Jueza resuelve recursos

La jueza civil de 17º Turno, Raquel Landeira, resolverá hoy diversos recursos y excepciones interpuestas contra la demanda civil entablada por el Banco Central del Uruguay (BCU) contra el Grupo Peirano y empresas vinculadas durante los avatares de la crisis financiera de 2002.

En este sentido, la magistrada deberá pronunciarse sobre las excepciones de «incompetencia», «falta de legitimación activa», «falta de legitimación pasiva», «falta de personería», «defecto en el modo de proponer la demanda», «indebida acumulación de pretensiones», «inadecuación de trámite y de las pretensiones» y «prescripción», interpuestas por diversos demandados en el expediente por la entidad bancocentralista.

Las partes rechazaron el 9 de marzo el intento de conciliación propuesto por la jueza Landeira, ante lo cual la magistrada fijó audiencia para «lectura de sentencia» sobre los recursos interpuestos. Cualquiera sea la resolución de la jueza la sentencia será apelada, ante lo cual la misma continuará tramitándose en un Tribunal de Apelaciones en lo Civil. Recién después de eso la jueza podría fijar el objeto del proceso e iniciar el litigio.

La demanda por «daños y perjuicios» fue entablada en 2004 contra el Grupo Peirano y otras empresas relacionadas con su operativa, entre ellas, el Trade & Commerce Bank (TCB), Velox Investment Company, el Banco Alemán (Paraguay), Financiera Guaraní Parapití (Paraguay) y Banco Velox (Argentina). La demanda incluye además a los ex directivos de los bancos liquidados Mario San Cristóbal, Marcelo Guadalupe y Juan Ratti, y al ex presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo Ignacio Rospide, entre otros.

El reclamo supera los 900 millones de dólares y responde al dinero depositado por el BCU en entidades financieras vinculadas al Grupo Peirano, cuya recuperación no fue posible. Algunas de las empresas y personas físicas demandadas acordaron extrajudicialmente con el BCU, por lo cual fueron excluidas del litigio judicial.

En este sentido, el BCU desistió de proseguir la demanda civil contra las empresas Inmobiliaria El Gaucho SA, Náutica Riachuelo SA, Kelki SA, Laguna Azulada SA, Valleciel SA y Belco SA, y contra el empresario Luis Muxi Muñoz, copropietario de Gralado SA, según pudo saber LA REPUBLICA.