Malaquín y la confirmación del 2º vuelo

La credibilidad que el ex represor de Orletti había adquirido tras el hallazgo de Simón Riquelo llevó a investigar, desde LA REPUBLICA, la hipótesis de un «segundo vuelo» de Orletti en el que había sido traída a Montevideo otra veintena de uruguayos secuestrados en Buenos Aires entre setiembre y octubre de aquel 1976.

La denuncia periodística del tema llevó a que una fuente militar uruguaya terminara por confirmar que el 5 de octubre de 1976 otros veintidós uruguayos habían llegado desde Argentina en el Vuelo 511 de TAMU, piloteado por el mayor José Pedro Malaquín, quien al publicarse la información era el propio comandante en jefe de la aviación.

Tres años más se necesitaron para que, finalmente, tras la asunción del presidente Tabaré Vázquez, la Fuerza Aérea Uruguaya reconociera que el «segundo vuelo» había existido y que a los desaparecidos en Argentina había que buscarlos en Uruguay. Lo mismo había ocurrido con otros uruguayos en 1977 y 1978, según se confirmó luego.

El tercer secreto que los militares uruguayos no quieren reconocer, el Ejército en particular, ya no es que torturaron, secuestraron, robaron, se apropiaron de niños y desaparecieron personas. No quieren admitir, ocho años después de encontrado Simón y denunciado el «segundo vuelo», que los desaparecidos tuvieron un destino terrible.

El tercer secreto

La veintena de uruguayos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que vinieron en el «segundo vuelo» de Orletti estuvieron en el centro de torturas 300 Carlos (detrás del Batallón de Infantería 13) hasta diciembre de 1976. Los llamaban «los del ómnibus» porque habían llegado en un micro militar.

El medio centenar de trasladados en 1978, militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), del Partido Comunista Revolucionario (PCR), del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) estuvieron en el centro de torturas de La Tablada a principios de ese año.

Estos setenta uruguayos no murieron «accidentalmente» en la tortura y, «para ocultar el cuerpo del delito», se los hizo desaparecer como ocurrió con otros detenidos en los años de la dictadura. Los traídos de Orletti en 1976 y los trasladados de Quilmes y Banfield en 1978 fueron ejecutados y enterrados, posiblemente, en fosas comunes.

Las Fuerzas Armadas uruguayas no quieren reconocer que miembros de su institución llegaron a cometer semejante crimen de lesa humanidad, con características de genocidio. Por eso, a 25 años de reinstitucionalizado el país, siguen sin dar respuesta a la única pregunta que hacen los familiares de los desaparecidos: ¿Dónde están?