Ministro Brenta: «Hay una dirigencia sindical que defiende viejas prebendas»

¿ Cuál es su evaluación sobre la situación salarial de los trabajadores?

La realidad indica que si comparamos setiembre de 2011 con lo que ocurría en 2006, los ingresos salariales aumentaron 32,5%. Las pasividades, que se ajustan por el Índice Medio de Salarios, acumularon un incremento real de 29,8%. Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia se incrementaron en 19,8%. Estos no son datos discutibles. En ese período de marzo de 2006 a setiembre de 2011 se crearon 250.000 puestos de trabajo y 40% es empleo no calificado; eso significa que el que busca empleo lo encuentra. Además, la informalidad en marzo de 2005 era de 39,9% y ahora es de 28,4%. El primer impacto de todo esto será una fuerte caída de la pobreza.

 

¿Por qué entonces el gobierno recibe tantas críticas desde el sector sindical?

Los uruguayos no evaluamos en su profundidad la crisis de 2002. Cualquier indicador en ese año tenía un techo o un piso, siempre negativo. Después el mundo atravesó la crisis de 2008­2009 pero como Uruguay había comenzado su proceso de recuperación, nadie se dio cuenta. Hubo impactos sectoriales que se amortiguaron con diversas medidas. Hoy las jubilaciones y pasividades están superando los niveles precrisis y se han recuperado derechos con grados de sindicalización que la OIT destaca permanentemente. El PIT-CNT pasó de 120.000 a 350.000 afiliados, con un porcentaje muy importante de trabajadores privados que ya hoy no tienen miedo a sindicalizarse porque tienen garantías.

También es cierto que en este último período las críticas más duras llegaron desde los sectores públicos…

Los trabajadores más perjudicados a partir de los años 90 siempre fueron los privados porque tenían niveles salariales inferiores y porque la sindicalización iba prácticamente de la mano del despido. Cuando los empresarios se quejan hoy de un desbalance con los trabajadores, en realidad olvidan que despedían a diestra y siniestra cuando los trabajadores se organizaban. Creo que estas conquistas son apreciadas por la población y los trabajadores en general. Hoy tenemos 1.400.000 personas registradas en la seguridad social y 350.000 trabajadores en el PIT-CNT, o sea que hay un millón de trabajadores que no están siquiera afiliados y si fuéramos a números de participación la cantidad sería aún inferior. Nosotros siempre dijimos que queremos un movimiento sindical fuerte, representativo. A nivel público la situación es diferente.

 

El dirigente de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) Joselo López ha dicho que con el gobierno de Jorge Batlle los trabajadores tenían más derechos que ahora. ¿Qué opina?

Es absurdo. El salario real de los trabajadores públicos siempre ha estado por encima de los trabajadores privados. O sea que además de la estabilidad laboral siempre han tenido mejores niveles salariales salvo, precisamente, en el período de Batlle, cuando el salario público y el privado estuvieron muy cerca y no porque subiera el privado, sino que ambos cayeron.

 

¿Entonces a qué adjudica dicha afirmación?

Creo que había una lógica en el Estado uruguayo, en particular en la Administración Central, de reparto interno con escasísima participación interinstitucional. Los ministerios se repartían por partidos y no había políticas comunes. Eso llevó a otorgar prebendas sin tener una visión de lo que debería ser la gestión del Estado. No había una carrera funcional, se ingresaba por recomendación y muchas veces, para compensar la falta de aumentos salariales, se otorgaban otras prebendas. El que hizo la mejor síntesis de todo esto fue Lacalle con «ustedes hagan como que trabajan, yo hago como que les pago». Para el trabajador público su tarea era el segundo empleo y su posibilidad de desarrollarse y crecer a nivel de su carrera funcional estaba directamente vinculada a su filiación política.

 

¿Cree que hay resistencia al cambio?

Cambiar las reglas de juego implica un shock cultural que, en este gobierno, comenzó con el régimen horario. Fue muy complicado establecer que había que cumplir seis horas de trabajo porque en muchos lugares se había canjeado salario por horario.

La transformación cultural que implica ser beneficiario de un empleo público que constituye un segundo ingreso a pasar a un escenario donde el trabajo implica cumplimiento de régimen horario, mayor nivel de exigencia, obligaciones, etcétera, representa un problema. Eso ha generado malestar entre los trabajadores públicos.

La culpa es de los gobernantes que generaron esa cultura. Hoy las medidas que pretenden transformar al empleado público en un servidor público son vistas como una agresión. Estamos haciendo una experiencia de gestión de gobierno donde la instalación de una lógica de diálogo al interior del Estado también es una cultura nueva.

 

Usted adjudica la conflictividad con los gremios públicos a esa lógica corporativa…

Podemos poner como ejemplo al Plan Ceibal, que se hizo por fuera de las estructuras de la educación y fue resistido por los gremios de la educación con una visión corporativa, algo así como «de educación solo sabemos nosotros». Mientras históricamente las organizaciones sindicales han sido agentes de transformación y de cambio, en muchas áreas del Estado son agentes conservadores que resisten los cambios. Dichos como los de Joselo López defienden en el fondo aquella vieja visión del Estado. Es cierto que tenían más prebendas en gobiernos anteriores, no marcaban tarjeta, por ejemplo. Pero eso no dignifica la gestión pública, deja mal parado al trabajador y por eso se ganó una mala imagen pública.

Estas medidas que toma el gobierno apuntan a dignificar la función pública, porque cumplir un horario transforma esa función en un trabajo y elimina la prebenda. Y hablo de una dirigencia sindical que defiende las viejas prebendas, no confundo esto con la gran mayoría de los funcionarios públicos que tienen compromiso con su trabajo. Creo que hay una gran confusión, tal vez nosotros no ayudamos a aclarar muchas de las medidas. A los que venimos del sector privado nos sorprende que exista resistencia a adoptar prácticas que en el sector privado nadie discute.