DDHH: FA abierto   a negociar salida con la oposición

«Toda está a consideración, no hay ninguna decisión tomada. Recién cuando tengamos la opinión de todos los partidos, veremos la manera como se resuelve, o ley o no ley. Nuestra preocupación pasa por tomar las disposiciones de la sentencia de la Corte Interamericana», expresó a LA REPÚBLICA el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto.

El dirigente valoró positivamente el encuentro de ayer con el Partido Independiente y aguarda el resultado de la reunión que mantendrá hoy con el Partido Colorado y mañana con el Partido Nacional.

Al término de la ronda, la comisión especial del FA sobre Caducidad se reunirá mañana a la hora 10 y por la tarde sesionará la Mesa Política para fijar posición.

Ayer, la delegación del FA le presentó al Partido Independiente un texto alternativo de declaración, basado en el fallo de la Corte Interamericana, respecto a que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

El conductor del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que su colectividad «está dispuesta a una declaración», más allá de poder promover algún agregado en el texto.

«Cuentan con nosotros», dijo Mieres a LA REPÚBLICA respecto a la disposición de su grupo a votar una declaración. Indicó que en la reunión se aludió a un eventual proyecto de ley que vaya por otro carril, sobre el tema de la prescripción, pero sin ingresar en precisiones.

Por su parte, el diputado Aníbal Pereyra, del MPP ­que integra junto a la senadora socialista Mónica Xavier y el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay, la delegación del FA­, destacó que la coalición realizará «los máximos esfuerzos para llegar al Parlamento con una propuesta consensuada».

Otras fuentes del FA consultadas aseguraron que si bien no existen disensos en la coalición respecto a los contenidos de la declaración, aún falta definir los términos de una eventual iniciativa. Una alternativa es que en el primer artículo del proyecto se derogue en los hechos la Ley de Caducidad, al restablecer la pretensión punitiva del Estado. Un segundo artículo ­sobre el que aún no hay acuerdo­ contemplaría la fórmula promovida por el responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, que apunta a dilatar el plazo de la prescripción.

Miranda entiende que no deberían computarse el período comprendido entre la aprobación de la Ley de Caducidad y el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se dispuso el desarchivo de los casos que fueron desestimados por los gobiernos de los lemas tradicionales. El período que no debería computarse va de 1986 al 30 de junio de 2011.

 

DEROGACIÓN

* Si el FA decidiera promover un proyecto de ley que derogue la Ley de Caducidad, el Partido Independiente podría acompañarlo. No obstante y pese a las resistencias que la eventual solución legal genera en sectores como Asamblea Uruguay y la CAP-L, en la coalición se entiende que la derogación no solucionaría el tema, porque no tendría retroactividad. La alternativa de Miranda contemplaría ese aspecto.

Por otra parte, entre los temas analizados con el Partido Independiente algunos dirigentes de esa colectividad plantearon sus dudas respecto al «impacto» que podría tener a nivel judicial la declaración que impulsa el FA.