Senadora Xavier e Iglesia Católica vuelven a chocar en el Parlamento sobre el aborto

La Comisión de Salud del Senado recibió ayer a las tres delegaciones en el marco del análisis del proyecto de ley de la senadora socialista Mónica Xavier, de interrupción voluntaria del embarazo.

Varias organizaciones en representación del frente social que apoya la despenalización y legalización del aborto expresaron su postura, entre ellas: el Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT, Amnistía Internacional y Mujer y Salud en Uruguay (Mysu).

Durante las presentaciones se dio el intercambio de posiciones entre la senadora Xavier y los representantes de la Conferencia Episcopal. Xavier explicó que la interrupción del embarazo está prevista durante las 12 primeras semanas y fueras de las cuales solo ante situaciones que tienen que ver con: «una malformación grave incompatible con la vida extrauterina que ponga en riesgo la salud de la mujer, o con una enfermedad o agravamiento de una patología previa y situaciones de abuso sexual y violación».

A la vez indicó que «se busca argumentar a través del proyecto legal a través de una ficción». La legisladora añadió que «si eventualmente hay que crear una figura penal para algunas situaciones fueras de los plazos dispuestos por la norma eso está pendiente de discusión».

Gabriela López, secretaria ejecutiva de la Conferencia Episcopal Uruguaya remarcó que para la Iglesia «existe vida desde el momento de la concepción», criticó que «la cantidad de abortos en el mundo ha aumentado en aquellos países donde se legalizó, como por ejemplo: Estados Unidos, España y Reino Unido».

Cuestionó que el proyecto de ley «permite que el aborto esté legalizado durante los 9 meses del embarazo, solamente por voluntad de la mujer, porque si bien se habla de las 12 semanas, en el artículo 15 se menciona que se derogan todos los artículos del Código Penal que consideran al aborto un delito, y en el artículo 9 del capitulo 2 se menciona que es un acto médico, entonces si además es un derecho se puede hacer durante todo el embarazo».

Se refirió, por otro lado, a las «presiones internacionales» para legalizar el aborto.

«El fin es controlar la población para que grupos financieros de poder, como las fundaciones Rockefeller, Fort o McArthur, puedan dominar el mundo».

A la vez, señaló que el pacto de San José de Costa Rica «obliga a los países a defender la vida desde la concepción».

Lilián Abracinskas, coordinadora de Mysu, dijo que «el problema del aborto es de salud y derechos». Una postura intermedia fue planteada por Laura Rozenbaun, presidenta del Comité Central Israelita, quien dijo que su colectividad «tiene una posición abierta».

Expresó que la experiencia israelita al respecto ha tenido en cuenta las fuentes religiosas, médicas y civiles para legislar. Remarcó que el aborto es «solo una opción ante circunstancias extraordinarias validas. No se lo prohíbe a ultranza, pero tampoco se lo admite en forma simple».