Tres empresas de los narcolavadores del Cártel de Juárez tienen sede en el estudio del escribano uruguayo Javier Morassi y están activas

Tiene cola de gato, ojos de gato, piel de gato, uñas de gato, pero no es gato: es escribano. Y lo demuestra la información obtenida por LA REPUBLICA en fuentes de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social. Al 28 de noviembre del año pasado, cuando hacía ya ocho meses que había estallado el escándalo provocado por el actual presidente de la SIP, Danilo Arbilla, y que terminó con el cese del director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, tres sociedades anónimas que adquirieron propiedades en Uruguay con dinero del narcotráfico continuaban activas y tenían domicilio en Zabala 1312 oficina 403, donde también se encuentra el estudio del escribano Javier Morassi.

Esta información adquiere particular relevancia al momento en que también el Senado de los EEUU acaba de dar a conocer el resultado de una investigación que involucra a la financiera Mercado Abierto, propiedad del financista Aldo Ducler, asesor del senador Palito Ortega, en actividades de lavado de dinero de los narcotraficantes del Cártel de Juárez.

Según publicó ayer el diario Clarín el informe dice que Mercado Abierto «lavaría dinero procedente del narcotráfico». Esta entidad en la Argentina está acusada de haber lavado dinero del Cártel mexicano de Juárez. La entidad off shore de Mercado Abierto habría canalizado plata de la droga (drug money)».

El prestigioso diario argentino sostiene que «una investigación del Senado norteamericano sobre lavado de dinero, dada a conocer ayer (por el lunes), incluye a dos entidades vinculadas a bancos argentinos. Ella son: el ex Banco República, liquidado en abril de 1999, propiedad de Raúl Moneta, y Mercado Abierto, de Aldo Ducler. Moneta es un banquero estrechamente ligado al menemismo y Ducler fue asesor del senador Palito Ortega.

Según el informe realizado bajo la dirección del senador demócrata Carl Levin, el Banco República operaba en triangulación con el Federal Bank, un banco de las Bahamas. Y el banco que oficiaba de corresponsal con muchos de sus negocios en Estados Unidos era el Citibank. Mercado Abierto, siempre según el informe, tenía sede en las islas Cayman, y aunque declaraba sucursales en Uruguay, en realidad operaba en la Argentina. Sus bancos corresponsales eran el Citibank y la Unión de Bancos Suizos.

De acuerdo a los investigadores de Levin en el caso del Federal Bank, vinculado al ex banco de Moneta, la triangulación servía fundamentalmente para lavar dinero de coimas (Bribe money, según consigna el documento del Senado norteamericano).

Un informe en poder de los investigadores, al que tuvo acceso Clarín, dice que por allí habría pasado por lo menos un millón de las coimas que fueron pagadas en el caso IBM-Banco Nación, que como se sabe también pasaron por Uruguay, al igual que ocurrió con la de la venta de armas a Croacia y otros varios hechos de corrupción menemista.

La investigación incluye un total de 12 bancos que dividen en tres categorías: los bancos off shore, con licencias limitadas a transacciones con clientes de fuera de su jurisdicción, los bancos autorizados y regulados con controles débiles de lavado de dinero y los «shell banks», o bancos pantalla, «difíciles de monitorear por el secreto de sus operaciones sin presencia física de ninguna jurisdicción».

Tanto el Federal Bank como el MA Bank (el nombre de la sociedad de Mercado Abierto en Cayman) están considerados como bancos pantalla: «Los dos casos con conexiones en la Argentina son muy complicados y es por eso que el informe que divulgamos no incluye los detalles de lo que descubrimos al respecto», dijo a Clarín uno de los investigadores de Carl Levin que pidió no ser identificado. «Hemos decidido que daremos a conocer un informe completo sobre estos dos bancos durante una audiencia. Sería la primera semana de marzo en el Subcomité de Investigaciones permanente del Senado que fue el que realizó las investigaciones y contará con testigos. «Muy probablemente serán convocados argentinos, pero todavía no hay nada decidido», dijo.

