Nueva estrategia de seguridad basada en la recomposición del tejido social y la prevención

El Ministerio del Interior (MI) procura traspasar la postura represiva de la política de seguridad y establecer una estrategia basada en la recomposición del tejido social y la prevención, mediante un reforzamiento de la Policía Comunitaria y la participación de la sociedad civil en las Mesas Locales de Convivencia, expresó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al semanario «Políticas» de Presidencia de la República.

Las Mesas Locales instaladas durante el gobierno de Tabaré Vázquez están integradas por organizaciones sociales, comerciantes, y representantes de la Policía Comunitaria, los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Cultura y Salud Pública, y de los gobiernos departamentales, y procuran establecer una visión integral del problema de la seguridad ciudadana.

En este sentido, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI, Edgar Bellomo, aseguró que alrededor de 1.000 personas participan activamente de las Mesas Locales de Convivencia. El programa apuesta al «involucramiento de la población» en materia de conformación de políticas de seguridad, en virtud del necesario «abordaje integral» del problema.

«La participación de la población es imprescindible porque en el tema seguridad existen problemas culturales que no refieren solo al Ministerio del Interior», por lo cual la secretaría de Estado apunta al «desarrollo y consolidación» de las Mesas Locales, expresó Bellomo a LA REPÚBLICA.

 

Participación civil

La ex ministra del Interior, Daisy Tourné, aseguró que una política en materia de seguridad ciudadana debe apostar fuertemente a la «integralidad», por cuanto no puede atender únicamente la labor represiva de la Policía, sino complementarse con la acción de otras instituciones sociales.

«Es fundamental tener una visión integral del tema, porque depositar el problema de la seguridad solo en la Policía es pedirle que se haga cargo de profundos problemas sociales, de los cuales no puede hacerse cargo. Se requiere la intervención del Mides, las Intendencias y otras instituciones», expresó Tourné.

En este sentido, Tourné destacó el valor de las Mesas Locales. «Desde lo central (el Ministerio) se ve la realidad macro, los ciudadanos perciben lo micro, y el plan rector debe adaptarse a la realidad, en consulta con todos los actores», dijo Tourné.

Asimismo, la ex secretaria de Estado consideró que la conformación de una política de seguridad debe ser una «decisión política y de la sociedad». «Quien debe decidirla es el poder política y no se puede caer en el policiamiento de la sociedad, que fue lo que pasó en décadas anteriores, cuando si algo salía bien se sacaba la foto el ministro y si salía mal se denostaba al policía», expresó.

 

Críticas opositoras

El diputado Gustavo Borsari (PN) aseguró que en los últimos siete años de gobierno progresista se constata una «política prescindente» de tres elementos clave como «prevención, disuasión y represión», lo cual derivó en el «fracaso» de las políticas de seguridad.

«La política de no intervención era equivocada y el actual ministro está admitiendo esos errores», dijo. El legislador consideró «clave» incrementar «el patrullaje y la presencia policial en las calles y tener seccionales al lado de la gente, cuyos autos y motos funcionen día y noche».

Por su parte, el diputado Germán Cardozo (Partido Colorado) consideró que «el Estado debe ejercer la autoridad» para enfrentar el «deterioro notorio en la seguridad pública». «El actual ministro parece, tímidamente, estar encaminado para retomar el ejercicio de la autoridad, lo cual no significa excesos, sino límites para los ciudadanos», expresó Cardozo.

La gestión del ex ministro José Díaz (2005-2007) implicó la «desaparición» de la acción preventiva, «porque la Policía solo podía actuar ante hechos consumados, lo cual implicó un deterioro en la seguridad». «Una persona que no tiene hábitos de trabajo y tiene antecedentes penales, en actitud sospechosa, debe ser detenido y llevado en averiguaciones», dijo el legislador.

Cardozo señaló, además, un vínculo directo entre delito y pasta base. «El comportamiento social de hoy no es el mismo al de hace 8 o 10 años atrás (por lo cual) debería plantearse una política mucho más eficaz y frontal en la lucha contra las drogas y la rehabilitación de adictos». El Estado está omiso en el desarrollo de políticas efectivas para la rehabilitación de los adictos, expresó.

En tanto, el senador Carlos Moreira (PN) reconoció que el fenómeno de la inseguridad es «multicausal». Sin embargo, el cambio en los patrones delictivos y el aumento de la violencia, vinculados al consumo de pasta base, hace necesario un «ataque frontal a la delincuencia». El gobierno debería adoptar una «respuesta más rotunda», mediante un «reforzamiento de los cuadros policiales» y una mayor «dotación de medios y materiales», señaló Moreira.

 

No proselitismo

El diputado José Bayardi (FA) dijo que el problema de la seguridad ciudadana reconoce «un conjunto de causas», vinculadas con un proceso de segmentación social progresivo, que se profundizó en los años 90 y se agravó con la crisis de 2002.

El proceso derivó en una desestructuración económica, familiar y territorial, por lo cual «para alcanzar un modelo de seguridad aceptable deben combinarse políticas de distintos niveles», entre ellas, generar condiciones de crecimiento económico y redistribución de la riqueza con un sentido inclusivo, dijo Bayardi.

Asimismo, responsabilizar únicamente al MI de la política de seguridad, implica «una simplificación de la complejidad del problema de seguridad». «El que crea que abordar los temas de seguridad ciudadana es simple, o no entiende nada o le miente a la ciudadanía. La oposición entraría en estos dos grandes bloques: o no entiende o sí entiende la complejidad del problema, pero contempla en su discurso una sola, y le está mintiendo a la ciudadanía con un sentido de proselitismo político», expresó Bayardi.