Un mes antes de morir, Goulart debió renunciar al asilo político en Uruguay

Un mes antes de morir, el derrocado presidente de Brasil, Joao Goulart, se vio obligado a renunciar a su condición de asilado político en Uruguay para conseguir una residencia formal en el país, que la dictadura no le habría otorgado, y debió viajar a Argentina donde se produjo su sospechoso deceso.

Un documento desclasificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay evidencia que «Jango» tuvo problemas de documentación que pueden compararse con los que sufrieron Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y el general chileno Carlos Prats antes de ser asesinados, también en Argentina.

El documento recuperado en la Cancillería uruguaya fue entregado hace un mes por el ministro Gonzalo Fernández al activista en derechos humanos brasileño Jair Krischke, quien junto a la familia Goulart había solicitado a Uruguay toda la documentación existente sobre el presidente exiliado.

El material desclasificado, parte de un voluminoso paquete de documentos que no incluye archivos ni del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Defensa, genera ahora nuevas suspicacias sobre cómo murió «Jango» el 6 de diciembre de 1976 en su estancia de Las Mercedes en la provincia de Corrientes.

Desde el año 2002, cuando el ex agente uruguayo Mario Ronald Barreiro Neira declaró a LA REPUBLICA que Goulart había sido asesinado en el marco del Plan Cóndor, a pedido de la dictadura brasileña y luego de un intenso seguimiento en Uruguay, el episodio de su muerte está siendo revisado.

 

El anzuelo

El trámite por el que Goulart perdió su condición de asilado en Uruguay había comenzado el 5 de diciembre de 1975, cuando el dictatorial Ministerio del Interior inició un expediente ante la Cancillería porque Goulart viajaba al exterior y regresaba a Uruguay aprovechando su estatus de refugiado político.

Fue entonces que se desarchivó un viejo expediente, fechado el 28 de febrero de 1972, en el que el juez penal de 18º turno había informado al presidente Jorge Pacheco Areco que desde Brasil llegó un exhorto por el que se requería al ex mandatario en un juicio iniciado en su país.

Esa requisitoria había llegado al asesor letrado del gobierno, doctor González Lapeyre, quien el 27 de febrero de 1975 opinó que había que informar de los obrados al propio Joao Goulart para que decidiera si renunciaba a su condición de asilado político para que se le otorgara la residencia definitiva.

Aquel 5 de diciembre de 1975, el asesor letrado de la cancillería, doctor Juan Carlos Laurido, labró un rápido expediente para que Goulart se pronunciara sobre su renuncia al asilo político y como en varias citaciones no se ubicó al asilado se derivó nuevamente el caso al Ministerio del Interior.

El trámite se habría terminado por constituir en un cerco para Goulart, quien para salir e ingresar libremente de Uruguay debía tramitar su radicación definitiva en el país, pero para lograr ese beneficio tenía que renunciar antes a la condición de asilado político que tenía desde 1964.

 

El desasilo

El 9 de noviembre de 1976, el ciudadano brasileño Joao Belchior Marques Goulart envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, para, según lo requerido, renunciar al asilo político que Uruguay le había dado el 1º de abril de 1964, el día después de ser derrocado en Brasil.

«Al realizar ante esa Secretaría de Estado tal planteamiento, señalo que no me anima otra intención que la de proceder de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, que reclama dicha actitud, como requisito previo y fundamental para solicitar la residencia en esta República», explicaba la solicitud de Jango.

El mismo día, la nota pasó a la Dirección de Política Exterior y en la misma jornada al Departamento Jurídico de la Cancillería, donde el eficiente asesor letrado doctor Juan Carlos Laurido indicó que correspondía a la Presidencia la anulación del asilo y a la Dirección de Migraciones el pedido de residencia.

Ese 9 de noviembre, en su informe Nº 339/976, el asesor Laurido proponía, para que se dejara sin efecto el asilo, un proyecto de resolución que sin modificarse en una coma fue aprobado el 16 de noviembre por el presidente Aparicio Méndez y el canciller interino Guido Michelín Salomón.

Sólo dos días después, el propio Laurido se honraba en enviarle una nota al ministro del Interior, general Hugo Linares Brum, para comunicarle que el ex presidente Joao Goulart ya no contaba con el amparo del asilo político. Jango había quedado totalmente desamparado.

 

El desamparo

El expediente desarchivado por la actual Cancillería uruguaya no deja entrever cuál fue la consecuencia del informe al Ministerio del Interior, pero resulta curioso que luego del trámite a «Jango» no se le otorgara la residencia definitiva y tuviera que abandonar el país.

Goulart viajó a Buenos Aires, donde se alojó en el mismo Hotel Liberty en el que tantas veces había compartido hospedaje con su amigo Zelmar Michelini, luego viajó a su estancia en Las Mercedes, Corrientes, donde se produjo su muerte, tres días antes de que se cumpliera un mes de su pedido de desasilo.

En mayo de ese mismo 1976, el propio Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz también habían quedado desamparados, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay se negó a renovarles el pasaporte. Ambos fueron secuestrados el 18 de mayo y aparecieron acribillados dos días después.

Algo parecido le había ocurrido dos años antes al chileno ex ministro de Defensa del gobierno socialista de Salvador Allende. El general Carlos Prats, exilado en Argentina, no obtuvo el pasaporte de su país y terminó siendo asesinado por un explosivo en su auto el 30 de setiembre de 1974.

Forzar la condición de indocumentado, parece constituirse en uno de los elementos coincidentes en el «modus operandi» de la coordinación represiva de las dictaduras conocida como Plan Cóndor, a quien ahora comienza a adjudicarse, con más fuerza, la muerte (o el asesinato) de Joao Goulart.