La Justicia encarceló a Bejérez

Melo

El fallo se venía dilatando como consecuencia de que Bejérez había presentado reiterados certificados médicos según los cuales debido a un cuadro de hipertensión no podía concurrir a la sede judicial.

En la pasada jornada y tal cual lo anticipara LA REPUBLICA en forma exclusiva, el magistrado resolvió poner fin a la dilatoria del fallo y en tales circunstancias se constituyó en un sanatorio local donde se encontraba internado Bejérez, procediendo a dictar la contundente sentencia relacionada con el voluminoso expediente.

Desde las primeras horas de la mañana el movimiento en el Juzgado de Melo era inusitado debido a la inminente decisión. Medios locales y nacionales se apostaron frente a la sede aguardando el fallo de García.

El magistrado convocó inicialmente a varios ex jerarcas y funcionarios de la administración Bejérez involucrados también en las maniobras fraudulentas.

Es así que el ex secretario de la comuna y funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas, Luis Bandera, y el funcionario municipal Pedro Del Pino resultaron procesados con prisión como autores responsables de «un delito continuado de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley».

También fue decretado el procesamiento sin prisión de la ex funcionaria Ana María Burgos, como autora responsable de «un delito continuado de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, debiendo afianzar su libertad mediante la constitución de caución juratoria. Impónesele la obligación de presentarse ante la autoridad policial más cercana a su domicilio dos veces por semana».

El juez García procesó sin prisión a Ricardo Olivera como coautor responsable de «un delito continuado de fraude», debiendo afianzar su libertad mediante la constitución de caución juratoria y teniendo que presentarse ante la Policía dos veces por semana durante 90 días.

Por último resultaron procesadas sin prisión Noelly Jannet González y Alicia González como «coautoras responsables de un delito de fraude», debiendo afianzar su libertad mediante la constitución de caución juratoria y presentarse ante la seccional policial más próxima dos veces por semana durante 90 días.

El magistrado dispuso que se libre oficio al Tribunal de Cuentas a efectos de que, de existir, remita copia de informe de auditoría respecto a la Administración de Serafín Bejérez.

Fuentes del Poder Judicial indicaron a LA REPUBLICA que resulta imposible cuantificar el monto de la maniobra realizada por Bejérez durante su breve administración.

Tampoco es posible comprobar el aumento de capital del ex intendente ya que la mayoría de los bienes adquiridos se encontrarían a nombre de su esposa, la diputada Alejandra Rivero. En su momento, desde diversos sectores, incluso del propio Partido Nacional, Bejérez fue acusado de utilizar recursos e infraestructura de la Intendencia a favor de la campaña de la electa legisladora.

La maniobra ahora probada por la Justicia, según surge de la última Rendición de Cuentas llegaría a una suma millonaria, derivada del desvío ilegal de recursos de la Comuna. Precisamente la Junta Departamental acaba de rechazar la mencionada Rendición de Cuentas correspondiente al año 1999, derivándola a la Asamblea General y a la Justicia para su análisis.

Paralelamente las mismas fuentes confiaron que es probable que el juez Carlos García continúe las actuaciones en torno a las denuncias contra la administración Bejérez, no descartándose el procesamiento de otras personas involucradas.

Bejérez asume la jefatura comunal en agosto de 1998, en circunstancias dramáticas para el departamento, tras la muerte del joven ex intendente Villanueva Saravia. Poco más de un año más tarde, en diciembre de 1999, Bejérez debió abandonar el cargo tras decisión unánime de la Corte Electoral que lo inhabilitó al quedar ejecutoriada la sentencia de procesamiento contra el ex jefe comunal. Bejérez fue subrogado por el padre del extinto intendente, Diego Saravia.

La decisión de la Justicia contra el ex jerarca comunal tiene el antecedente inmediato en el tiempo del procesamiento del ex ministro de Economía Enrique Braga, hoy desaparecido, y el de otros dirigentes que ocuparon altos cargos en la administración nacionalista.