El maestro Julio Castro y el Estado terrorista

A la sorpresa inicial, siguió un sentimiento de indignación que fue creciendo con las horas. El terrorismo estatal quedaba una vez más al desnudo en todas sus dimensiones de degradación de la condición humana. El jueves 1 el gobierno informó que los restos óseos ubicados en octubre en un predio militar de Canelones pertenecían al maestro Julio Castro, desaparecido hace 34 años. El hecho nuevo fue la conclusión a la que arribaron tres médicos forenses: los asesinos, después de torturarlo, de romperle una costilla, lo habían matado con un arma de fuego, provocando un «estallido de cráneo».

Según el informe final de la Comisión para la Paz (2003), sus restos habían sido «primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo, y después exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados en el Río de la Plata». El informe del Comando General del Ejército del 8 de agosto de 2005, era coincidente, salvo en el destino final: «Sus cenizas y restos (fueron) esparcidos en la zona».

Todo falso, al igual que las versiones que indicaron durante años que Castro era una persona mayor, con su salud delicada y no soportó el rigor de los interrogatorios a los que fue sometido en aquel aciago agosto de 1977 en una cárcel clandestina de Montevideo que dependía del Servicio de Información de Defensa, SID (la inteligencia militar). No fue su corazón el que colapsó. Lo atormentaron y después lo ultimaron, de uno o más balazos.

A dos meses de su desaparición, la Policía publicó un aviso con su foto en los diarios, pidiendo la colaboración pública para ubicarlo. Sin embargo, «cinco días después de este comunicado, apareció otro (haciendo saber) que Julio Castro había viajado a Buenos Aires el 22 de setiembre, en vuelo de la compañía oficial Pluna», reseñaba el propio Carlos Quijano, exiliado por entonces en México, en la revista Proceso. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA reclamó ante el gobierno argentino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de ese país informó el 19 de diciembre de 1977 que había alguien con ese apellido registrado, pero nunca se presentó en el aeropuerto de Carrasco. «En consecuencia no registra ingreso a Argentina en esa fecha ni tampoco ninguna otra posterior», dice el documento. Ese vuelo, además, nunca arribó a Ezeiza: una tormenta obligó a la aeronave a regresar a Montevideo. En ella viajaba un periodista uruguayo (el crítico literario Ruben Cotelo), que lo conocía bien a Castro, y nunca lo vio.

«No sorprende la desaparición, conocidos los usos y costumbres de la dictadura uruguaya, -decía Quijano en Proceso-; lo que sorprende, en cambio, es la burda construcción de la mentira(…) solo cabe pues, una de estas posibilidades, -añadía el fundador de «Marcha»-, o Julio Castro sigue detenido por la dictadura; o Julio Castro, murió o lo mataron, en la prisión (y) para ocultar lo primero o para eludir la responsabilidad de lo segundo, se ha urdido ahora la siniestra patraña del viaje o de la ‘huida’ a Buenos Aires».

Castro se convirtió en el tercer detenido desaparecido de la dictadura (1973-1985) cuyos restos fueron localizados, a partir de la histórica decisión del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010) de permitir que la Justicia actuara libremente (interpretando de otro modo la Ley de Caducidad), se abrieran las puertas de los cuarteles y los antropólogos ingresaran y comenzaran a investigar in situ. La información que poseían estaba «contaminada» por datos poco fiables, pero alguien le hizo llegar al secretario de la presidencia Gonzalo Fernández un sobre cerrado con un croquis, y en otra unidad militar (el predio del Batallón de Infantería Blindado Nº 13), fueron encontrados en diciembre de 2005, «bajo una capa de material de construcción», los restos del escribano Fernando Miranda, desaparecido en noviembre de 1975 y muerto por un golpe de karate en un centro de detención y tortura de prisioneros políticos (el «300 Carlos», en un galpón al fondo de esa unidad), en diciembre de aquel año. En este caso, el régimen también dijo públicamente que Miranda había viajado a Buenos Aires.

En ese mismo mes de 2005, y como consecuencia del informe oficial de la Fuerza Aérea (FAU) al presidente Vázquez, los antropólogos encontraron en una chacra cerca de la ciudad de Pando (Canelones) la osamenta de Ubagesner Chaves Sosa, un obrero metalúrgico detenido en febrero de 1976 y muerto en una sesión de tortura en el comando de la aeronáutica (base Boiso Lanza), en junio de ese año.

Tanto Chaves Sosa, que era dirigente sindical, como Miranda ­catedrático de derecho civil de la Universidad, y secretario de la Junta Electoral de Montevideo-, fueron víctimas de la operación Morgan, lanzada el 20 de octubre de 1975 para desarticular especialmente al clandestino Partido Comunista, con miles de detenidos conducidos a varias cárceles secretas, sometidos a tratos «crueles, inhumanos y degradantes», como define Amnesty Internacional a la tortura y enviados por años a la cárcel, por la denominada «Justicia Militar». El saldo de ese operativo, fueron 12 muertos y 16 detenidos-desaparecidos, según las investigaciones hechas en democracia.

El listado de los horrores de aquel tiempo es enorme. Los antropólogos dijeron esta semana que parece confirmarse la existencia de la Operación Zanahoria, -inicialmente reconocida por el general Alberto Ballestrino en la revista «Posdata» a finales de la década de 1990-, y en el Batallón 14 llego a existir un verdadero cementerio clandestino.

Los restos fueron desenterrados y destruidos por 1984, a poco de la reasunción del gobierno democrático. Eso no ocurrió con María Claudia Irureta de Gelman, que seguiría sepultada en ese predio de 400 hectáreas. Las investigaciones siguen su curso, y parece existir otra sensibilidad en la conducción castrense, que parece tener claro que no hay reconciliación real de la sociedad oriental, sin verdad y justicia.