios, a través de programas de tipo comunitario o de carácter ambulatorios como los centros de día o de internación», explicó.

Calzada explicó que de todas maneras las personas que se vinculan a cualquiera de los programas «de abordaje comunitario, los centros de día, de atención ambulatoria o internación, tienen que tener en el horizonte la posibilidad de una salida y la inclusión, que puede ser de carácter educativo o laboral, lo que se encuentra en función de la edad de la persona y las capacidades y habilidades que hayan podido incorporar y desarrollar en forma previa».

Recordó que en julio pasado la Junta firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Educación y Formación Profesional (Inefop) para la aplicación de dos experiencias piloto que serán generalizadas en 2012 y tienen el objetivo de «establecer proyectos específicos para usuarios de centros de internación». Este programa registró un índice de deserción «muy pequeño», porque de los jóvenes que desarrollaron la experiencia, «solo un 14% lo abandonó».

Dijo además que la propuesta de trabajo está orientada a las personas en proceso de tratamiento, «se trata de unos 2.500 jóvenes en todo el país que fueron atendidos en los centros de gestión estatal de internación: «el Portal Amarillo, El Jagüel, en Maldonado y Casa Abierta en Artigas».