Álvaro Rico: «Hay más de 20 formas de desaparecer una persona»

Lo que sigue es el resumen de una extensa entrevista que mantuvo con LA REPUBLICA.

Siempre se ha dicho que los documentos de la dictadura ya no existen, que fueron destruidos. ¿Qué significancia tienen estos hallazgos con relación a esa idea madre sobre la investigación de los hechos de la dictadura?

Una de las conclusiones es que los documentos existen. Es más, la mayoría de ellos, los que se conservaron, existen en marcos institucionales, en archivos de dependencias del Estado uruguayo, como el MDN, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que de alguna manera garantiza su preservación y organización. Evidentemente parte de la política de la dictadura consistió en la expurgación de documentos, lo cual no quiere decir todos. A medida que se avanza en las investigaciones pueden aparecer (documentos) en otros organismos del Estado, o en países de la región, como en las megacausas de la República Argentina.

 

¿Cuántos documentos desconocidos fueron utilizados en esta actualización?

Estamos hablando de alrededor de 1.500 nuevos documentos sobre el fenómeno de la desaparición forzada de personas.

 

¿Cuáles fueron, en base a los documentos analizados, las diferencias entre la represión en Uruguay y la represión por parte de los servicios uruguayos en el extranjero?

La investigación tiene dos ejes fundamentales que la organizan, unos son las fichas personales de los detenidos desaparecidos, donde se recopila toda la documentación biográfica o que el Estado uruguayo tenía sobre la persona. El otro eje es el contexto represivo en el cual esas personas desaparecen, particularmente los operativos contra sus organizaciones de pertenencia. En ese segundo eje se reconstruyen las dinámicas represivas contra siete organizaciones, incluida Montoneros.

En la documentación que encontramos hay una continuidad de la represión contra el PCU en Uruguay, entre 1973 y 1984. Desde el golpe de Estado hasta 1984, esa continuidad de la represión contra el PCU está presente.

En el caso de las demás organizaciones uruguayas, en el interior del país, aparece una represión, pero discontinuada, por ejemplo, los dos intentos de agrupación interno del MLN-T, en 1974 y 1975, y cómo fueron desbaratados. Particularmente en 1975 en la «Operación Conejo», aparece toda la secuencia de vigilancia, seguimientos, datos que fueron ingresando por parte de los servicios de inteligencia hasta que operan y desbaratan ese intento, con una secuela grande de muertos.

En el caso del PVP también se da que, entre 1974, 1975 y 1976, hay una continuidad y un paralelismo Argentina-Uruguay. En los libros está reconstruido cómo se va dando en Buenos Aires, y sobre todo en Montevideo, la continuidad de la represión que se llamo el «Asunto ROE», donde estaban englobadas las sucesivas caídas que en Montevideo se estaban dando y a su vez preparando las que se iban a producir en Argentina en 1975 y 1976.

Comparando la dinámica represiva, en Uruguay hubo una lógica represiva propia, por ejemplo, no podría decirse que en Uruguay hubo un plan sistemático de secuestro, apropiación y cambio de identidad de bebés y menores, que en Argentina fue una lógica represiva central.

En Uruguay, hay un peso muy grande en la lógica represiva del aspecto monetario, efectivamente, buena parte de la represión estuvo conducida no solo por problemas ideológicos o por problemas de desbaratar organizaciones que se autodefinían por la lucha armada, sino también en la captura de un botín de guerra.

Esto es bastante determinante, sobre todo en ciertos operativos contra el PCU, como la «Operación Morgan», y el secuestro de militantes del PVP en «Automotores Orletti», en julio y octubre de 1976, que tiene que ver con el dinero que dicha organización, a través de secuestros extorsivos, había procesado en la República Argentina.

En el caso de Uruguay, la lógica del dinero es una impronta de la lógica represiva.

 

Una lógica de «contagio»

«Hasta 1975 hay una continuidad de la represión a las víctimas, pero el terrorismo de Estado, para ejemplificar el cambio cualitativo de la represión, se produce hacia fines de 1975 y plenamente de 1976 a 1979, que coincide con la situación argentina: golpe de Estado, operativos contra el ERP y Montoneros, y operaciones conjuntas Argentina-Uruguay. Hay una lógica de contagio en el patrón represivo en el que el fenómeno de la desaparición forzada se instala y generaliza en Uruguay. No podemos decir que a partir de allí, porque los primeros desaparecidos son en 1971 y 1972, (Abel) Ayala y (Héctor) Castagnetto».