"No se viola derecho del contribuyente"

El director general de Rentas, Pablo Ferreri, dijo a LA REPÚBLICA que el organismo no vulnera el derecho de los contribuyentes al pedir información sobre el pago de cuotas a colegios privados y clubes deportivos, y acotó que si quisiera, podría hacerlo con las tarjetas de crédito aunque no está en sus planes.

Ferreri dijo a este matutino que es un «disparate» decir que la medida para fiscalizar «violen los derechos humanos» de los contribuyentes, y que el organismo está amparado por el Código Tributario.

Recordó que el Literal E del Artículo 68 del Código permite a la DGI pedir información a terceros. «La Administración podrá requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando esta lo considere conveniente o cuando aquellas no sean presentadas en tiempo y forma». «Nosotros podemos pedir información sobre consumos de tarjetas de crédito, de luz, de agua, etc. Pero no lo vamos a hacer. Esa no es nuestra línea de trabajo», dijo Ferreri. El jerarca explicó ayer el alcance de los controles de la DGI ante el Parlamento. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Héctor Tajam (Espacio 609), dijo que «fue una puesta a punto sobre en dónde están estos avances de la DGI en la búsqueda de fuentes alternativas para determinar las capacidades contributivas de las personas, en ese universo tan grande que le tocó controlar una vez que empezó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF)», sostuvo Tajam

Asimismo, en el caso de los colegios privados quedó en claro que «se recaba información de un gasto mayor a las 70.000 unidades indexadas en el año, un poco más de 150.000 anuales. De allí, el chequeo que se pueda hacer sobre la declaración jurada realizada por el IRPF» pero «eso no quiere decir que la detección de un gasto signifique un elemento determinante de un ingreso».

«Es un elemento de corroboración y ayuda a la DGI para tener pautas sobre quiénes están evadiendo» pero no necesariamente significa que están evadiendo. Se señaló que la DGI con los colegios «prácticamente ya tiene un acuerdo de proporcionar de información y para que el registro o inscripción de una persona en una de estas instituciones sea una fuente indirecta de información, hay un acuerdo en que el registro tendrá el logo de la DGI para que las personas sepan que es una información con que se contará para derivar de allí la capacidad contributiva de la persona».

 

Interés general

Desde la oposición, los senadores José Amorín (Partido Colorado) y Sergio Abreu (Partido Nacional) cuestionaron esta normativa que permite obtener los datos de los colegios privados manifestando que se violenta la intimidad de las personas, y que no posee ningún respaldo legal al asociar el pago de una cuota de colegio con la renta.