Informe sobre la administración  Hackenbruch pasará a la Justicia

Los integrantes de la comisión investigadora presentaron ayer al intendente de Canelones, Marcos Carámbula, el informe elaborado luego de más de dos años de trabajo.

Las conclusiones del mismo, al que tuvo acceso LA REPUBLICA, señalan entre las presuntas irregularidades constatadas en la anterior administración (2000-2005) delito de fraude, conjunción del interés personal y público, abuso de funciones y revelación de secretos.

El presidente de la comisión investigadora, edil Erroll Gonella (Frente Amplio), señaló a LA REPUBLICA que todos los documentos recabados y los hechos constatados a través de funcionarios municipales serán denunciados la próxima semana a la Justicia Penal en forma genérica, para que sea el Poder Judicial quien defina eventuales culpabilidades y delitos.

Carámbula recibió el informe y aseguró a los ediles que luego de ser analizado se tomarán las acciones correspondientes. «Este informe explica la situación que nosotros hemos heredado, situación que por cierto sigue generando dificultades a la comuna porque debemos afrontar permanentemente las deudas con los organismos del Estado», señaló Carámbula luego de la reunión. Se estima que la deuda de la comuna canaria asciende a los US$ 100 millones.

Gonella recordó que la actual administración radicó al comienzo de su gestión una denuncia penal por las irregularidades en la administración municipal 2000-2005. Además, se espera que en las próximas semanas culmine una serie de sumarios realizados a municipales, solicitando la destitución de los funcionarios.

Entre las irregularidades comprobadas, Gonella afirmó que se comprobó la existencia de «decenas» de personas que pese a no tener «ningún vínculo con la Intendencia de Canelones cobraban un sueldo», los famosos «ñoquis». El edil frenteamplista explicó que estas personas «cobraban mediante un oficio que expedía la Secretaría General a la dirección de Hacienda».

Además, la comisión constató irregularidades en la dirección de Hacienda, que emitía conformes como forma de pago de distintas obligaciones, evadiendo los procedimientos necesarios para saldar las deudas públicas. El informe de la investigadora detalla que los juicios promovidos «contra la comuna por concepto de conformes impagos ascienden a la fecha aproximadamente US$ 15.450.000″.

Gonella calificó el anterior período municipal como un «caos organizado», y aunque parezca una expresión contradictoria, la explicó con declaraciones del ex secretario general de la IMC, Daniel Lamela, a la comisión investigadora, quien, admitiendo las irregularidades, caracterizó a su propia administración de «medieval», y agregó: «Esos problemas de gestión después dan pie o sirven de caldo de cultivo para otras cosas y abusos. Eso es más viejo que… ‘a río revuelto, ganancia de pescador'».