Se instaló comisión parlamentaria rectora de la Inteligencia del Estado

El hecho pasó prácticamente desapercibido. Tiene, sin embargo, una enorme proyección en el desarrollo de una sociedad democrática plena. El miércoles 23, la Asamblea General nombró una comisión bicameral de 15 miembros, integrada por los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria (Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente), con el objetivo de abordar toda la problemática de los servicios de inteligencia que existen en nuestro medio, y su funcionamiento real.

Todo lleva a pensar que finalmente en 2012 Uruguay tendrá una ley de inteligencia del Estado, surgida del consenso; y que el Parlamento controlará el accionar de estas ramas especializadas del aparato estatal, que por motivos de eficiencia operativa se manejan en el secreto.

En muchas de las democracias más maduras del planeta, la importancia creciente de las actividades de la inteligencia pública (en el asesoramiento a los gobiernos sobre asuntos estratégicos; en la prevención del crimen organizado y del narcoterrorismo) ha llevado a aprobar marcos legales, definir competencias y reglas de funcionamiento de estas organizaciones; otorgarle injerencia a los jueces, para que autoricen ciertas operaciones, y a reducidas comisiones de los congresos para que ejerzan un discreto control (presupuestos, contrataciones de personal).

Generalmente son los gobiernos quienes toman la iniciativa, envían sus propuestas a los parlamentos, que las discuten, sancionan, y hacen su seguimiento, en la implementación de los nuevos sistemas; y después, en su funcionamiento. Esto ocurre en particular en Europa occidental, aunque en buena parte del escenario mundial, esta sigue siendo una asignatura pendiente para las sociedades abiertas.

En el verano de 2011, el gobierno de José Mujica tenía listo un proyecto de ley de inteligencia de unos 40 artículos, elaborado durante varios meses en el Ministerio de Defensa Nacional en consulta con otras secretarías (Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas), que reconfiguraba la actual estructura de los servicios de inteligencia uruguayos (existen dos organismos centrales: la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, Dinacie, que depende de la cartera de Defensa; y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, DNII, que auxilia a los jueces, y esta subordinado a la cartera del Interior).

El mes clave parecía ser el de marzo, como lo llegó a anunciar LA REPÚBLICA Nº 8064) en su edición del 27 de febrero. Restaban apenas ajustes de redacción. Pero la propuesta nunca fue enviada al Parlamento. Inesperadamente surgió en la escena pública un enigmático video, en el cual un presunto Ejército Nacional Liberador (ENL), de inspiración ultraderechista, entraba en acción, según lo anunció un semanario de Montevideo. Esto enturbió seriamente las relaciones entre el gobierno y la oposición, blancos y colorados exigían informaciones, los ministros del área seguridad (Interior, Eduardo Bonomi; Defensa, Luis Rosadilla), relativizaban el hecho, lo que enfurecía mas a la oposición. Cuando el asunto llegó a la Justicia del Crimen Organizado, asesorada por la DNII, se comprobó que atrás de toda aquella aparatosidad no existía en realidad absolutamente nada. Eso sí: el tema agitó durante semanas el debate político local, y en los manuales de operaciones psicológicas de las escuelas de inteligencia del orbe el asunto debería ser incluido, por los efectos que produjo.

La oposición puso entonces en el tapete el tema de los servicios de inteligencia, y la figura del coordinador de la Inteligencia (Augusto Gregori Souto, 67), -designado en marzo de 2010 por el gobierno, y que ocupa una oficina en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, en Plaza Independencia-, pasó a un primer plano. El cargo de coordinador, creado por el la Ley de Presupuesto 17.930, promulgada en enero de 2006, nunca fue cubierto por el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), y tampoco existe un marco legal que fije sus competencias, con control parlamentario.

En el interior de la comunidad de inteligencia tampoco hay una estructura con roles definidos entre sus distintas agencias (Dinacie, DNII, los departamentos 2 de las tres ramas militares, la Cancillería, etc, varios), y que obliguen a reportar al coordinador, para que informe al gobierno.

En este contexto, Gregori renunció; inicialmente se le aceptó la dimisión, pero Mujica reconsideró su posición inicial, la confirmó y le dio un plazo de 30 días para dialogar con los distintos partidos, para definir un estado de situación sobre lo que se pensaba acerca de la inteligencia, su organización, el papel del parlamento en su contralor.

Paralelamente, un diputado colorado (José Amy), presentó proyectos sobre esta temática.

El plazo de Gregori, concluyó a comienzos de mayo. Fue el vicepresidente Danilo Astori, titular del Senado y la Asamblea General, el encargado de proseguir con los contactos interpartidarios. Finalmente se decidió crear la comisión para: 1) definir conceptos sobre la inteligencia pública; 2) avanzar en la aprobación de un proyecto (como insumo, el gobierno enviaría el articulado pronto en marzo; están las propuestas de Amy).

El miércoles 23 quedó integrada la comisión con ocho frentistas (Susana Dalmás, Mónica Xavier, Luis Rosadilla, Ivonne Passada, Pablo Pérez, Gustavo Rombys, Felipe Michelini, José Bayardi), cuatro blancos (Gustavo Penadés, Daniel Peña, Javier García, Jaime Trobo), dos colorados (Tabaré Viera, José Amy), un independiente (Iván Posada). Ardua tarea tienen todos ellos por delante. Nada menos que la de sentar las bases de un nuevo sistema de inteligencia, bien coordinada, al servicio de la República.