A espaldas del Presidente, Opertti prepara el retorno de funcionarios acusados de graves irregularidades

Las mismas fuentes indicaron que el presidente de la República, Jorge Batlle, no habría sido informado y que, en los planes de los máximos jerarcas de Relaciones Exteriores está eludir la venia del Senado para las designaciones, nombrando a por lo menos dos funcionarios sumariados para cargos de cónsules generales.

La «Operación blanqueo»

La reincorporación a importantes puestos remunerados en dólares de numerosos funcionarios que incurrieron en graves irregularidades administrativas e incluso en comprobado mal manejo de fondos, comenzó con la designación en la Embajada uruguaya en España del consejero Carlos Barañano. Este consejero fue sumariado cuando se desempeñaba en Suiza y se descubrió que había utilizado unos 30 mil dólares del Estado para uso particular, incluyendo llamadas telefónicas para atender intereses privados.

Documentos oficiales reservados de la Cancillería señalan textualmente que «de la instrucción sumarial practicada resultó probado que el sumariado (Carlos Barañano) procedió al retiro indebido de fondos de las cuentas bancarias de la Embajada de la República en la Confederación Suiza y a su ulterior utilización para fines ajenos al servicio».

Tenía expresa prohibición de salir al exterior hasta el año 2004, pero Didier Opertti, mediante resolución reservada –de modo que el documento permanezca virtualmente secreto– dispuso la eliminación de las sanciones.

«Esta medida administrativa, indicaron las fuentes, viola directamente lo dispuesto a texto expreso por el artículo 51 de la ley 14.206, que señala textualmente: «Ningún funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá ser ascendido ni destinado a prestar funciones en el exterior, tanto permanentes como transitorias, cuando su foja de servicios arroje la existencia de irregularidades administrativas de entidad que hayan sido debidamente comprobadas mediante el sumario correspondiente. Los funcionarios que se encuentren en la situación a que se refiere el párrafo anterior, perderán definitivamente el derecho a ocupar un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su situación será resuelta por aplicación de lo dispuesto en los artículos 31 apartado A) y 32 de la presente Ley».

La «rehabilitación» de Carlos Barañano fue la puerta por la que pasarán por lo menos ocho jerarcas sumariados por graves irregularidades y apropiación de dineros públicos.

Según la documentación en poder de LA REPUBLICA, embajadores, ministros consejeros y consejeros, junto con otros funcionarios de la Cancillería, fueron sumariados entre 1995 y 1998, comprobándose los hechos muy graves que originaron sanciones de suspensión sin goce de sueldo, prohibición de ser destinados al exterior por tres, seis o siete años y prohibición de ascenso por cinco, seis o diez años. Los hechos registrados en los sumarios tienen clara apariencia delictiva en muchos casos aunque la Cancillería no realizó la denuncia penal, incluso en los casos en que ésta fue recomendada.

Las fuentes indicaron que, entre los funcionarios que serán enviados al exterior en la «Operación blanqueo» se encuentran el embajador José Alzamora (sumariado cuando estaba destinado en Chile), la ministra consejera Nina Buzzini, el embajador Julio Tealdi, el consejero Fergus Da Rosa (desde que fue sancionado por no trabajar, cuando se desempeñaba en el Líbano, hace tres años, no ha vuelto a hacerlo y cobra sus haberes), el ministro consejero Julio César Cesano y hasta Italo Sordo, ex cónsul general en San Pablo, responsable de ilícitos graves para el que el Senado no dio venia de destitución ni el Poder Ejecutivo denunció ante la Justicia Penal.

El embajador José Alzamora y el ministro consejero Alberto Voss Rubio serán nombrados cónsules generales en importantes destinos como forma de eludir la venia del Senado.

Luz verde al blanqueo

Un embajador y un alto jerarca del gobierno señalaron a LA REPUBLICA que «la Cancillería tiene el triste privilegio de acumular casos de corrupción sin que se adopten medidas correctivas y se proceda además a reparar al Estado por los daños patrimoniales causados».

Como prueba de sus afirmaciones hicieron entrega de varios documentos, entre ellos los relativos al ex embajador Luis María de Posadas Montero, responsable de graves irregularidades cuando se desempeñaba como embajador en Gran Bretaña.

Hermano del dirigente herrerista Ignacio de Posadas Montero, falleció sin haber reintegrado nunca al Estado la suma de 75 mil dólares en la que se estimó el daño que causara.