Denuncia penal contra la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) por asesinato de Rodríguez Muela

Familiares del estudiante Santiago Rodríguez Muela, asesinado en el Liceo Nº 8 en agosto de 1972, presentaron una denuncia penal contra el mayor (r) Enrique Mangini, un grupo de integrantes de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), los mandos civiles, militares y policiales del gobierno de Juan María Bordaberry y otros eventuales responsables en el crimen.

La denuncia, que por primera vez implica a la JUP en crímenes de lesa humanidad antes de la dictadura, fue efectuada por María Pura Concepción Muela, tía del estudiante, bajo el patrocinio de la abogada Pilar Elhordoy, y recayó en el juzgado penal de 8º Turno a cargo de la jueza Graciela Eustachio, quien tuvo a su cargo el caso del Escuadrón de la Muerte.

Nelson Santiago Rodríguez Muela fue asesinado de un balazo en la noche del 11 de agosto de 1972 por una patota de la JUP encabezada por Enrique Mangini e integrada por Claro Monalli, Ricardo Druillet, Haroldo Rosso, Homero Corbo, Wilfredo De Bellis, Juan Llugdar, Osvaldo Lencina, Milton Fernández y Juan Díaz Do Santos.

Siete de los miembros de esa patota de la JUP eran entonces mayores de edad y terminaron procesados por atentado a la propiedad privada debido al asalto que realizaron contra el centro docente, pero el caso del homicidio de Rodríguez Muela que entonces estuvo a cargo del juez Milton Cairoli fue archivado, sin perjuicio, hasta la actualidad.

La denuncia también implica al empresario Miguel Sofía y otros mandos de la JUP que, según la hipótesis de los denunciantes, tenía una conexión con los propios escuadrones de la muerte que en esos días fueron responsables de ejecuciones y desapariciones forzadas de personas, según sentencia que la propia jueza Eustachio formuló recientemente.

 

La JUP y el Escuadrón

El escrito subraya que en esa fecha ni los civiles ni los mandos militares y policiales están amparados en la Ley de Caducidad, y según abundante bibliografía ya se estaban cometiendo actos de terrorismo de Estado, por lo que el asesinato de Rodríguez Muela es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible y de irrenunciable juzgamiento.

Los denunciantes recuerdan que en esos días se sucedían los operativos antisubversivos por parte de las denominadas Fuerzas Conjuntas, a la vez que se registraban ataques del Escuadrón de la Muerte, y que en 1972, también se sucedieron ataques y copamientos a liceos por parte de la JUP y otras organizaciones estudiantiles de ultraderecha.

Entre la prueba presentada se incluye el testimonio de la historiadora Clara Aldrighi ante el Juzgado Penal de 19º turno, en una causa contra la prensa, donde subrayó la coincidencia de personas vinculadas al Escuadrón de la Muerte y a la JUP, a quienes calificó como «dos niveles de un mismo diseño subversivo y desestabilizador de las instituciones».

«No tengo la menor duda de que detrás de ambas organizaciones estaba el apoyo del Estado uruguayo, concretamente de su Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia», había afirmado Aldrighi en un juicio que el propio mayor Mangini había iniciado contra un periodista de LA REPUBLICA.

En LA REPUBLICA se había denunciado a Mangini, quien había aparecido públicamente armado como guardaespaldas del general Iván Paulós en la puerta de un juzgado, como uno de los integrantes de la patota de la JUP que asesino a Rodríguez Muela en el Liceo Nº 8. La causa judicial, en que resurgió el crimen, finalizó con el sobreseimiento del periodista.

 

Una escalada terrorista

Nelson Santiago Rodríguez Muela nació el 4 de octubre de 1947 en el seno de una familia sencilla de trabajadores. Su padre era empleado de Ancap, su madre se dedicaba a las tareas del hogar. Trabajaba en el mismo lugar que su padre, pero era además estudiante del Liceo Nº 8 nocturno. A los 21 años contrajo matrimonio con Susana Escudero.

La doble condición de estudiante y trabajador, ilustra, además de la voluntad de superación y de los imperativos económicos que pesaban sobre aquella pareja, el fuerte compromiso social y político del joven militante, que integraba el Partido Comunista Revolucionarios (PCR), rescata la denuncia penal.

El ataque al Liceo Nº 8 se realizó en el marco de otros atentados de la JUP: el 26 de julio atacan el Liceo 17, el 27 al Liceo Rodó y al Liceo 16, el 2 de agosto sitian el Bauzá, el 7 comienzan ataques en cadena y ocupan el Miranda. El 11 de agosto llegan al Liceo 8 y, a pesar del asesinato, continúan el 26 de agosto en al Liceo Suárez, el Zorrilla y otros, al grito de «Viva Hitler».

Entre abril y agosto de 1972 se concretaron 230 atentados de corte derechista contra liceos, facultades y comités de base del Frente Amplio, donde se dejaron pintadas consignas como «Viva Pacheco, Hitler volverá», firmados por la MNG (Movimiento Nueva Generación), el CREI (Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes) y la JUP (Juventud Uruguaya de Pie).

Precisamente a esas organizaciones pertenecía el grupo de estudiantes que el 11 de agosto ingresó al Liceo Nº 8 armado y asesinó a Rodríguez Muela, según se establece en actuaciones policiales, parlamentarias y judiciales de la época, en las que se evidenció la connivencia de la patota de la JUP y las autoridades a cargo de la llamada «lucha antisubversiva».

 

Crimen de lesa humanidad

Luego de adjuntar una larga lista de testimonios presenciales y calificados sobre el episodio, la denuncia concluye que el homicidio de Rodríguez Muela «integró un plan de represión sistemático contra opositores políticos» que «procuraba, desde antes del 27 de junio de 1973, impedir cualquier manifestación en defensa de la democracia y contra el terrorismo de Estado».

Se afirma que el homicidio «fue cometido por integrantes de la JUP, organización amparada, solventada y estimulada por funcionarios del Estado, aún bajo un gobierno, con apariencia, democrática» y «se procedió, como parte del mismo propósito criminal, a ocultar las pruebas del hecho delictivo y a tergiversar la realidad de lo ocurrido».

«Es en el marco de impunidad que amparó y ampara aún las acciones y omisiones de los delincuentes que promovieron la represión (agresiones, homicidios, torturas, desapariciones, privaciones de libertad, etc.) como práctica sistemática de violación a los derechos humanos que se inscribe el homicidio de Nelson Santiago Rodríguez Muela», se declara.

Entre la prueba testimonial se cita a María Muela, Graziela Rodríguez, Clara Aldrighi, el periodista de LA REPUBLICA que suscribe José Rosadilla, Susana Escudero, Júpiter Irigoyen, José Korseniak, y el ex juez Milton Cairoli; a la vez que se imputa como indagados a Miguel Sofía y la patota de la JUP identificada en el asesinato de Rodríguez Muela.

También se requiere como indagados al ex presidente Juan María Bordaberry, al entonces jefe del Esmaco, general (r) Gregorio Alvarez y al entonces ministro de Educación, Dr. Julio María Sanguinetti, a la vez que se solicita el pedido de informes al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.