Fiscal pidió procesamiento  de Arana, Muñoz y Rosselli

El fiscal Diego Pérez solicitó ayer el procesamiento con prisión del ex intendente de Montevideo, Mariano Arana, la ex secretaria general de la Intendencia de Montevideo, María Julia Muñoz, y el ex director de la División de Promoción Económica de la IM, Alberto Rosselli, por irregularidades constatadas en la gestión de los Casinos Municipales durante el período 2000-2005.

El representante del Ministerio Público analizó el voluminoso expediente por las irregularidades en las salas de juego de la comuna, tras lo cual emitió un extenso dictamen (100 carillas), reclamando la responsabilidad de las ex jerarquías de la IM en los ilícitos. El fiscal Pérez solicitó el procesamiento de los tres ex jerarcas por los delitos de «fraude», «concusión» (coimas) y «abuso innominado de funciones», según indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.

La Justicia indagaba la responsabilidad de las ex jerarquías de la comuna desde mediados de 2007, en virtud de las denuncias presentadas por el ex edil del Partido Colorado, César García. El ex curul presentó la denuncia penal ante la divulgación en el semanario «Brecha» de presuntos actos ilícitos en las salas de juego de la comuna.

La jueza penal de 6º Turno, Fanny Canessa, inició la indagatoria y en diciembre de 2007 dispuso el procesamiento con prisión del ex director de los Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa, sus asesores Orestes González y José Luis Antúnez, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario de la división Casinos de la Intendencia, Gustavo Dalmonte. Ahora, el fiscal Diego Pérez solicita el procesamiento de Arana, Muñoz y Rosselli.

Arana, arquitecto de profesión, fue intendente de Montevideo entre 1995-2005, retirándose con un alto nivel de popularidad entre la ciudadanía, tras lo cual fue designado ministro de Vivienda durante el primer gobierno del Frente Amplio. La doctora María Julia Muñoz, en tanto, fue jerarca comunal desde la asunción del FA en Montevideo y nueve años secretaria general de la comuna, tras lo cual fue ministra de Salud Pública durante el gobierno de Vázquez. Rosselli, por su parte, también ocupó cargos de relevancia en la Intendencia y el gobierno nacional frentista.

 

Lenta indagatoria

La indagatoria penal por las irregularidades en los Casinos Municipales estuvo plagada de idas y vueltas, entre ellas, el extravío del expediente y cambios en la titularidad de la Fiscalía Penal de 3º Turno, tras la renuncia de su titular, la ex fiscal Olga Carballo.

La designación de Diego Pérez implicó un relanzamiento de la indagatoria y la citación de unos 60 testigos, así como el desarrollo de careos entre Bengoa y las ex jerarquías comunales, Arana y Muñoz. La instancia determinó que todas las partes mantuvieran su postura: las ex jerarquías de la comuna negaron tener cualquier tipo de injerencia en la definición de los porcentajes de ganancias para los privados tras el cambio de sistema de explotación de las máquinas slots, como adujera Bengoa.

La tramitación de toda la prueba derivó en el pronunciamiento del fiscal Pérez sobre la responsabilidad de Bengoa. El representante del Ministerio Público solicitó, en mayo de 2011, la condena de Bengoa a cinco años y medio de penitenciaría, como responsable de los delitos de «fraude», «concusión» (coimas), «conjunción del interés público y privado» y un delito de «falsificación ideológica por un funcionario público», así como la imposición de una multa de 7.000 unidades reajustables (UR), equivalente a $ 3.638.250.

El fiscal Pérez solicitó además la condena de Orestes González y Antúnez (ex asesores de Bengoa), del empresario Felipe Ruiz y de Gustavo Dalmonte, a penas de entre tres y cinco años de penitenciaría, como partícipes de las maniobras fraudulentas contra las arcas municipales, mediante la modificación del sistema de explotación de máquinas slots. El arrendamiento de slots implicó un beneficio para los inversores privados, señaló el fiscal.

El tenor del pedido de condena contra Bengoa hacía prever un inminente archivo de la indagatoria contra Arana y Muñoz, en virtud de traslucirse un eventual accionar con engaño contra las ex jerarquías comunales (ver recuadro). Sin embargo, el fiscal Pérez (quien tiene bajo su órbita indagatorias como la «Operación Campanita» y otra por presuntos ilícitos de contrabando mediante la utilización del sistema de free shop) decidió solicitar el enjuiciamiento de las ex jerarquías por cuanto a su entender estaban al tanto de las maniobras desarrolladas por Bengoa y los demás imputados, indicaron las fuentes.

En este sentido, allegados al ex intendente Arana y la ex ministra Muñoz catalogaron el pedido de procesamiento como un «soberano disparate», «carente de fundamento jurídico», por cuanto ningún elemento del expediente avala una posible connivencia entre las ex jerarquías comunales y Bengoa en el desarrollo de maniobras presuntamente ilícitas. Ambos ex jerarcas comparecieron, durante toda la indagatoria, en calidad de «testigos», recordaron las fuentes.

La requisitoria de la Fiscalía abre una nueva instancia en el proceso. La jueza Canessa deberá disponer la citación de los imputados, en base al artículo 126 del CPP, para la presentación de los alegatos por parte de la defensa y un eventual pedido de diligenciamiento de nuevas pruebas. Posteriormente, la magistrada elevará los autos para resolución y dictará sentencia.