El Frente Amplio establecerá en 2012 las bases para la madre de todas las reformas

El año 2012 traerá noticias de algo que no es noticia. En el 2012 comenzará a funcionar una comisión especial del Frente Amplio propuesta en el penúltimo plenario de esta fuerza política, que tendrá como cometido establecer las bases programáticas y políticas para una severa y amplia reforma constitucional. Además, esta comisión que lenta pero sin pausa está siendo integrada por técnicos y académicos, deberá estudiar y plasmar las bases para la convocatoria de una convención nacional constituyente. Hasta aquí, la noticia. La no noticia es que esta probable convención nacional constituyente deberá proponer cambios en el sistema parlamentario uruguayo; un paradigma en el que han trabajado, pensado y escrito decenas de personalidades de todos los pelos políticos desde que el país es país y siempre sin el más mínimo éxito. José Ellauri fue el responsable de informar ante la Asamblea General sobre el contenido de la primera constitución que tuvo el país cuando recién comenzaba como tal a desperezarse allá por 1830. Ilustraba él sobre lo acertado del carácter bicameral que debería tener nuestro Poder Legislativo aunque, según las crónicas de entonces, él era en el fondo un convencido y ferviente defensor del unicameralismo; un parlamento sin senadores ni diputados. Sólo una cámara con representantes elegidos directamente por el pueblo.

Sembrada sin querer esta polémica a comienzos del Siglo XIX, al ilustrado Ellauri le siguieron muchos otros tan ilustrado como él que se encargaron de escribir ríos de tinta en libros y periódicos a favor o en contra, a capa y espada, de un Poder Legislativo con dos o con una sola cámara de representantes.

El legislador José Salgado a principios del Siglo XX defendía el unicameralismo. Emilio Frugoni hacía lo propio en 1917.

Mientras el debate se desarrollaba en la prensa (son incontables los editoriales del diario El Plata), en las radios, en clubes y en las esquinas de un Uruguay pretérito más politizado y muy Art Nouveau, el Parlamento siguió andando, se fue consolidando y nunca llegó a ser de otra manera de como lo conocemos desde siempre: bicameral.

Ninguna reforma genera tanta polémica y resistencia como la que directamente atañe al propio Poder Legislativo. Quizá sea esto porque en el Parlamento es donde anida el sistema político por excelencia y ante el menor atisbo de modificar su propio sistema se prenden todas las alarmas que bloquean cualquier iniciativa. O tal vez sea porque el carácter perentorio de la investidura del legislador y de saber en el fondo que únicamente son representantes de alguien, los invade una suerte de no pertenencia e inconsciente desapego. Es una responsabilidad que se ven obligados a desempeñar por gracia del voto ciudadano por lo menos durante cinco años siempre y cuando no sobrevenga un desafuero; algo tan raro de ver que en el último cuarto de siglo ocurrió en solo tres casos, y en uno el desafuero fue voluntario.

Los primeros movimientos

Salvo para los japoneses que ven en la adversidad el mejor escenario para cambiar y tratar de mejorar, en Uruguay, cuando nos sumergimos en la crisis del año 2001, algunos legisladores propusieron la odisea de reformar el sistema parlamentario. Su costo en mantenimiento y sueldos de los legisladores fue la chispa que encendió aquella propuesta. A 11 años de aquel intento ya sabemos que no tuvo andamiento.

Ahora, desde hace algunos meses se viene pensando en lo mismo aunque no se fundamentan en los argumentos de 2001. Nadie habla de elevados costos en sueldos ni de demasiada infraestructura. Hoy, la necesidad de reformar el sistema parlamentario pasa por la representatividad y, aunque parezca un oxímoron, se pretende un legislativo más ejecutivo.

La reformulación del Poder del Estado deliberativo por excelencia llegaría hasta la forma en que los ciudadanos pasarán a elegir a sus representantes. Ya no tendrían cabida los legisladores electos en cada departamento y la proporcionalidad estaría en franca discusión.

Uruguay se dividiría políticamente en áreas o regiones y la caprichosamente forma de ver al país delimitado por líneas fronterizas departamentales sería, en caso de prosperar, sólo una marca en la cartografía o, en el mejor de los casos, un recuerdo.

Paradójicamente, la legisladora que en la última elección obtuvo ella sola la mayor cantidad de votos es la que impulsa este cambio radical en el sistema jurídico parlamentario. O es, por lo menos, la cara más visible.

«Por el volumen poblacional que tiene el país lo mejor sería que exista una sola cámara legislativa. Dos cámaras en el Parlamento es demasiado», repite la senadora Lucía Topolansky cada vez que se la consulta sobre como visualiza en un futuro el sistema jurídico del Poder Legislativo.

En ese argumento la ayuda, precisamente, la tendencia demográfica que va delineando el actual censo poblacional que aún no finalizó. En Uruguay apenas estaríamos superando los 3 millones de habitantes.

Pero para que exista una sola cámara legislativa hay que también revisar la forma en que se eligen a los que la vayan a integrar. Y Topolansky también tiene para ello una respuesta. Habla de reformular administrativamente todo el Uruguay y, en lugar de los 19 departamentos, conformar cuatro o cinco grandes áreas o regiones geográficas. De esto algo ya se está consolidando al proponerse grandes zonas a aplicar administrativamente en materia de Educación.

Cinco serían los distritos: dos ubicados al Norte del río Negro y dos más al Sur, más el área metropolitana conformada por Montevideo y las zonas urbanas de Canelones. «Esto sería más racional y la labor legislativa sería mucho más ágil sin tener que llegar a la necesidad de simplificar la discusión de las leyes cosa que no se pretende».

Hay algo de cierto en la propuesta que encarna la legisladora Topolansky y que nadie puede rebatir. Casi nunca, por lo menos en la cámara de Diputados, se ha podido ver a sus 99 integrantes todos juntos. Ni siquiera para la fotografía oficial el día en que se abre una nueva legislatura. Ese hecho machaca la conciencia de aquellos que proponen reducir de dos a una cámara y hasta la cantidad de sus integrantes.

El número de representantes sería algo que también se reduciría, a criterio de la senadora. Piensa un parlamento con algo más de 100 integrantes. Hoy, sumadas las dos cámaras, hay 130 legisladores: 99 en diputados y 31 en el Senado incluido el presidente de la Asamblea General.

¿Quién se negaría a tamaña empresa? La respuesta es muchos. Tantos o casi la misma cantidad de los que firmarían ya y sin temblarles el pulso, por un parlamento unicameral.