Fiscal pide archivar causa contra un hijo de Vázquez

La Fiscalía solicitó ayer el archivo de la causa por la cual se indagan los negocios entablados entre Uruguay y Venezuela, en el marco del «Fondo Artigas-Bolívar». La denuncia presentada por el ex diputado Washington Abdala será analizada por el juez penal de 3er turno Sergio Torres, a partir del lunes.

El fiscal Juan Gómez solicitó ayer el archivo de la indagatoria por los negocios entablados entre Uruguay y Venezuela, en el marco del «Fondo Artigas-Bolívar», al considerar que «no existen elementos de convicción suficientes» para imputarle ningún tipo de responsabilidad penal a los denunciados en el proceso, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. El dictamen del representante del Ministerio Público, de unas 20 carillas, hace un racconto de los hechos denunciados y una valoración sobre la prueba aportada por los denunciantes y recabada durante la instrucción, concluyendo la inexistencia de mérito para concretar imputación penal, dijeron las fuentes.

El «Fondo Artigas-Bolívar» fue un fideicomiso creado por Uruguay y Venezuela con el objetivo de profundizar los vínculos comerciales entre ambos países, en base al dinero pagado por el Estado uruguayo al país caribeño para amortizar las compras de petróleo. El fondo implicaba negocios en diversas áreas, pero los principales se sustanciaron en materia de software, casas prefabricadas y ganado Holando en pie.

La información difundida en los semanarios «Búsqueda» y «Brecha» implicó que el ex diputado colorado Washington Abdala interpusiera una denuncia penal, ante la sospecha de una participación irregular de Javier Vázquez, hijo del presidente de la República, Tabaré Vázquez, en los negocios de software.

El hijo del presidente habría mediado como gestor de la empresa Artech en la venta de tecnología Genexus a la corporación estatal venezolana de Guayana-Telecom. El negocio absorbió gran parte del presupuesto del fideicomiso, superando los 50 millones de dólares.

En este sentido, uno de los principales testigos del legislador colorado era el contador Eduardo Gómez Canon, quien aseguraba ser el ideario de los contactos entre la empresa estatal venezolana y un operador privado de software uruguayo.

Gómez Canon se presentaba como director ejecutivo de la empresa de software High Tech Consultores Asociados, supuestamente dedicada hace más de 10 años a la promoción en el exterior de empresas uruguayas de software y tecnología. Posteriormente, los empresarios presuntamente involucrados en la maniobra ilegal, entre ellos Vázquez y Nicolás Jodal, denunciaron al contador Gómez Canon por «extorsión» y «amenazas» por solicitarles 4 millones de dólares por no declarar en la causa. Gómez Canon se suicidó en Punta del Este tiempo después.

 

«NO HUBO VIOLACION NORMATIVA»

El abogado Jorge Barrera, patrocinante de Javier Vázquez, se enteró del dictamen fiscal «por trascendidos», por lo cual prefirió no realizar mayores comentarios, pero estimó que el mismo debería manejar argumentos similares a los expuestos por las defensas durante el proceso.

«Sin haber leído el dictamen fiscal, al cual todavía no tuvimos acceso, estimo que las conclusiones que surgen de la vista fiscal son la postura que hemos defendido durante todo el transcurso del expediente: en materia penal no se debe analizar si los hechos son convenientes o inconvenientes, buenos o malos, sino si se ajustan a las normas de derecho», expresó Barrera en diálogo con LA REPUBLICA.

«La Justicia penal lo que establece es si la conducta de los denunciados se ajusta o no a las normas de derecho penal, y era claro que en este caso no hubo violación de las mismas, más allá de que se puede libremente discrepar o no discrepar con la conveniencia del asunto». «En concreto, siempre hemos defendido que no había en esta causa ningún elemento de responsabilidad penal para nuestro cliente», expresó Barrera.