"Libertad" para Gavazzo y la OCOA

El traslado a una cárcel común de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad que se encuentran detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ubicada en el viejo Batallón de Ingenieros Nº 7 de la calle Domingo Arena, comienza a ser un reclamo de la sociedad civil, los fiscales y los abogados defensores de los derechos humanos.

En las cadenas de correo electrónico viene circulando un email anónimo que muestra una foto del coronel José Nino Gavazzo, con la leyenda: «Gavazzo en Libertad ya!», y a continuación muestra una imagen de la entrada del penal de Libertad con un aclaratorio texto entre paréntesis: «El Penal».

El reclamo refleja una situación que ya se procesa en Argentina, donde buena parte de los militares y policías detenidos por crímenes de lesa humanidad han comenzado a ser trasladados a cárceles comunes sin los privilegios que los represores de la dictadura de ese país tenían en las unidades militares donde cumplían su prisión.

En Uruguay, las condiciones de reclusión de una docena de militares y policías sentenciados, procesados o detenidos para su extradición es una excepción de la realidad carcelaria del país, que fuera denunciada este año por el austríaco Manfred Nowak, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura.

Desde el 23 de diciembre de 2006, cuando cinco militares y dos policías inauguraron la cárcel especial, cuya construcción tuvo un cuestionado costo de 400 mil dólares, no han cesado las denuncias sobre sus privilegios, los «escraches» de organizaciones de derechos humanos y la polémica sobre los «operativos» que realizan desde la prisión.

LA REPUBLICA consultó a los abogados denunciantes Hebe Martínez Burlé, Pilar Elhordoy, Jorge Pan, Oscar López Goldaracena y Guillermo Paysee, y a las fiscales Mirtha Guianze y Ana María Telechea, quienes con distintos argumentos se pronunciaron unánimemente a favor del traslado de los militares a prisiones comunes.

Una resolución al respecto correspondería al director nacional de Cárceles, Jorge Szacz, dependiente del Ministerio del Interior en el que hoy asume Jorge Bruni, aunque en el escenario de las organizaciones de derechos humanos se considera que semejante decisión «política» sólo sería tomada en las más altas esferas del Poder Ejecutivo.

 

Cóndores y buitres

Los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge «Pajarito» Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez fueron sentenciados por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a una pena de 25 años de penitenciaria como autores responsables de 28 delitos de homicidio («Segundo vuelo») muy especialmente agravados en reiteración real.

El coronel Luis Maurente y los policías Ricardo «Conejo» Medina y José Sande Lima fueron sentenciados a 20 años de penitenciaria, también como autores responsables de esos 28 homicidios, mientras que el soldado Ernesto «Drácula» Soca se mantiene en arresto preventivo tras la extradición a Argentina otorgada por la jueza Fanny Canessa.

También se encuentra bajo prisión administrativa el coronel Carlos Calcagno, quien fue requerido en extradición desde Paraguay por la desaparición de Federico Tatter y tiene una causa abierta en Uruguay por el traslado ilegal de los desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.

Por su parte, el coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, detenido en la Base de Boiso Lanza, fue liberado cuando se rechazó una solicitud de extradición a Argentina y en tanto no se formaliza el procesamiento que la fiscal Guianze ha pedido sobre su persona por su papel en la coordinación del llamado «segundo vuelo» de Orletti.

Al inicial grupo de represores, se sumaron un año después el dictador general Gregorio «Goyo» Alvarez, y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, imputados por delitos de «desaparición forzada» («Terceros traslados») que un Tribunal de Apelaciones terminó por tipificar como «reiterados delitos de homicidio especialmente agravados».

Todos los represores fueron derivados a la cárcel de la calle Domingo Arena, salvo el coronel Ramas, quien ha logrado mantenerse internado en el Hospital Militar desde donde se ha transformado en un colaborador habitual de la sección «Carta de los lectores» del semanario Búsqueda y de la web que los defiende en www.envozalta.net.

Similar excarcelación ha logrado el dictador Juan María Bordaberry, quien condenado por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw y procesado por otros 11 homicidios, continúa con el beneficio del arresto domiciliario en la finca de su hijo Pedro, candidato presidencial del Partido Colorado.

Sólo el ex canciller Juan Carlos Blanco, procesado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y por el homicidio de Zelmar y Toba, en su condición de civil, se mantiene recluido junto a otros presos comunes en la Cárcel Central ubicada en los sótanos de la Jefatura de Policía de Montevideo en San José y Yi.

 

Jaula del escándalo

Crear la Unidad Penitenciaria Nº 8 estaba previsto desde 2004, bajo el comando del general Santiago Pomoli, cuando ya existía sobrepoblación carcelaria y el Ministerio de Defensa estudió unificar unidades militares y desafectar otras, como el Batallón de Ingenieros Nº 7, el Batallón de Caballería Nº 9 y el predio de Punta de Rieles.

La construcción de la obra generó polémicas y denuncias cuando la Auditoria Interna de la Nación (AIN) señaló irregularidades en los fondos utilizados para la nueva cárcel, cuyo origen no quedaba claro si correspondía a fondos del Ministerio de Defensa Nacional o a dineros recibidos por las misiones de paz para Naciones Unidas.

El traslado de los primeros represores a Domingo Arena se concretó antes de fin de año de 2006 y en un importante operativo policial, bajo extremas medidas de seguridad, luego de que se produjera la breve fuga del coronel Gilberto Vázquez, quien escapó del Hospital Militar cuando se le realizaba un estudio médico.

La cárcel especial para militares represores de la dictadura ha sido desde entonces centro de noticias y polémicas, como la que protagonizó el coronel Jorge «Pajarito» Silveira, quien inició una huelga de hambre y terminó recibiendo la confesión por parte del propio arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno.

En un ataque de depresión, el mismo día que debía declarar ante el juez Juan Carlos Fernández Lecchini por la desaparición de Elena Quinteros, el «Pajarito» Silveira habría acusado a su camarada de armas Gavazzo del asesinato de la maestra secuestrada de la embajada de Venezuela. Sin embargo, luego se retractó en una declaración pública.

Las instalaciones de Domingo Arena 4399 también fueron escenario de otro escándalo cuando la guardia policial interceptó material informático que la hija del policía Ricardo Medina intentaba ingresar al local y se descubrió un operativo de contrainteligencia que los ex agentes estaban realizando desde la propia cárcel.

Una investigación judicial descubrió que Nancy Medina llevaba CD con información secreta de personalidades judiciales y políticas que los militares procesaban en cuatro computadoras personales desde las que sacaban información al exterior para efectuar operativos de «enchastre» a través de publicaciones e Internet.