Dos ex oficiales a prisión y uno requerido, por crimen en la dictadura

El juez Penal de 4º Turno, Eduardo Pereyra, dispuso ayer el procesamiento con prisión de dos ex oficiales del Ejército y solicitó la captura internacional de un tercero por la muerte en torturas en agosto de 1973, en las entrañas del Batallón Florida, del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Argentina Gerardo Alter.

Pereyra dispuso el enjuiciamiento del teniente coronel (r) Alberto Gómez Graña y el coronel (r) Arturo Aguirre como coautores de un delito de «homicidio muy especialmente agravado», en virtud de su participación en el interrogatorio de Alter. Asimismo, el magistrado solicitó la captura internacional del coronel (r) Hermes Tarigo, ex jefe del S2 (inteligencia militar) en el Batallón Florida. El militar estaría radicado en Italia o España.

Alter fue detenido por efectivos de la dictadura cívico-militar en el cruce de Camino Carrasco y Veracierto, junto a los militantes del MLN-T Jorge Selves y Walter Arteche, en agosto de 1973. Los detenidos fueron derivados al Batallón Florida, donde fueron torturados. Alter y Arteche fallecieron, pero Selves salvó su vida y fue testigo en la causa.

En este sentido, la indagatoria permitió confirmar la muerte de Alter durante la tortura. Incluso, el caso implicó un hecho sin antecedentes en la investigación judicial de crímenes de la dictadura, por cuanto, por primera vez, un militar «aceptó» la existencia de torturas durante los interrogatorios y la muerte de Alter durante una de las sesiones, dijeron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.

El procesamiento de ambos militares fue dispuesto tras la finalización de la «audiencia ratificatoria», pero sus fundamentos se conocerán el próximo lunes. Los enjuiciamientos fueron dispuestos tras el pedido del fiscal Diego Pérez, quien solicitó ampliar la indagatoria hacia otros militares, entre ellos el coronel (r) Antranig Ohannesian, hoy en la República Argentina.

 

DENUNCIA

Una veintena de ex presas políticas presentará ante la Justicia una denuncia penal por las torturas y violencia sexual de la cual fueron víctimas, durante su reclusión en dictadura.

La denuncia procura desentrañar los ilícitos perpetrados en siete unidades militares, entre ellas el Penal de Punta Rieles, entonces centro de detención femenino.

El escrito que se presentará hoy señala la responsabilidad de oficiales, personal subalterno e, incluso, médicos del hospital militar en los ilícitos perpetrados contra las ex presas políticas.