Empresas de reciclaje facturan US$ 150 millones por año; clasificadores ganan $12 mil

La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, manifestó reiteradamente su preocupación por el negocio de la basura que se armó en Montevideo, con altas facturaciones a costa del informalismo y bajos precios pagados por los materiales a los clasificadores.

Las autoridades departamentales señalaron que no se apoya la actividad de la clasificación sino que se busca que las personas que participan en ella ingresen al mercado laboral formal.

El director de Desarrollo Ambiental, Juan Canessa, advirtió que la ciudad no se puede permitir tener una industria que funciona en negro, que utiliza el trabajo infantil y que lo único que genera es más mugre y problemas ambientales.

Según datos obtenidos por la DGI y la IM, la compra que hacen las empresas intermediarias de clasificación a quienes recogen los residuos de la calle se ubica en unos U$S 40 millones.

En comparación con datos de 2003 en posesión de la DGI (la facturación anual ese año fue de U$S 13 millones), dicho sector de actividad creció en forma similar al conjunto del PBI.

No obstante, la facturación que hacen entre 15 y 20 empresas de reciclaje es mayor a U$S 150 millones.

El director de Rentas, Pablo Ferreri, recibió ayer a la intendenta Olivera y parte de su gabinete para darles información sobre la informalidad en la clasificación de residuos.

El jerarca de la DGI afirmó ayer a LA REPÚBLICA que la única aportación que hacen las empresas que compran los residuos para el reciclaje proviene de un ficto sobre el porcentaje de las ventas realizadas.

Ferreri señaló que ayer firmó una resolución en la que modifica el porcentaje de aporte para esas empresas, elevando la tributación de 5% a 8,5%. «Esto se adecua más a la realidad, porque hay una evidente asimetría en la punta de la cadena, entre quienes obtienen el producto de la calle y la empresa que hace el reciclaje», precisó el director.

Ferreri dijo que una veintena de empresas hoy día factura U$S 150 millones al año por sus ventas, mientras que hay unas 6 mil familias que se dedican a la recolección de residuos (papel, cartón, vidrio, plástico y metales), con magros ingresos y trabajando en malas condiciones de higiene y seguridad, y recurriendo a menores de edad.

La IM aclara que no se está en contra de la clasificación. Lo que no se quiere es que la clasificación se haga en la calle ni que los desechos de la actividad terminen en los arroyos.

 

«TRANSPARENTE»

* El ex director de Limpieza y actual director de Saneamiento, Néstor Campal, señaló que con estas medidas de la DGI el sistema impositivo se va haciendo un poco más justo. Señaló que en Montevideo funcionan varias empresas en negro, que no prestan los beneficios sociales a los trabajadores. «Lo que se procura es que haya un negocio transparente», acotó.

Los clasificadores que buscan los residuos de la calle obtienen promedialmente un ingreso de $ 12 mil, pero carecen de aportes jubilatorios o acceso a la salud. No obstante, optan por esta tarea, ya que en un ingreso formal, con su formación, les es difícil obtener esos ingresos.