FISCALIA. PIDIO EL PROCESAMIENTO CON PRISION PARA DOS EMPRESARIOS; UNA TERCERA YA FUE PROCESADA

Proveedores de la Armada acusados por defraudación

La Fiscalía solicitó recientemente el enjuiciamiento de dos empresarios; otra proveedora ya fue procesada. El fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento de dos empresarios, proveedores de mercaderías de la Armada Nacional, como autores de «un delito continuado de defraudación tributaria», por la adulteración de facturas para el cobro de materiales.

La denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra los empresarios tuvo «su origen en las investigaciones efectuadas en la Armada Nacional, relativas a proveedores con los que dicha institución tendría pagos pendientes por supuestas ventas de mercaderías, operaciones comerciales que no se encontrarían documentadas por las correspondientes facturas de venta», según el dictamen fiscal al cual accedió LA REPÚBLICA.

La DGI constató que los empresarios expidieron facturas correspondientes a material de servicio técnico y recarga de tonner, pero con ellas facturaron «otros bienes en la Armada». En este sentido, el empresario declaró ante la Justicia que en algunas oportunidades desde la Armada Nacional «le pedían facturas que no correspondían a servicios prestados o productos entregados y que debía entregar casi la totalidad de lo cobrado a oficiales de la Armada», fundamentó Perciballe. Los empresarios, por tanto, incurrieron en «un delito continuado de defraudación tributaria».

En tanto, una empresaria del rubro mueblería fue procesada por el juez especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, por emitir facturas apócrifas, impresas en una computadora por ella misma. La proveedora justificó su accionar en que un suboficial de la Armada la llamaba en forma insistente para «que facturara urgente la deuda ONU». La utilización de facturas apócrifas implicó un «provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a percibir sus tributos». Por este motivo, el fiscal Perciballe solicita su condena a la pena de 24 meses de prisión como autora de «un delito continuado de defraudación tributaria».

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