La verdad nunca caduca

Esta semana la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de diciembre de 1986 llegó a su final.

En sesiones maratónicas las dos ramas del Poder Legislativo decidieron restituir sus atribuciones primarias a los magistrados, y definieron plazos procesales que dilatan en el tiempo la prescripción de «los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado» en el ciclo autoritario (1973-1985). Por si alguna duda pudiera existir, el proyecto de cuatro artículos que contó con los votos solo del Frente Amplio (FA), dice que esas trasgresiones extremas al orden jurídico «son crímenes de lesa humanidad», que en realidad nunca caducan.

El presidente José Mujica promulgó casi de inmediato el texto sancionado. La sucesión de hechos (martes 25, aprobación en el Senado; jueves 27, a las 2.15 de la madrugada, en Diputados) puso término formal a las especulaciones que se tejían acerca de la inminente prescripción de esos delitos (1º de noviembre), y cumplió, en parte, con las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este verano condenó a Uruguay «por la falta de investigación efectiva» en el caso María Claudia García de Gelman.

Estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y operaria en una fábrica de zapatillas, la joven argentina de 19 años, casada con Marcelo Gelman (20) y embarazada de siete meses fue secuestrada por militares en su domicilio de la capital argentina, traída juntos a varios uruguayos presos en el mismo operativo multinacional (Operación Cóndor) a Montevideo y detenida en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID, inteligencia militar). Tras dar a luz a una niña (Maracena Gelman que el martes 1º, cumple 35 años) «en el Hospital Militar», dice un informe del Ejército de agosto de 2005, «en diciembre del año 1976 se la separó de su hija y fue trasladada (al) Batallón de Infantería paracaidista Nº 14, donde se le dio muerte. Sus restos fueron enterrados en el lugar, y no habrían sido exhumados en el año 1984, permaneciendo a la fecha en el área mencionada».

Cuando en diciembre de 1986 el sistema político discutió acerca de cómo encarar el urticante tema de la violación de los derechos humanos en el ciclo dictatorial, nunca sospechó que nuestro país hubiera sido escenario de hechos aberrantes como este, denunciado en 2009 por el poeta argentino Juan Gelman, negados por el entonces presidente Julio María Sanguinetti, y confirmados, al mes de asumir en 2000, por Jorge Batlle. Los uruguayos se enteraron con sorpresa e indignación que en nuestro país una niña había nacido en cautiverio, tenía otra identidad, y se llamaba Maracena.

Batlle creó la Comisión para la Paz (2000-2003) que avanzó decisivamente en la búsqueda de la verdad. Empero, en noviembre de 2003 Batlle, en aras de la «pacificación nacional», resolvió que este caso quedara comprendido por la ley de Caducidad. Fue menester aguardar hasta 2005 cuando Tabaré Vázquez llegó al gobierno, y revisó esta y otras situaciones. La Justicia recuperó entonces sus fueros y continuó las indagaciones. El viernes 28, finalmente el juez Pedro Salazar, a cargo de la causa, procesó por el delito de «homicidio muy especialmente agravado» a cuatro militares (José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y a un policía (Ricardo Medina), que ya están presos por otros casos en la penitenciaria de Domingo Arena (Montevideo), y pidió la extradición de otro militar (Manuel Cordero), hoy con prisión domiciliaria, en Buenos Aires.

«Si simplemente no se arbitra remedio alguno, el país afrontará algo que no puede alegrar a nadie, que es un quebrantamiento institucional de singular gravedad, que debilitará al poder civil por mucho tiempo», dijo Wilson Ferreira en diciembre de 1986 poco antes de aprobarse la Ley de Caducidad. Según el acta 82 del directorio blanco, Ferreira describió las dramáticas horas que se vivían. «Se vota con amargura -dijo- porque el solo hecho de tener que votar esta cosa (es) reconocer que no estamos en un régimen democrático pleno (…) estamos en presencia de un problema institucional y no ante un tema de derechos humanos». Los militares se negaban a comparecer ante la Justicia por causas abiertas de violaciones a los derechos humanos. Los colorados pedían una salida política y enviaron al Parlamento un proyecto de amnistía, rechazado por los blancos y el FA. Se ensayaron varias fórmulas alternativas, sin éxito, mientras la Suprema Corte de Justicia consideraba una querella de competencias planteada por la Justicia Militar, ante los reclamos judiciales locales y del exterior (el juez argentino Néstor Blondi, pedía la extradición de militares y policías).

El 24 de noviembre la Suprema Corte resolvió que la Justicia ordinaria era competente para abordar estos casos, lo que agudizó la incertidumbre. El 3 de diciembre el juez Ricardo Harriague citó para el 22 a varios militares; el primero de ellos era Gavazzo. Sanguinetti reclamó un «acto de grandeza» a los blancos. Entre el 21 y el 22, el Senado por 22 votos en 31 (en contra el FA, y los blancos Carlos Julio Pereyra, Uruguay Tourné, Juan Martín Posadas), y en Diputados por 60 en 97, aprobó la ley de Caducidad. Era para los colorados la amnistía deseada; para los blancos una salida política (con un artículo 4, que abría instancias de investigación); y para el FA, «consagrar la impunidad de los crímenes de la dictadura». Empezaba otro momento: el del referéndum.