 

La investigación en Uruguay

El 9 de junio pasado una nota de la periodista María Urruzola, publicada en el semanario Brecha, desató un escándalo de proporciones que terminó con la destitución del director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, quien anteriormente se había desempeñado como director de la Dirección Antidrogas. Rivero había metido el dedo en una llaga enorme de este Uruguay que vinculaba a poderosos empresarios, figuras conocidas, políticos y, en los hechos, al sistema financiero sospechado de ser un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico y coimas. La respuesta del sistema no se hizo esperar. Había que salvar a Danilo Arbilla, un periodista mimado del poder; había que salvar al sistema financiero que estaba en la mira del GAFI a punto de incluir a Uruguay en la nómina de paraísos fiscales; y también había que salvar a algunos políticos que participaron, aunque más no sea como profesionales, en las maniobras que provocaron este desastre.

En términos populares, Rivero fue «la cabeza de turco» y pagó cara su osadía de intentar una investigación «pesada» hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué policía se animaría a futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes? Cuando en marzo pasado «manos amigas» hicieron llegar a Arbilla un oficio policial que lo involucraba, Rivero intentó demostrar que las líneas de investigación que seguía eran sólidas. Pero entonces, el ministro del Interior Guillermo Stirling, que primero lo calificó como un excelente policía y a la semana como un terrorista de Estado, le negó la posibilidad de seguir adelante.

En junio, ya fuera de la Policía, Rivero presentó la denuncia en la sede penal de 4º Turno de Maldonado a cargo de la jueza Fanny Canessa. Pero la investigación está detenida por razones absurdas. Para seguir adelante, la jueza de Maldonado necesita la respuesta a un oficio que enviara al juez argentino Rodolfo Canicoba del Corral, quien lleva la causa contra el Cártel de Juárez en ese país. Pero a su vez el magistrado argentino no responde porque tampoco recibió respuesta desde Uruguay a un oficio dirigido a través de la Cancillería a la oficina de Asuntos Legales reclamando información sobre varias empresas de los lavadores y traficantes.

El 22 de agosto del año pasado el embajador argentino en nuestro país, Juan Manuel Casella, entregó al ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, el exhorto de Canicoba que hace referencia a la causa que se iniciara el día 24 de noviembre del año 1999 por una denuncia formulada por Jorge Luis Olivares en representación de los Estados Unidos de México, «cuya investigación se halla circunscripta al lavado de dinero producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, delito previsto en nuestra legislación penal en el artículo 25 de la Ley 23.737 en la que se hallarían involucrados ciudadanos argentinos, entre los que cabe mencionar a Aldo Luis Ducler, Héctor L. Scacerra, Miguel E. Iribarne. Rodolfo E. Godar, Nicolás Antonio Di Tullio, Nicolás Antonio Di Tullio, quienes habrían actuado como intermediarios y/o testaferros de ciudadanos mexicanos vinculados al ‘Cártel de Juárez’, posibilitando la entrada al circuito económico nacional de dinero espurio producto del comercio de estupefacientes, por intermedio de ‘Mercado Abierto SA’, y a la compra de diferentes bienes inmuebles en la Ciudad de Mar del Plata y Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires)».

El magistrado argentino solicita a Uruguay «se sirva arbitrar los medios necesarios a fin de indicar el magistrado interviniente en las actuaciones incoadas
a raíz de las maniobras, más precisamente la colocación de activos en esa plaza financiera, llevados a cabo en ese país por integrantes del denominado «Cártel de Juárez»; obtener copia certificada de los motivos que fundamentaron la Orden de Detención emanada por la Autoridad Judicial competente de las siguientes personas: Arturo Hernández, Raimundo Hernández Cárdenas, Osvaldo Barsi, Salvador Quirarte y Augusto César Dabini; y copias certificados de los Estatutos Sociales, datos identificatorios de los directivos, accionistas e integrantes, copias de balances presentados de las empresas radicadas en ese país y que a continuación se detallan: «Euroamerica Finance NV», con domicilio en Paraguay Nº 1287 y Juncal Nº 1327; ambos de la ciudad de Montevideo, Uruguay; «Inversora Taminur SA» o «Inversora Talimur SA» con domicilio en Paraguay 1341, 11º piso, Montevideo, Uruguay, e inscripta en el Registro Público de Comercio de ese país el 19/5/97, bajo el número 1258, Folio Nº 1884; Libro Z; y «Financiera Estarey SA», con domicilio en Colonia 981, Apartamento 305, Montevideo, Uruguay. Por último, hágole saber que la información requerida a Ud. es de vital importancia en la investigación que llevo adelante por los hechos informados, toda vez que la misma podría probar la vinculación del delito investigado en autos, con las actividades de lavado de dinero producto del comercio de estupefacientes ejecutadas por la organización «Cártel de Juárez» de México, por intermedio de giros bancarios originados en el Banco Citibank NA de New York, hacia la Argentina, por intermedio de la financiera Mercado Abierto SA»

