Descubren maniobra en batallón con fondos del Censo Agropecuario

La irregularidad fue detectada en el Batallón «Rincón» de Infantería Mecanizada Nº 9 con asiento en la ciudad de Fray Bentos.

El censo comenzó en forma simultánea en todo el país el pasado 15 de agosto y contó, en esta edición con la participación de unos 640 efectivos del Ejército provenientes de unidades de todo el país, a los que se les pagó un viático por su desempeño como empadronadores, supervisores zonales y departamentales, así como al personal militar de apoyo logístico, bajo las órdenes de operarios de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En la actividad -que concluiría por estos días-, está previsto que se visiten en total unos 60 mil establecimientos agropecuarios en todo el país. El costo del censo fue estimado en unos U$S 3 millones.

 

La denuncia

El Batallón «Rincón» Nº 9 de Fray Bentos es una de las unidades que contribuyó con personal (alrededor de 18 efectivos) y vehículos y que, al 2 de noviembre, llevaba relevados un total de 776 de establecimientos (un 71% del total del área asignada), según el parte remitido por el oficial a cargo del Censo Agropecuario, capitán Cléber Techera.

Militares del propio cuerpo de tropa descubrieron que sus nombres figuraban en las planillas del personal afectado a las tareas de censo, sin haber sido convocados y acompañados por firmas falsificadas.

Los damnificados, entre los cuales hay un suboficial, pusieron al tanto de estos hechos a las autoridades del cuartel. Sin embargo, con asombro y perplejidad, se enteraron que habían sido éstas las que habían dado la orden de adulterar los reportes. Las irregularidades también abarcarían a otros rubros, como vales de combustibles y vehículos utilizados en el traslado del personal militar hacia los establecimientos a censar. En este caso, en la planilla de progresos diarios del censo agropecuario se declara una cantidad de vehículos superior al que realmente se empleó. LA REPÚBLICA tuvo acceso a toda la documentación con el membrete del batallón, copias de listados con las firmas adulteradas, así como los nombres del personal damnificado y el monto de lo que, mes a mes, reportaba el ilícito, todo lo cual está a disposición de las autoridades competentes.

También accedió al testimonio -de seis carillas- de uno de los denunciantes, cuyo nombre se mantiene por el momento en reserva, quien está dispuesto a declarar, llegado el caso, «por mi honor y por mi país, para que no se vuelva a repetir en mi unidad ni en todo el Ejército». Fue este uniformado quien tomó la decisión de denunciar la maniobra, primero, como correspondía, a través del conducto natural del mando.

En respuesta, el denunciante recibió «amenazas y presiones» de sus superiores, todo lo cual también relató en un informe que remitió a LA REPÚBLICA (véase recuadro).