Recientemente oficiales del «Custom Service» (la oficina de Aduanas de los EEUU) estuvieron en Uruguay intentando destrabar algunos problemas, ante la inminente aparición del informe del Senado de su país. La impresión que se llevaron sobre la actitud de cooperación uruguaya no fue la mejor, según confirmaron fuentes oficiales que los contactaron.

 

Las empresas están funcionando

La documentación en poder de LA REPUBLICA establece que al 28 de noviembre pasado, Tamilur SA e Idafal SA estaban activas, en tanto que Sasur SA lo estaba al 15 de junio de 2000. Las fechas son un dato relevante porque el escándalo que también involucraba al escribano Morassi era de su conocimiento por lo menos desde marzo del mismo año cuando Arbilla inició sus «gestiones» ante el vicepresidente de la República y el ministro del Interior.

A diferencia de lo que cree el juez Canicoba, la Inversora Tamilur SA no está en la calle Paraguay 1341, sino en otra oficina más vulnerable a los intereses de los poderosos que han pretendido esconder esta historia: el estudio del escribano Javier Morassi, notario de Danilo Arbilla en la operación de venta del chalet Holiday y en otras oportunidades. Tamilur SA inició sus actividades el 10 de diciembre de 1996; tiene domicilio en la calle Zabala 1312 apto. 403 de la ciudad de Montevideo y su número de contribuyente es 213633210018. Su giro principal es: casa y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de marcas y patentes. Hasta el 1 de diciembre de 1998 los socios fueron: Marta Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde esa fecha hasta el día de hoy el presidente es Jaime Martínez Ayon, sindicado como el representante en Argentina de Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Para el BPS la empresa estaba activa al 28 de noviembre de 2000.

Martínez Ayon, el hombre del Cártel de Juárez también preside Sasur SA, la sociedad que adquirió el chalet Holiday, la casa de Danilo Arbilla en Punta del Este. Sasur SA también tiene como dirección el estudio del escribano Morassi; su número de RUC es 213612610017 e inició actividades el 20 de noviembre de 1996. Además de Martínez Ayon, figuran como socios Nicolás Di Tullio, Mirta Beatriz Llera, Marta Otero Bergonzoni y Judith Viera. Como se verá, estas dos últimas también figuraban en Tamilur SA.

Pero además también integraron el directorio de Idafal SA, domiciliada en el estudio de Morassi y en Paraje Las Bolas, 4ª sección del departamento de Flores, padrón 4057; su RUC es 213643990016 y el registro al BPS es 3634438. Su giro es: cría de ganado, aves, conejos, abejas y productos derivados. El directorio lo integraron Otero y Viera entre el 20/12/96 y el 28/9/98; luego queda solo Mirta Beatriz Llera entre el 28/9/98 y el 20/9/99 y finalmente desde el 20/9/99 hasta hoy la preside Raúl Oscar Marinone, un veterinario de Mar de Plata estrechamente vinculado a Di Tullio.

Finalmente, por si el juez Canicoba del Corral llega a leer esta edición de LA REPUBLICA le queremos informar que la Financiera Estarey tiene domicilio en Colonia 981 apto. 305; fue constituida el 3 de abril de 1995 para girar en el ramo de casas y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de marcas y patentes. Su número de RUC es 213288610010 y el registro al BPS es el 3589060. Desde su inicio hasta el 11 de junio de 1997 los directores fueron (¡oh casualidad!) Martha Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde entonces hasta hoy el presidente es Nicolás Di Tullio. Para la DGI, la empresa está «activa».